60 agentes de las fuerzas de seguridad 'peinaron' el barrio del Pilar en busca de los secuestradores de Diego Prado

El populoso barrio madrile?o del Pilar, situado al norte de la capital fue tomado ayer por cerca de 600 agentes de las fuerzas de seguridad, de los que unos 200 eran inspectores del Cuerpo Superior de Polic¨ªa y el resto polic¨ªas nacionales, que establecieron controles en todas las salidas del mismo y peinaron la zona en busca de un comando etarra posible autor del secuestro de Diego Prado. Al mismo tiempo aprovecharon la espectacular operaci¨®n para indagar sobre el paradero de presuntos miembros de los GRAPO. La polic¨ªa entr¨® en m¨¢s de 800 portales y control¨® una media de 20 pisos por bloque, seg¨²n inform¨® el Gobierno Civil, lo que da un total de m¨¢s de 16.000 viviendas registradas o visitadas, seg¨²n los casos. No hubo incidentes, ni tampoco se hab¨ªa producido ninguna detenci¨®n a ¨²ltima hora de la tarde de ayer.La operaci¨®n, que seg¨²n noticias de ¨²ltima hora se proyecta extender a nuevas zonas urbanas, aleda?as al barrio del Pilar, fue montada a partir de una informaci¨®n recibida por la polic¨ªa, si bien la misma era tomada m¨¢s como una hip¨®tesis que como una pista de absoluta fiabilidad. "Ya puede suponer que s¨ª no hubiera un indicio no movilizar¨ªamos a 600 agentes" manifestaba un inspector. "Se reciben llamadas y se trabaja con llamadas", agreg¨®.

Minuciosamente, la polic¨ªa fue visitando inmueble tras inmueble, aprovechando en gran medida la valiosa informaci¨®n de los porteros de las fincas, que normalmente suelen conocer bien a los moradores de las mismas. Estos informaron a la polic¨ªa, a requerimiento de ¨¦sta, sobre el car¨¢cter, situaci¨®n y tiempo que llevaban viviendo los vecinos en las distintas casas.

Control s¨®lo de los pisos sospechosos

Las fuerzas de seguridad centraron sus pesquisas en los pisos de alquiler, vac¨ªos o recientemente ocupados, as¨ª como aquellos en que se registra gran movilidad de ocupantes, al igual que en las pensiones. A los propietarios de pisos en alquiler se les inst¨® a que se personaran en la comisar¨ªa de la zona, en la calle de Ginzo de Limia, para que detallaran la personalidad de los ocupantes de sus pisos, si bien s¨®lo una decena de ¨¦stos hab¨ªa acudido hasta anoche a la comisar¨ªa, y, en su mayor parte, para averiguar si efectivamente el registro era obra de la polic¨ªa.

Seg¨²n fuentes policiales, la colaboraci¨®n ciudadana hizo innecesaria la exhibici¨®n por los agentes de mandamiento judicial para proceder a los registros. Sobre este punto variaban las versiones. El inspector general de Servicios, Angel Garc¨ªa Torres, declar¨® que dispon¨ªan en la comisar¨ªa de mandamientos judiciales facilitados por el juez de guardia de la Audiencia Nacional en virtud de la Ley 11/80 (Antiterrorista) para proceder a los registros en caso de sospecha. Sin embargo, otro inspector no corrobor¨® que los mandamientos judiciales estuvieran preparados previamente, sino que, seg¨²n sus palabras, hab¨ªa que solicitarlos al juez de la zona, pero que la operaci¨®n no llevaba m¨¢s de dos minutos.

En cualquier caso, era patente el desconocimiento de los vecinos sobre la licitud o no de la entrada de la polic¨ªa en su vivienda. "A m¨ª me han dicho que con la ley aprobada pueden entrar", declar¨® una de las vecinas de los edificios controlados.

Los inmuebles, en general, eran revisados por un inspector acompa?ado de dos polic¨ªas nacionales. Estos ten¨ªan ¨®rdenes de que, si alg¨²n vecino se negaba a que su vivienda fuese registrada, la Polic¨ªa Nacional permaneciera en la puerta en espera de que el inspector consiguiera el mandato judicial, procurando que en ning¨²n momento se produjeran incidentes.

