Medicamentos: medidas contra el pueblo

Catedr¨¢tico de Derecho del Trabajo.

Decano de la Universidad Aut¨®noma de Madrid

Acaban de entrar en vigor varias disposiciones, de acuerdo con las cuales los beneficiarios de la Seguridad Social, que hasta ahora ven¨ªan abonando cantidades muy reducidas por los medicamentos, seg¨²n una escala que iba de un m¨ªnimo de cinco a un m¨¢ximo de cincuenta pesetas, ver¨¢n fuertemente incrementada su participaci¨®n hasta un 20 % del precio de venta al p¨²blico de los productos farmac¨¦uticos; porcentaje que se elevar¨¢ a un 10 % a partir del 1 de enero de 1979. Son dos las excepciones a este principio. Los pensionistas y los inv¨¢lidos provisionales .continuar¨¢n, como antes, exentos. Para ciertos medicamentos indicados en afecciones cr¨®nicas la participaci¨®n del beneficiario -conocida como ticket moderador- se mantiene en los niveles precedentes.

La gravedad de estas disposiciones contrasta con la falta de una reacci¨®n frente a ellas por parte de las organizaciones que deben asumir la defensa de los beneficiarios. Por ello, y en nuestra condici¨®n de personas dedicadas desde hace tiempo al estudio de la seguridad social, consideramos un deber c¨ªvico denunciar p¨²blicamente la regresividad de estas medidas y su car¨¢cter antisocial.

Con el aumento del ticket moderador se trata de actuar sobre la situaci¨®n particularmente cr¨ªtica que atraviesa la prestaci¨®n farmac¨¦utica, en la Seguridad Social espa?ola. Esa situaci¨®n es conocida, y ha sido claramente diagnosticada, en los propios informes oficiales. La explosi¨®n de costos resulta literalmente impresionante. De 21.473 millones de pesetas en gastos en farmacia, en 1970, se ha pasado a 83.705 millones en 1977, con un incremento del 388 % en s¨®lo siete a?os y un ¨ªndice de participaci¨®n en el gasto total de asistencia sanitaria d el 30 %. Pero esta evoluci¨®n no es explicable por un movimiento natural de los precios en t¨¦rminos de mercado. Por el contrario, se trata, como se ha dicho, de un aut¨¦ntico expolio del patrimonio de la Seguridad Social en beneficio de intereses muy concretos. El dominio de la oferta por un sector productivo controlado por los grandes monopolios transnacionales; la proliferaci¨®n disfuncional de las especialidades ofertadas; la estimulaci¨®n artificial del consumo a trav¨¦s de una sistem¨¢tica manipulaci¨®n publicitaria; la irracionalidad del sector distribuidor y la incapacidad de la Seguridad Social para controlar su demanda como consecuencia del hundimiento de la medicina asistencial primaria, con la consiguiente tendencia a sustituir la intensidad de la atenci¨®n asistencial por la flexibilidad de medicaci¨®n, son las conclusiones un¨¢nimes de cualquier aproximaci¨®n objetiva al problema.

Falacias y regresividad

Esas son tambi¨¦n las causas reales de la crisis sobre las que deb¨ªa haberse actuado en¨¦rgicamente para racionalizar el gasto y detener la explotaci¨®n mercantil del derecho a la salud. Pero hacerlo equival¨ªa a enfrentarse con grupos de intereses muy poderosos. La cuerda ha vuelto a romperse por el hilo m¨¢s flojo. Ser¨¢n los beneficiarios los que pagar¨¢nla impotencia de la pol¨ªtica farmac¨¦utica.

La expansi¨®n del gasto no se frenar¨¢. En realidad no existe apoyatura t¨¦cnica para el llamado ticket moderador. El argumento con el que se quieren justificar las decisiones aludidas, restringir el sobreconsumo innecesario, es una falacia. La demanda de medicamentos es muy r¨ªgida ante variaciones en los precios, precisamente por la importancia que se atribuye socialmente a la salud. Consecuentemente, el enfermo, una vez que le han sido recetados los medicamentos, pagar¨¢ el ticket del veinte o 30 % y no prescindir¨¢ de ellos. Estas razones te¨®ricas han sido venficadas por la experiencia pr¨¢ctica de muchos pa¨ªses, entre ellos Espa?a. Las opiniones de los expertos de la Asociaci¨®n Intemacional de Seguridad Social, de la OIT y del propio INP espa?ol, son, en el mismo sentido, concluyentes. Cabe prever, pues, que, al menos a medio plazo y de forma significativa, el consumo excesivo de medicamentos no se retraer¨¢.

