Comercio estudia la posible inconstitucionalidad de la ley catalana sobre "rebajas"

La Secretar¨ªa de Estado de Comercio ha encargado a sus servicios jur¨ªdicos que analicen si existen indicios de inconstitucionalidad en la llamada ley de rebajas, aprobada el mi¨¦rcoles por el Parlamento catal¨¢n. Entre los grandes y medianos almaneces de ¨¢mbito estatal, el texto legal ha sido acogido con "honda preocupaci¨®n". Aunque ver¨ªan bien que el Gobierno central presentara recurso ante el Tribunal Constitucional, su estrategia se centra en se?alar que la ley es perjudicial para ellos, pero tambi¨¦n para los consumidores y la industria textil catalana.

Las empresas de distribuci¨®n de ¨¢mbito estatal han tratado durante el ¨²ltimo a?o de adecuar el proyecto de ley a sus intereses, mediante gestiones directas ante el Gobierno y otras instituciones catalanas. M¨¢s recientemente, han expuesto a la Administraci¨®n central, directamente o a trav¨¦s de las organizaciones representativas del sector, los efectos negativos que, a su juicio, tendr¨¢ la medida. Ahora han concentrado sus argumentos en que, si se aplica al pie de la letra o sin cierto desarrollo, se ver¨ªan obligados a reducir compras a sus proveedores catalanes, que estiman entre 100.000 y 150.000 millones de pesetas al a?o, la mayor¨ªa en el sector textil.Hay una gran coincidencia entre los argumentos recogidos en contra de la ley, tanto en los dos grandes almacenes (El Corte Ingl¨¦s y Galer¨ªas Preciados) como en las dos principales organizaciones de grandes y medianas empresas del sector (ANGED, Asociaci¨®n Nacional de Medianas y Grandes Empresas de Distribuci¨®n, y AMED, Asociaci¨®n Nacional de Medianas Empresas al Detalle). El consejo de comercio y el comit¨¦ de la competencia de la patronal CEOE, que en principio consideraron la disposici¨®n inconstitucional y reductora de la competencia, respectivamente, han matizado luego sus consideraciones a trav¨¦s de altos cargos. Javier Ferrer, presidente del consejo de comercio de la CEOE, declar¨® ayer que el texto "inicia un cierto proceso para el comercio interior", que "podr¨ªa ser aceptable a nivel estatal", y que "son los propios comerciantes quienes deben valorar la ley de rebajas".

Las c¨¢maras de comercio, por su parte, han guardado silencio. Fuentes de los grandes almacenes apuntaron que no han sido consultadas por la Generalitat, pero lo cierto es que varios altos cargos de la Administraci¨®n comercial catalana proceden de dichas instituciones.

Para ANGED, que re¨²ne a una treintena de empresas con facturaci¨®n total por valor de unos 350.000 millones de pesetas, es necesario regular el intrusismo y la clandestinidad y poner cierto orden en materia de rebajas, pero lo primero no lo hace la ley catalana, que en materia de rebajas pretende pasar de la anarqu¨ªa actual a lo m¨¢s restrictivo. Sin embargo, y aunque oficialmente dice que el posible recurso de inconstitucionalidad es competencia del Gobierno o de los parlamentarios, lo que m¨¢s preocupa a ANGED es el antecedente que sienta la ley catalana para otras autonom¨ªas.

Ordenaci¨®n del comercio

Un portavoz de la misma asociaci¨®n dijo: "Si ya sali¨® hace un a?o el Estatuto del Consumidor para el Pa¨ªs Vasco, si existe all¨ª un proceso de ley de ordenaci¨®n del consumo, si ahora cedemos ante la ley catalana y ma?ana siguen por otras autonom¨ªas, ?qu¨¦ pueden hacer los proyectos de ley estatales anunciados para despu¨¦s del verano por el Gobierno socialista para los consumidores y para la ordenaci¨®n del comercio?. Dicen en Catalu?a que tratan de adaptar las normas a la Comunidad Europea, pero no hay un solo pa¨ªs en toda Europa con normativa para una parte del territorio. En Francia y B¨¦lgica, donde est¨¢n reguladas las ventas a p¨¦rdidas, si bien de forma simb¨®lica, la ley es para todo el territorio"."El Estatuto de Catalu?a", agreg¨®, "excluye los temas de competencia, como tambi¨¦n el vasco. Y nosotros creemos que estamos ante una regulaci¨®n de la competencia. As¨ª lo estim¨® el Tribunal Constitucional, al anular recientemente los art¨ªculos del Estatuto del Consumidor relativos a la competencia. No se dan cuenta en Catalu?a que regulando el comercio interior y el consumo se regula tambi¨¦n la producci¨®n y se rompe la unidad de mercado".

Adem¨¢s de asumir estas posiciones, que son compartidas por AMED, los grandes almacenes se muestran preocupados por temas m¨¢s concretos, como la reducci¨®n de los per¨ªodos de rebajas a un mes y medio en verano y a otro tanto a principios de a?o, la necesidad de mantener los precios de salida durante el resto del a?o, la obligatoriedad de haber tenido las mercanc¨ªas a rebajar dos meses almacenadas y la imposibilidad de acudir a compras temporales para rebajas.

A su juicio, eso perjudicar¨¢ principalmente a los compradores y a los productores catalanes, pues casi la tercera parte de la facturaci¨®n anual de los grandes almacenes procede de las rebajas y dicen que ¨¦stas llegan a suponer del 10% y al 50% del precio de temporada.

Para un portavoz de El Corte Ingl¨¦s, "la ley es totalmente inoportuna y extempor¨¢nea, repercutir¨¢ enormemente en la industria textil catalana y tambi¨¦n al peque?o comercio y al consumidor".

Otro portavoz autorizado de Galer¨ªas Preciados declar¨® desde Barcelona que, "aun valorando muy positivamente las intenciones de defensa de la libertad de mercado y salvaguardia de los derechos de los consumidores, nos produce grave preocupaci¨®n, pues en su articulado estas intenciones no han sido ¨ªntegramente recogidas, ya que se han atenido m¨¢s a las restricciones de la libertad de comercio que a la defensa del consumidor".