Los alcaldes y la "negociaci¨®n permanente"

A finales de junio de 1980, el alcalde de M¨®stoles recibi¨® una comunicaci¨®n del Ministerio de Hacienda donde se ven¨ªa a decir, m¨¢s o menos, lo siguiente:?En la partida X, ustedes consignan, para 1980, los ingresos Y; env¨ªenos documentos acreditativos de los ingresos reales habidos en el per¨ªodo enero-mayo de 1980 a fin de constatar que efectivamente pueden ingresar lo que presupuestan para todo el a?o?.

Teniendo en cuenta que sin la aprobaci¨®n del Ministerio de Hacienda los ayuntamientos est¨¢n sin presupuestos, y recordando que un presupuesto es eso, una previsi¨®n, el ministerio aqu¨ª citado debiera dejar pasar, en buena l¨®gica burocr¨¢tica, no seis, sino los doce meses que componen el a?o para constatar con toda fiabilidad que, efectivamente, la no nacida previsi¨®n presupuestaria estaba bien hecha.

Se llega, de un lado, a la conclusi¨®n ampliamente sufrida de que ?El proceso? kafkiano no es sino una versi¨®n edulcorada de la burocracia espa?ola, y, de otro, a que el mal trato a base de ?legislaci¨®n vigente? representa la aplicaci¨®n municipal de dos principios judeo-cristianos ?Dios aprieta, pero no ahoga?, y, ?Para resolver un problema, primero hay que crearlo?, apareciendo as¨ª revueltos la presunci¨®n popular y el se?or Kissinger.

A mediados de julio de 1980, una comisi¨®n de alcaldes se re¨²ne con el presidente del Gobierno para llegar a las siguientes conclusiones:

1. Que se va a dar gran prioridad y marcha a la aprobaci¨®n de los presupuestos municipales de 1980.

2. Que se va a marcar una senda de participaci¨®n de las haciendas municipales en los Presupuestos del Estado.

3. Que es necesaria una ley del transporte en las grandes ciudades.

Las ?alforjas? y ?el viaje? se vienen a la mente. Es decir, los ayuntamientos corren el riesgo de conseguir la s¨ªntesis marxista (de Groucho) entre la nada y la m¨¢s absoluta miseria. Dicho de otra forma, los ayuntamientos, salidos de las elecciones con unos problemas econ¨®micos insolubles por s¨ª mismos y unas tutelas gubernamentales tan inconstitucionales como obstruccionistas, deciden, una vez m¨¢s, elegir el proceso de negociaci¨®n y desechar, por el momento, la soluci¨®n m¨¢s simple de ?cerrar por fuera? con la llave de oro que hab¨ªa de entregarse al pr¨®ximo visitante ilustre.

Elegido pues el ?responsable m¨¦todo?, queda por saber si de esta vez se van a sentar las bases para una soluci¨®n de los problemas locales (bases que desbrocen, asimismo, partes importantes de la ley de R¨¦gimen Local tantas veces prometida) o si, por el contrario, se trata de ba?arse en el mismo mar de todos los veranos y poner los parches que permiten un rodaje tan corto como problem¨¢tico de unos ayuntamientos fun¨¢mbulos sobre una cuerda floja, donde el Gobierno est¨¢ en un extremo y los ciudadanos en el otro.

La problem¨¢tica est¨¢, por lo dem¨¢s, bastante clara:

Transportes urbanos: La soluci¨®n de fondo s¨®lo puede venir de una ley que permita financiar la parte no cubierta por las ya altas tarifas actuales. Entre tanto se apruebe y aplique la ley, ser¨¢ necesario que, desde el conjunto del Estado, incluidos los ayuntamientos, se trate de resolver el problema de proveedor (Pegaso) de los ayuntamientos y del propio Gobierno. Esta situaci¨®n de interinidad exigir¨¢ esfuerzos financieros por ambas partes que no podr¨¢n tratarse con la cicater¨ªa habitual.

Hacienda: Un primer esfuerzo aut¨®nomo de los municipios se realiz¨® de cara al presente a?o; las haciendas locales necesitan de una clarificaci¨®n estructural donde quede dise?ado: a) el peso que, dentro del total de presupuestos de las administraciones p¨²blicas, van a tener las haciendas locales (el horizonte para 1985 del 15% de participaci¨®n en la imposici¨®n directa y una proporci¨®n equivalente en el impuesto sobre la renta no parece pretensi¨®n exagerada); b) un programa de inversi¨®n local que reconozca la mayor capacidad inversora que muestran los entes locales, para lo cual el Gobierno tendr¨ªa que proponerse salvar al hoy deteriorado Banco de Cr¨¦dito Local. En esta l¨ªnea, las Cajas y otros entes financieros debieran de mantener sus coeficientes municipales; de igual forma, la salida al mercado financiero exterior por parte de los ayuntamientos deber¨ªa asegurarse.

Tutelaje: La autonom¨ªa municipal que consagra la Constituci¨®n es, hasta el momento, aut¨¦ntico papel mojado, ya que la Administraci¨®n se viene reservando la aprobaci¨®n de pr¨¢cticamente todos los actos municipales, desde los antedichos presupuestos hasta la forma en que se organiza la participaci¨®n ciudadana. A estas tutelas, generalmente m¨²ltiples, se unen las competencias tutelares que, sobre el propio ayuntamiento, tienen establecidas legalmente os cuerpos de secretarios e interventores y la dictadura de la minor¨ªa que para muchos municipios representa el qu¨®rum de 2/3 que requiere la ley en caso de inversiones financiadas con cr¨¦dito. A todo ello se une la aut¨¦ntica mara?a legal creada en torno a las corporaciones locales, con lo cual gobernar ¨¦stas se asemeja a la filigrana del encaje de bolillos sin bolillos y sin hilo. Lo l¨®gico ser¨ªa deshacer esta mara?a con visi¨®n de Estado, para lo cual e Gobierno har¨ªa bien en olvidarse de la composici¨®n pol¨ªtica actual de los ayuntamientos.

Si en lugar de abordar abierta mente estos problemas es la cicater¨ªa quien preside las negociaciones, habr¨¢ llegado el momento de plantearse seriamente qu¨¦ hacer en los ayuntamientos, pues est¨¢ medianamente claro que la situaci¨®n actual es insostenible y los ciudadanos no tienen por qu¨¦ soporta una sistem¨¢tica estrechez de miras encaminada a fines partidistas de quienes parecen mostrarse reticentes a la hora de aceptar los resultados electorales del ya lejano abril de 1979.