Juan Miguel Arrieta: "La administraci¨®n judicial no tiene sentido si se le niegan medios financieros"

Diez a?os despu¨¦s de que fuera intervenida judicialmente Matesa (Maquinaria Textil del Norte de Espa?a, SA), en octubre de 1969, a ra¨ªz de saltar a la luz el c¨¦lebre affaire, como consecuencia del enfrentamiento pol¨ªtico entre los sectores falangista y opusde¨ªsta del Gobierno de entonces, el actual administrador judicial, Juan Miguel Arrieta, cuarto en la lista, tras De la Quintana Fergusson, Ezponda y Del Burgo, ha presentado su dimisi¨®n por considerar insostenible la actual situaci¨®n, por cuanto se le niegan las m¨ªnimas ayudas financieras necesarias para abordar una reestructuraci¨®n que haga rentable a medio plazo la empresa. Ma?ana, viernes, el juez especial, Jes¨²s Marina, mantendr¨¢ una reuni¨®n con todos los interventores judiciales, el representante del ministerio fiscal y el abogado del Estado, para estudiar la situaci¨®n creada con esta dimisi¨®n.

Embargada por el Estado y sometida a su tutela, tras la sentencia dictada en mayo de 1975, la empresa Matesa ha sido objeto de tres subastas -la ¨²ltima celebrada el 21 de enero pasado-, que quedaron desiertas por falta de licitadores. En aquella sentencia, Juan Vila Reyes, accionista mayoritario, fue condenado al pago de m¨¢s de 9.000 millones de pesetas al Banco de Cr¨¦dito Industrial y al Tesoro P¨²blico, cantidad de la que, por insolvencia de aqu¨¦l, es responsable civil subsidiaria Matesa. A partir del momento en que fue declarada desierta la tercera subasta de Matesa, la situaci¨®n legal de ¨¦sta es realmente at¨ªpica y de una gran complejidad jur¨ªdica.Para el administrador judicial de Matesa (en espera de que se acepte o no su dimisi¨®n), el Estado, que es el embargante, deber¨ªa adoptar con toda urgencia una decisi¨®n sobre la empresa. ?La situaci¨®n actual, despu¨¦s de diez a?os de administraci¨®n judicial?, ha declarado el se?or Arrieta a EL PA?S, ?ha llegado a ser insostenible, por cuanto que las cargas de estructura son tan elevadas en relaci¨®n con su dimensi¨®n real que hacen en estas circunstancias inviable la empresa?. La figura del administrador judicial de empresas en dificultades, creada por decreto-ley de 20 de octubre de 1969, a ra¨ªz de estallar el caso Matesa, absorbe en la pr¨¢ctica las funciones del consejo de administraci¨®n, pero con ciertas limitaciones, referentes, sobre todo, al movimiento del capital. As¨ª, el administrador judicial no puede hacer ampliaci¨®n de cap¨ªtal, ni aportar nuevos socios, ni acudir a las fuentes de financiaci¨®n externa. En el caso de Matesa, la financiaci¨®n s¨®lo puede venir, si persiste la actual situaci¨®n jur¨ªdica, de las entidades crediticias del Estado. El problema fundamental de Matesa -seg¨²n su administrador judicial- es de financiaci¨®n. ?Necesitamos?, dice, ?un cr¨¦dito del orden de los doscientos millones de pesetas, necesario para abordar la indispensable reestructuraci¨®n de la empresa, que la haga subsistir hasta que se busque una salida a la actual situaci¨®n, bien privatizando la empresa, bien buscando otra f¨®rmula. En estos momentos, la empresa tiene una estructura desorbitada, hasta tal punto que el 98% de la facturaci¨®n se destina a cargas fijas de estructura. La administraci¨®n judicial de Matesa ha elaborado un plan de reestructuraci¨®n con el que est¨¢n de acuerdo los trabajadores, pero se nos niegan los medios financieros para realizarlo. Adem¨¢s yo me pregunto si la administraci¨®n judicial, sin estos recursos que solicita, tiene fuerza pol¨ªtica y moral para imponer contra la voluntad de los trabajadores una reestructuraci¨®n?.

Hasta septiembre de 1979, los salarios de los 270 trabajadores de Matesa fueron abonados con recursos procedentes de la Caja General de Dep¨®sitos, dependiente del Ministerio de Hacienda. A partir de ese momento, en que se cort¨® esa aportaci¨®n, la administraci¨®n judicial ha podido hacer frente al pago de los salarios durante cuatro o cinco meses, recurriendo a la realizaci¨®n de ciertos activos, pero desde hace dos meses se ha dejado de pagar al personal. ?La desaparicion de la empresa Matesa?, dice el administrador judicial en carta dirigida el pasado mes de marzo al ministro de Econom¨ªa, Jos¨¦ Luis Leal, ?supondr¨ªa graves problemas de orden laboral, al tener que suprimir 270 puestos de trabajo; unas considerables p¨¦rdidas globales, que pueden estimarse en varios miles de millones de pesetas; pr¨¢ctica eliminaci¨®n de nuestra presencia nacional en el sector de m¨¢quinas de tejer ante la Comunidad Econ¨®mica Europea y consiguiente dependencia del exterior, y una incidencia negativa en nuestras exportaciones. T¨¦ngase en cuenta adem¨¢s la existencia de unos 13.700 telares IWER funcionando en el mundo a trav¨¦s de 758 empresas repartidas en 49 pa¨ªses, que actualmente utilizan tecnolog¨ªa espa?ola.