Cinco semanas para resolver el conflicto

La crisis del Ayuntamiento salt¨® inesperadamente el 14 de septiembre, cuando, en un pleno extraordinario, los concejales de UCD abandonaron el sal¨®n de sesiones por haber sido rechazada una enmienda propia a la moci¨®n del alcalde sobre la composici¨®n de las juntas de distrito. En esa enmienda, rechazada con el voto en contra del PSOE y del PCE, UCD quer¨ªa introducir en el decreto la especificaci¨®n de que el n¨²mero de concejales fuera superior al de vecinos en cada junta.El decreto del alcalde dec¨ªa simplemente que los siete vocales de cada junta podr¨ªan ser concejales o vecinos de ?reconocido prestigio?, y dejaba en manos de los tres grupos pol¨ªticos el designar a unos u otros, seg¨²n sus criterios. La argumentaci¨®n ucedista se basaba principalmente en que son los concejales, y no los vecinos, los que ostentan la representaci¨®n del pueblo madrile?o. La ley Especial de Madrid, de 1963, ¨²nico texto legal a este respecto, establec¨ªa que eran siete los vocales, tres concejales (de los tercios familiar, sindical o corporaciones) y tres vecinos, a?adiendo que el nombramiento del presidente deber¨ªa recaer, seg¨²n el criterio del alcalde, en un concejal.

Al no sacar adelante su enmienda, UCD abandon¨® inesperadamente el pleno y dej¨® pendiente la votaci¨®n de los presupuestos extraordinarios de Gerencia. En las dos ocasiones siguientes en que se convoc¨® el pleno extraordinario para aprobar ese punto, los concejales de UCD no asistieron.

Desde entonces empez¨® un sinf¨ªn de negociaciones y contactos cruzados a todos los niveles, en los que participaron, de uno u otro modo, las ejecutivas nacionales de los tres partidos pol¨ªticos. UCD exig¨ªa que se modificase el decreto para volver al sal¨®n de sesiones, y PSOE y PCE, por el contrario, manifestaban que antes de negociar la modificaci¨®n los concejales de UCD deber¨ªan volver.

La direcci¨®n nacional de UCD apoy¨® la postura de sus concejales madrile?os y la amenaza de la estatalizaci¨®n del conflicto estuvo latente durante casi dos semanas. El gobernador civil de Madrid medi¨® en el conflicto, si bien PSOE y PCE desestimaron posteriormente su papel de ¨¢rbitro. En estas circunstancias, y en una reuni¨®n celebrada en el Ayuntamiento el 11 de abril, se lleg¨® al acuerdo inicial, seg¨²n el cual se firmar¨ªan dieciocho decretos, uno por distrito, en los que se establec¨ªa que en cada junta habr¨ªa cuatro concejales (uno de ellos, presidente) y tres vecinos, y que UCD aportar¨ªa mayor n¨²mero de concejales que vecinos en relaci¨®n con el PSOE.

En d¨ªas sucesivos se lleg¨® al acuerdo final, seg¨²n el cual UCD aportar¨ªa 33 concejales y diecinueve vecinos; PSOE, veintitr¨¦s concejales y veinticinco vecinos, y PCE, doce concejales y diez vecinos. A cambio, UCD consegu¨ªa que una hora antes del pleno se firmaran los dieciocho decretos. (La firma se produjo una hora y media despu¨¦s del pleno, al parecer, por problemas de acoplamiento de los concejales y vecinos en las listas del PSOE.)

Durante los 35 d¨ªas que dur¨® la crisis, el Ayuntamiento y la Direcci¨®n General de Administraci¨®n Local mantuvieron un largo intercambio de escritos, al final de los cuales este ¨²ltimo organismo (que tiene capacidad para revocar las decisiones de los municipios) estimaba v¨¢lidos los argumentos del pre¨¢mbulo del decreto del alcalde, ?que viene a llenar una laguna de la ley Especial de Madrid?, y entend¨ªa que dicho decreto respetaba la normativa legal establecida.