Reclamados a las empresas los 1.600 millones de pesetas del fraude a la Seguridad Social en Barcelona

La Inspecci¨®n de Trabajo de Barcelona ha enviado ya las actas de liquidaci¨®n complementaria a las empresas supuestamente implicadas en el fraude a la Seguridad Social que, por un montante inicial de 1.600 millones de pesetas, fue descubierto a principios de a?o. Entre las sociedades que han recibido estas actas figuran F¨¢brica Electr¨®nica Josa, con una plantilla de 1.600 trabajadores; Rocalla, con 700, y Manufacturas Petronius, SA.

De estas implicaciones no se puede deducir la existencia de infracciones administrativas o acciones delictivas, pero fuentes oficiosas han subrayado que las irregularidades descubiertas han levantado las sospechas suficientes como para abrir expedientes a varios funcionarios de la Oficina Delegada de la Inspecci¨®n de Trabajo (ODIT), dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.Las investigaciones se centran actualmente sobre otro grupo de empresas que, al parecer, habr¨ªan defraudado a la Seguridad Social una cifra pr¨®xima a los quinientos millones de pesetas.

Paralelamente a la acci¨®n administrativa, estas irregularidades han sido puestas en conocimiento de la fiscal¨ªa de la Audiencia de Barcelona, al objeto de que se inicie, si hubiere lugar, el procesamiento de los implicados por los supuestos delitos de estafa, prevaricaci¨®n y cohecho.

Irregularidades intuidas

Los inspectores de Trabajo Graciniano G¨®mez Cat¨®n, ex subdelegado de Trabajo de Barcelona, y Ram¨®n Ballesteros, jefe de la ODIT, que encabezan la lista de funcionarios supuestamente implicados con mayor responsabilidad, han recibido ya la comunicaci¨®n oficial del expediente que se les ha abierto. El tono contundente de los considerandos que fundamentan el expediente inducen a sospechar que la Administraci¨®n est¨¢ decidida a llegar hasta el fondo del asunto.

Tambi¨¦n sufrir¨¢n expedientes otros funcionarios de la ODIT, entre los que podr¨ªan figurar algunos abogados de los extintos sindicatos verticales trasladados a aquella oficina.

La existencia de cierto tipo de irregularidades era ya intuido por algunos inspectores de Trabajo de las ¨²ltimas generaciones. Este colectivo, caracterizado por sus inquietudes democr¨¢ticas, hab¨ªa aumentado sensiblemente su influencia en los ¨²ltimos tiempos, introduciendo un estilo m¨¢s profesional en esta ¨¢rea de la funci¨®n p¨²blica. En los ¨²ltimos meses, los rumores del fraude llegaron a ser tan intensos que algunos funcionarios informaron oficiosamente a las instancias superiores de la existencia de irregularidades, aunque sin poder aportar pruebas concretas. La noticia lleg¨® al Ministerio, pero no se inici¨® ninguna investigaci¨®n.

Las sospechas aumentaron insistentemente cuando Graciniano G¨®mez Cat¨®n, que ocupaba provisionalmente el cargo de delegado de Trabajo, no fue confirmado en el puesto, para el que resulto designado despu¨¦s Eustasio del Val. Antes, G¨®mez Cat¨®n hab¨ªa sido nombrado subdelegado de Trabajo, por ser hombre de confianza del entonces delegado, Jorge Fern¨¢ndez. Cuando Fern¨¢ndez fue nombrado gobernador civil de Asturias, Graciniano le sustituy¨® provisionalmente en la jefatura de la Delegaci¨®n.

Jorge Fern¨¢ndez, que posteriormente fue nombrado gobernador civil de Barcelona y actualmente es ideol¨®gicamente pr¨®ximo a AP, tras su paso fugaz por el CDS de Su¨¢rez, reconoce que "ten¨ªa depositada toda mi confianza con G¨®mez Cat¨®n cuando inform¨¦ favorablemente para que fuese designado subdelegado. No quiero enjuiciar lo ocurrido, pero lo lamento seriamente". Jorge Fern¨¢ndez insiste que durante el tiempo que ocup¨® el cargo de delegado de Trabajo desde enero de 1979 hasta julio de 1980 "nunca tuve bajo mi jurisdicci¨®n la oficina de la ODIT que en aquel entonces depend¨ªa del Ministerio de Seguridad Social y, por tanto, estaba bajo la jurisdicci¨®n del Delegado Territorial de Seguridad Social". Y a?ade que "ni durante este tiempo, ni en el a?o siguiente en que G¨®mez Cat¨®n me sustituy¨® en el cargo, la Tesorer¨ªa de la Seguridad Social estuvo bajo el control de la Delegaci¨®n.

Contenido del fraude

En esencia, el fraude consist¨ªa en conseguir la liquidaci¨®n de las deudas pendientes de las empresas a la Seguridad Social pagando una cantidad muy inferior a la realmente debida. As¨ª, cuando una empresa adeudaba las cotizaciones de varios a?os se confeccionaba una acta de liquidaci¨®n en la que los salarios se hab¨ªan reducido a una tercera o cuarta parte de su valor real. Como la liquidaci¨®n se realizaba por una cantidad global, sin incluir el desglose de las cuotas correspondientes a cada trabajador, el fraude era pr¨¢cticamente imposible de descubrir. Si una empresa adeudaba, por ejemplo, sesenta mensualidades de cotizaciones, se levantaba una acta por los sesenta meses, pero en lugar de calcular la deuda en base a salarios de 70.000 pesetas se hac¨ªa una valoraci¨®n como si la media salarial fuese de 25.000 pesetas.

El nido de corrupci¨®n localizado en la ODIT fue posible detectarlo cuando esta oficina pas¨® a depender directamente de la Delegaci¨®n de Trabajo, ubicada hasta principios de 1982 en la sede del Instituto Nacional de Previsi¨®n de la calle Balmes y actualmente en las dependencias del Ministerio de Trabajo en la calle Arag¨®n.

La ODIT era una oficina que la Inspecci¨®n de Trabajo ten¨ªa instalada en el Instituto Nacional de Previsi¨®n para coordinar, revisar y dar fuerza legal a la acci¨®n inspectora sobre las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. En una primera instancia esta labor era llevada a cabo por un equipo de funcionarios del INP conocidos como interventores o controladores CYE. Cuando los interventores descubr¨ªan que una empresa no estaba al corriente de pago de sus cotizaciones, levantaban una acta que posteriormente era trasladada a la ODIT, departamento de rango superior, dirigida por varios inspectores de Trabajo, ¨²nicos capacitados para dar fuerza legal a estas actuaciones. En definitiva, todo el poder de control quedaba en manos de la ODIT, de la que ha sido responsable m¨¢ximo durante varios a?os el inspector Ram¨®n Ballesteros, ex polic¨ªa.

La experiencia ha demostrado que este mecanismo sometido a tanto control ha sido burlado f¨¢cilmente. Las empresas que ten¨ªan una deuda pendiente importante, acud¨ªan directamente a la ODIT antes de que el ordenador detectase la existencia de un descubierto en las cotizaciones, (en el pasado, el ordenador tardaba tres y cuatro a?os en averiguarlo), y solicitaban que se levantase una acta por la cantidad que ellos declaraban. De esta forma algunos funcionarios, de acuerdo con el inspector del que depend¨ªan y firmaba el acta, extend¨ªan la certificaci¨®n a gusto de la empresa a cambio de una suculenta astilla que en algunos casos pod¨ªa ser millonaria.