Los funcionarios no visitaban todas las viviendas, sino s¨®lo aquellas que a tenor de alguna informaci¨®n de los porteros o de alg¨²n vecino pod¨ªa infundirle sospechas. Un agente lo explicaba as¨ª: "Cuando entramos en una casa ya saben a lo que vamos". Alguno tambi¨¦n se quejaba: "Estamos chupando escaleras desde las siete de la ma?ana". Los mismos funcionarios aseguraron que no se estaban registrando todas las viviendas, sino preferentemente aquellas cuyos moradores est¨¢n en r¨¦gimen de alquiler o reciben visitas frecuentes. "Cuando subimos a un piso", manifest¨® otro de los agentes, "ponemos en marcha nuestra psicolog¨ªa policial; si te sale una se?ora con ni?os, para qu¨¦ vas a entrar".

Los agentes llevaban consigo, adem¨¢s de una fotograf¨ªa del secuestrado, Diego Prado, un juego de fotos de cerca de 60 presuntos miembros de ETA y nueve presuntos miembros de los GRAPO. Estos ¨²ltimos eran buscados porque, seg¨²n la polic¨ªa, el barrio del Pilar es un lugar de residencia habitual de grapo, aunque no afirmaron ni desmintieron su posible conexi¨®n con el secuestro de Diego Prado.

En todas las salidas del barrio del Pilar se establecieron controles visuales, en los que un miembro de la Brigada Regional de Informaci¨®n, experto conocedor de los miembros de ETA y GRAPO buscados, observaba la fisonom¨ªa de los automovilistas. Dicho control era muy discreto o muy diluido, pues muchas personas que lo cruzaron en coche no tuvieron la sensaci¨®n de que la observaci¨®n fuera muy rigurosa. Se produjeron algunos registros en autom¨®viles, en su mayor parte furgonetas. En ning¨²n momento, a lo largo de la jornada, los controles fueron estrictos ni el barrio lleg¨® a estar bloqueado.

Un ret¨¦n de los GEO, en la comisar¨ªa del barrio

Algunas unidades del Grupo Especial Operativo (GEO) permanecieron estacionadas en las inmediaciones de la comisar¨ªa del ¨¢rea (Ginzo de Limia, que era el centro operativo) en espera de que se produjeran posibles incidentes o enfrentamientos.

Toda la operaci¨®n de peinado de la zona, cuya estrategia fue preparada el d¨ªa anterior por agentes de pa¨ªsano que la recorrieron, estuvo dirigida por Angel Garc¨ªa Torres, inspector general de la Jefatura Superior de polic¨ªa de Madrid.

Tras registrar los inmuebles, la polic¨ªa continuaba en sus inmediaciones para ver si se produc¨ªan movimientos sospechosos. Algunos inspectores manifestaron, sin embargo, su escepticismo ante la operatividad de dicha acci¨®n: "Esto es una bobada. ?Aqu¨ª van a estar los terroristas, esper¨¢ndonos a nosotros! Es una operaci¨®n para justificar que se est¨¢ haciendo algo, porque el secuestrado es ¨ªntimo amigo del Rey". Por otro lado, algunos inspectores. Conf¨ªaban en que de la operaci¨®n saliera algo. "El secuestro de Villaescusa se resolvi¨® as¨ª, con una peque?a pista".

La operaci¨®n de rastreo del barrio del Pilar, cuya intensidad se aminor¨® al mediod¨ªa para que los agentes almorzaran en turnos, aunque se mantuvieron los controles, denotaba una notoria descoordinaci¨®n. Una parte del tiempo lo consumieron los agentes en esperas por los alrededores de la zona, aguardando ¨®rdenes para saber a d¨®nde dirigirse. El n¨²mero 3 de la calle de la Villa de Mar¨ªn lleg¨® a ser visitado en cinco ocasiones por la polic¨ªa, ante la estupefacci¨®n del portero, que no dijo nada a los agentes sobre dicha reiteraci¨®n, porque "como no me preguntaron nada... "

Por otro lado, el hermetismo informativo fue total en la comisar¨ªa de Ginzo de Limia, roto s¨®lo por Angel Garc¨ªa Torres, coordinador de la operaci¨®n, para elogiar la colaboraci¨®n ciudadana y reconocer que en la citada comisar¨ªa pose¨ªan mandamientos judiciales firmados en blanco por el juez de guardia de la Audiencia Nacional, "como previene la Ley 11/80" (Antiterrorista). Asimismo, un funcionario de polic¨ªa de la comisar¨ªa de Ventas fue encargado de facilitar algunos datos sobre la operaci¨®n a los periodistas.

En las primeras horas de la ma?ana, un fot¨®grafo de EL PAIS, que estaba realizando su trabajo, fue retenido por la polic¨ªa mientras se comprobaba su identidad a trav¨¦s de una llamada telef¨®nica.