Los accionistas minoritarios de empresas del 'holding' podr¨¢n optar por recuperar sus participaciones antes de la indemnizaci¨®n

Un pr¨®ximo Consejo de Ministros definir¨¢ la estrategia del Gobierno sobre el futuro de Rumasa. Antes de que se efect¨²en las primeras reprivatizaciones, es muy probable que haya una oferta para devolver participaciones a los accionistas minoritarios que no deseen esperar la indemnizaci¨®n. Tambi¨¦n ser¨¢n ratificados los proyectos de racionalizaci¨®n de las empresas, con delimitaci¨®n de las que tendr¨¢n un tratamiento peculiar, como es el caso de las fincas y quiz¨¢ los bancos. Los administradores del holding han ultimado estos d¨ªas todos los informes necesarios, entre los cuales figura el balance consolidado de las empresas a 23 de febrero pasado, que se basa en valores contables y arroja un d¨¦ficit patrimonial de 210.000 millones. Medios allegados a los autores de este trabajo aseguran que, pese a las eventuales desviaciones al alza, el desequilibrio neto no superar¨¢ los 250.000 millones.La idea de ofrecer la devoluci¨®n de participaciones minoritarias era acariciada por los gestores del grupo expropiado desde que el Consejo de Estado, al dictaminar el decreto ley, aconsej¨® que se tramitara como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Propuso el alto organismo consultivo que se abordaran "cuestiones tan importantes como la de si procede la reversi¨®n de los bienes expropiados llegado el momento de su desafectaci¨®n p¨²blica", la futura consideraci¨®n o no de empresas nacionales para las expropiadas, y la posibilidad de enajenaci¨®n directa en lugar de salir a subasta para la reprivatizaci¨®n. As¨ª se hizo en la ley que aprob¨® el Senado el pasado d¨ªa 14 y que aparecer¨¢ en el Bolet¨ªn Oficial del Estado.

Como la expropiaci¨®n afect¨® a todas las acciones de los dos centenares largos de empresas relacionadas en el decreto ley, y el Gobierno entendi¨® que indirectamente alcanzaba a las participadas por aqu¨¦llas, la decisi¨®n que estudiar¨¢ el Consejo de Ministros consiste en una oferta de venta por lo que el Estado tuviera que pagar como indemnizaci¨®n o justiprecio. La resoluci¨®n, que quitar¨ªa importancia real a la fijaci¨®n de indemnizaciones, acortar¨ªa sensiblemente la tramitaci¨®n de las mismas, que puede tardar casi dos a?os (hasta un a?o para las propuestas de cada parte, otros seis meses en caso de desacuerdo para la sentencia del Jurado Provincial de Expropiaci¨®n de Madrid, y hasta tres meses para el pago despu¨¦s del acuerdo o resoluci¨®n judicial).

Sin embargo, fuentes pr¨®ximas a los gestores de Rumasa dudan que algunos minoritarios tengan inter¨¦s en recuperar las acciones. Asimismo, desde otros medios de la Administraci¨®n se han formulado alternativas distintas para la veintena de bancos, con la posible exclusi¨®n del Atl¨¢ntico, que podr¨ªa seguir el mismo sistema que el resto de las empresas.

Nuevo d¨¦ficit

Los 210.000 millones de pesetas calculados la pasada semana apenas se deslizan de los 200.396 en que se cifr¨® la diferencia entre el activo y el pasivo del grupo a 31 de diciembre pasado. La diferencia obedece, fundamentalmente, a la estimaci¨®n de p¨¦rdidas durante el pasado mes de enero y los 23 primeros d¨ªas de febrero (poco m¨¢s de 9.000 millones, frente a los 56.700 millones de 1982), as¨ª como al desequilibrio de las empresas de la Rumasa sumergida. Al margen de dicho c¨¢lculo, elaborado sobre los balances de cada empresa y el nivel de participaci¨®n directa e indirecta de Rumasa, han estimado que la compensaci¨®n para accionistas minoritarios de empresas con patrimonio positivo no se alejar¨¢ de otros 20.000 millones.

Por todos estos conceptos (v¨¦ase EL PA?S del pasado 22 de mayo), fuentes solventes de los administradores estimaban que el d¨¦ficit pod¨ªa superar el d¨ªa de la expropiaci¨®n los 400.000 millones de pesetas, cifra incluso superior a la de 300.000 millones de m¨¢ximo facilitada el 11 de mayo al peri¨®dico brit¨¢nico Financial Times por el ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Miguel Boyer. Se?alaron entonces las fuentes que la estimaci¨®n pod¨ªa ser conservadora, porque el criterio para fijar el neto de 200.396 millones a 31 de diciembre -cuyo desglose se mantiene todav¨ªa reservado por instrucciones superiores- hab¨ªa sido valorar los activos al m¨¢ximo y las deudas al m¨ªnimo, ajustando algunas sobrevaloraciones realizadas por el equipo de Ruiz-Mateos, pero a partir de sus datos.

Aunque fuentes gubernamentales indicaron que la informaci¨®n preparada para el Consejo de Ministros estar¨ªa vinculada por la coyuntura, medios allegados a los autores del balance replicaron que ?incluso las conclusiones de las auditor¨ªas, esperadas para septiembre, no llegar¨¢n a los 250.000 millones.