Un conocido especialista, G. Spitaels, ha puesto de relieve la ineficacia del ticket moderador. En B¨¦lgica, el crecimiento de los costos ha sido m¨¢s r¨¢pido en el sector sometido al ticket y al anticipo de gastos por el asegurado; en Holanda, donde la gratuidad es total, los gastos son notablemente inferiores a los de Francia, que tiene el sistema ?moderador? m¨¢s duro de la CEE. Y en la propia Francia, en el r¨¦gimen de los mineros, donde la gratuidad es tambi¨¦n la regla, los costes no s¨®lo son inferiores a los del r¨¦gimen general, sino a los de las personas que no tienen ning¨²n tipo de cobertura social.

La elevaci¨®n de la contribuci¨®n de los asegurados tiene, por consiguiente, un significado puramente recaudatorio. Es una forma indirecta de conseguir financiaci¨®n adicional para la Seguridad Social, que se a?ade a las 3.000 pesetas mensuales que como media pagan los trabajadores espa?oles por asistencia sanitaria al cotizar. El Volumen monetario implicado es muy importante: se espera recaudar en el primer a?o entre 20.000 y 30.000 millones. Es decir, una suma superior a la de algunas de las principales figuras impositivas o al presupuesto de varios ministerios.

Pero esta nueva v¨ªa de financiaci¨®n es regresivia y socialmente indeseable. Su hecho imponible es la enfermedad, no la capacidad de pago. Todos, pobres o ricos, pagar¨¢n lo mismo; luego, en t¨¦rminos de capacidad contributiva, aportar¨¢ m¨¢s quien menos tiene. La elevaci¨®n de la contribuci¨®n por medicamentos incrementa as¨ª el ya notable grado de regresividad de la financiaci¨®n de la Seguridad Social, con el efecto adicional de aumentar la desigualdad ante la enfermedad y eliminar las posibles consecuencias redistributivas de la cotizaci¨®n diferencial a asistencia sanitaria.

Por otra parte, las excepciones parciales previstas en las disposiciones del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social constituyen un ?agravio comparativo? indudable. No se consideran colectivos merecedores de especial protecci¨®n ni los ancianos por serlo, ni los ni?os, ni las mujeres por los tratamientos relacionados con la natalidad; pero tampoco se prev¨¦n bonificaciones para los parados, ni para los trabajadores en incapacidad temporal. La selecci¨®n de marcas de laboratorios determinados, con precios concretos incluidos en la relaci¨®n de medicamentos para afecciones cr¨®nicas, a nadie se le ha explicado.

La elevaci¨®n de la contribuci¨®n por medicamentos tambi¨¦n es una decisi¨®n adoptada antidemocr¨¢ticamente. Se contaba, desde luego, con la habilitaci¨®n formal de la ley 24/1972 y con la cobertura de los pactos de la Moncloa. Pero la instrumentaci¨®n de una medida de esta importancia no puede llevarse a cabo sin un amplio debate nacional y una decisi¨®n del Parlamento sobre su oportunidad y formas concretas de aplicaci¨®n. Los pactos de la Moncloa no alcanzan a justificar esta decisi¨®n. Aunque se admite la posibilidad de la elevaci¨®n, de ellos no puede hacerse una lectura que insista s¨®lo en aspectos aislados y regresivos y olvide la totalidad progresiva; lectura en que parecen haberse especializado ciertas instancias pol¨ªticas.

El debate era y es necesario, como es necesario contar con todos los datos del problema, con una clarificaci¨®n definitiva de las cuentas de la Seguridad Social, con la presencia de trabajadores y empresarios en los ¨®rganos de gobierno de las entidades gestoras...

Nada de esto se ha producido. Los gastos seguir¨¢n creciendo; la regresividad de la Seguridad Social espa?ola crecer¨¢ tambi¨¦n. ?Qui¨¦nes son, por tanto, los beneficiarios de estas medidas? Como en la canci¨®n de Bob Dylan, la respuesta estalla en el viento. Los grandes monopolios transnacionales y ciertos sectores distribuidores pueden estar tranquilos. Las dificultades financieras de la Seguridad Social, que podr¨ªan haber impuesto una reforma en profundidad de la prestaci¨®n farmac¨¦utica, ,Pueden superarse ?more? recaudatorio con el ticket. El margen te¨®rico de plusval¨ªas que obtienen estos grupos y que el Libro blanco de la Seguridad Social fija en 24.997 millones de pesetas, para 1976, puede mantenerse y aumentarse.

En definitiva, es el pueblo quien paga.

Siguen las firmas de J. F¨¦lix Lobo, profesor agregado interino de Estructura Econ¨®mica, Universidad de Oviedo; Ignacio Cruz Roche, profesor agregado de Econom¨ªa, Universidad Aut¨®noma de Madrid; Joaqu¨ªn Verg¨¦s, profesor agregado de Econom¨ªa de la Empresa, Universidad Aut¨®noma de Barcelona, y Aurelio Desdentado Bonete, profesor ayudante de Derecho del Trabajo, Universidad Aut¨®noma de Madrid.