Cada uno de los ocho vascos condenados por el asalto de Berga cumplir¨¢ 18 a?os de c¨¢rcel, y 10 el catal¨¢n Jordi Puig
El tribunal militar que juzg¨® el pasado martes a los nueve acusados por el asalto al cuartel de Berga ha condenado a los encausados a un total de 258 a?os de c¨¢rcel. Sin embargo, los ocho terroristas vascos ¨²nicamente deber¨¢n cumplir un m¨¢ximo de 18 a?os de privaci¨®n de libertad cada uno de ellos, mientras que el procesado catal¨¢n Jordi Puig permanecer¨¢ en prisi¨®n 10 a?os.
En la diligencia de lectura de la sentencia a los abogados, como en la vista oral y en la firma de las actas del juicio, se puso de manifiesto tambi¨¦n la discrepancia entre los letrados, que ya no se consideran defensores, y el tribunal militar, que les oblig¨® a escuchar la sentencia como si lo fueran.Las penas impuestas a los nueve acusados son las siguientes: un total de 35 a?os de c¨¢rcel para Mari Carmen Barandiar¨¢n; 35 a?os para Mar¨ªa Arrate Candelaria Elkoroiribe; 21 a?os de. c¨¢rcel para Pablo Jos¨¦ Ibarretxe; 36 a?os para Jes¨²s Javier Urquijo; 23 a?os de c¨¢rcel para Jos¨¦ Mar¨ªa Iza Unamuno; 41 a?os para Luis Mar¨ªa Lacasta; 37 a?os para Emilio Sagarzazu; y 20 a?os para Bingen Gorritxo.
Todos estos procesados pasar¨¢n ¨²nicamente un total de 18 a?os de prisi¨®n cada uno. De acuerdo con la legislaci¨®n vigente, la condena total a cumplir no puede superar el triple de la pena mayor de las que se hayan impuesto. Los encausados han sido condenados por varios delitos cada uno de ellos, que implican asimismo varias penas. La mayor es la correspondiente a tenencia il¨ªcita de armas, que supone seis a?os de c¨¢rcel. El triple de esa condena son los citados 18 a?os de c¨¢rcel.
Finalmente, el procesado catal¨¢n Jordi Puig Panella, para el que el fiscal militar solicit¨® en sus conclusiones definitivas 29 a?os de c¨¢rcel, ha sido condenado a un total de 10 a?os de prisi¨®n. En la sentencia, Puig es considerado responsable de un delito de robo con intimidaci¨®n y de otro delito consumado de detenci¨®n ilegal. Al parecer, ¨¦ste se produjo con la retenci¨®n de uno de los centinelas que vigilaban el cuartel de Berga la noche de autos, el 15 de noviembre de 1980.
A Herrera de la Mancha
La suma de las penas impuestas no rebasa el triple de la pena mayor. Por tanto, Puig cumplir¨¢ el total de los a?os de condena que el tribunal le ha aplicado. El triple de la mayor pena son 12 a?os, y cumplir¨¢ 10.
Por su parte, un representante del tribunal notific¨® tambi¨¦n a los nueve procesados, internos en la c¨¢rcel de L¨¦rida, el contenido de la sentencia. Los encausados se negaron a firmar el acta de recepci¨®n e incluso uno de ellos no acudi¨® a la cita de notificaci¨®n del fallo. Este acto, sin embargo, se pudo realizar a trav¨¦s de dos testigos que dieron validez a la diligencia. En medios cercanos a la prisi¨®n de L¨¦rida se da como probable el traslado de los ocho procesados vascos al penal de alta seguridad de Herrera de la Mancha, en compa?¨ªa del resto de presos etarras que cumplen diversas condenas.
Ayer tarde, los abogados, hab¨ªan sido citados por el tribunal militar en el acuartelamiento de Gardeny, donde se hab¨ªa celebrado el consejo de guerra, a las seis de la tarde. Tanto los letrados dimitidos de los ocho procesados vascos como el abogado del catal¨¢n Jordi Puig tuvieron que esperar hasta las 19.50 horas a que se iniciara la diligencia de lectura de la sentencia. Los mismos letrados comentaron que "las autoridades militares ten¨ªan un gran nerviosismo".
"Nosotros ya le dijimos al presidente del tribunal", explic¨® uno de los letrados, "que no nos ¨ªbamos a dejar notificar la sentencia, al no considerarnos los defensores". En este sentido, y tal como hab¨ªa ocurrido ya el pasado martes en la vista oral del proceso, los abogados pidieron la venia al presidente para abandonar la sala. Ante la negativa del tribunal, "nos quedamos para no incurrir en una pena de desobedencia y escuchamos la lectura del fallo".
Posteriormente, se levant¨® el acta y en ella los abogados expresaron: "Hemos estado presente porque la autoridad militar no hab¨ªa citado, pero nos quedamos en contra de nuestra voluntad. Asimismo, la abogada Eva Labarta indic¨® que "tanto el juez instructor como el secretario son juristas y sab¨ªan que el aceptar en un acto jur¨ªdico, un hecho el contra de la voluntad, puede su poner la nulidad de dicho acto"
Los abogados, con estos extremos, intentaban "poner todos los pasos procesales para que un recurso de nulidad pueda ser v¨¢lido", seg¨²n explicaron a la salida del acuartelamiento de Gardeny Otros abogados anunciar¨¢n, en un plazo de cinco d¨ªas h¨¢biles, a partir de hoy, viernes, ante el propio juez instructor militar, la presentaci¨®n de un recurso de casaci¨®n. Tendr¨¢ que ser interpuesto ante el Consejo Supremo de Justicia Militar y, probablemente, contendr¨¢, en primer lugar, la petici¨®n de nulidad del consejo de guerra "por haberse hecho en su totalidad sin defensores". En puntos sucesivos, plantear¨¢n cuestiones de quebrantamiento de forma, adem¨¢s de vicios procesales, que, a juicio de los abogados, se han producido en la elaboraci¨®n del sumario y en el propio consejo de guerra.
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