El 12,5% de subida para los fertilizantes no satisface a nadie
El 12,5% de subida de precios para los fertilizantes acordada el lunes por el equipo económico, del Gobierno, decisión que probable mente será ratificada hoy en Consejo de Ministros, no satisface a ninguno de los sectores e intereses que han participado en el debate. Y ello pese a que será el producto con precio autorizado más alcista en promedio este a?o: cuatro puntos y medio por encima de la inflación prevista. Los fabricantes, quejosos de crisis -la empresa pública Enfersa era aparentemente la más saneada y parece haber llegado en 1983 a pérdidas de 1.500 millones de pesetas-, pedían un 36% de incremento. El Ministerio de Agricultura se oponía a llegar al 8%. E Industria y Energía consideraba necesario al menos un 20,5%.Los fertilizantes ha acentuado este a?o su habitual papel como uno de los temas más conflictivos de la política de precios controlados. Se trata del consumo externo más importante del sector agrario, con gran incidencia en los precios y reivindicaciones del exterior. Quizá por ello las posturas se polarizaban en torno al Ministerio de Industria, generalmente poroso a las posiciones empresariales de su sector, y al de Agricultura, siempre preocupado porque las alzas que repercuten sobre el campo no disparen las reivindicaciones y el descontento.
La patronal del sector (Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes) ha desplegado todo su aparato insistiendo en que si no se atienden sus, pretensiones habrá expedientes de crisis en cadena, y que cada semana de demora en la subida supone pérdidas adicionales de 700 millones de pesetas. En la justificación de sus argumentos ha utilizado la modernización de la estructura de costes encargada a una empresa pública -Initec, la sociedad de ingeniería del Instituto Nacional de Industria-, e incluso una conclusión de CC OO en el sentido de que los precios de venta deben aumentar un 26,7%, si bien compensando al agricultor en una parte del aumento.
Pero principalmente hay este a?o, desde antes de que se tramitara la petición de subida, un compromiso del Gobierno con las organizaciones de agricultores, en el sentido de que la cesta de consumos energéticos del campo (gasóleo, fertilizantes y electricidad) no supere el 11%. Era la contrapartida a la frustración denunciada por varias organizaciones al concluir la negociación de precios agrarios sin acuerdo y con un decreto de subida promedia del 8% en los precios de garantía (10%-11% para cebada, centeno, avena y leguminosas pienso) y 4,14% para el trigo y maíz. Tal compromiso ya ha provocado movilizaciones al subir un 10% el gasóleo, y luego vienen detrás las empresas eléctricas con una nueva petición del 12%.
En síntesis, las pretensiones de los fabricantes han sido: 5,98% de compensación entre el 9,5% de aumento aplicado el pasado a?o y el 15,48% que admitió la Junta Superior de Precios; 22,9% por la modernización de la esttuctura de costes -escandallo- encargada a Initec; 1,78% adicional por la posterior subida del 14,6% en el amoniaco utilizado; otro 0,27% por el efecto del dólar en el precio de la roca fosfórica; 0,40% por la también posterior elevación de tarifas eléctricas en un 9,73% real para.el sector (la media nacional oficial era 6%), y otro 0,42% por la reciente decisión de subir las naftas un 12,9%.
Sobre los datos presentados por los fabricantes, Industria y Agricultura basaron sus ofertas del 20,5% y 7,9%.
La Junta Superior de Precios trató de aproximar estas posiciones y aconsejó un 18,52%. Pero ha advertido al Gobierno sobre la obviedad de que tal incremento no encaje con la política de precios agrícolas seguida ni en la imagen de una política general de precios que se propone para 1984 (8%), ni en una distribución razonable de la carga de los sacrificios que las "diversas categorías de ciudadanos han de soportar", ni posiblemente es asimilable por el propio sector productor.
La decisión del equipo económico ha nacido de una de las alternativas propuestas por la junta: admitir su porcentaje, pero elevar en 1.000 millones de pesetas las subvenciones del Ministerio de Agricultura (hasta 2.238 millones) y además, reducir un punto los márgenes comerciales para los vendedores, que ahora oscilan desde el 3,5% al 4,5% y han de quedar entre el 2,5% y 3,5%.
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