Una reforma agraria parcial y dependiente

El proyecto de reforma agraria presentado oficialmente en Carmona por Rafael Escuredo en el pasado mes de octubre, y elaborado por un equipo de especialistas, que coordin¨® el consejero de Agricultura de la Junta, Miguel Manaute, signific¨® m¨¢s la elecci¨®n de un modelo racionalizador de la actividad agraria en Andaluc¨ªa que un proyecto de cambio radical de la estructura productiva y de la propiedad de la tierra en la regi¨®n. Hasta ahora el t¨¦rmino reforma agraria ven¨ªa siendo sin¨®nimo de cambio de propiedad, que pod¨ªa pasar a manos p¨²blicas o bien privadas, pero distintas de las anteriores. El proyecto defendido por el Gobierno andaluz se refiere sustancialmente al derecho de uso de la tierra, y s¨®lo en ¨²ltimo caso, y para tierras muy determinadas, afectar¨ªa al derecho de propiedad.El proyecto de reforma agraria persigue aumentar la productividad de las explotaciones agrarias mediante la comparaci¨®n de los ¨ªndices medios comarcales de productividad con las fincas en concreto. Los mecanismos de actuaci¨®n, una vez establecidos los niveles productivos, van desde la expropiaci¨®n de las fincas cuya relaci¨®n salga claramente desfavorecida hasta la creaci¨®n de un impuesto especial para las tierras que puedan considerarse como explotables dentro de los niveles medios de rentabilidad, pero por debajo de sus posibilidades reales.

El marco legal del proyecto de ley es el apartado sobre comarcas mejorables de la ley de Reforma y Desarrollo Agrario y la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables. El instrumento para su realizaci¨®n ser¨ªa la creaci¨®n de un Instituto Andaluz de Reforma Agraria, que preparar¨ªa los estudios t¨¦cnicos necesarios para la materializaci¨®n del proyecto y que gozar¨ªa de la titularidad de las tierras que pasen a ser propiedad de la comunidad aut¨®noma, as¨ª como de la de los derechos sobre las que sean arrendadas forzosamente. La pieza clave para poder llevar a cabo el experimento ser¨ªan las transferencias que la Administraci¨®n central tiene que hacer en materia de competencias del Icona y del IRYDA.

Las cr¨ªticas al proyecto de reforma agraria surgieron desde todas las posiciones pol¨ªticas. Para los empresarios andaluces es una injerencia en la libertad de empresa, y se critic¨® el anuncio de que la mayor parte de las fincas de Rumasa no vinculadas directamente al sector vin¨ªcola no ser¨ªan reprivatizadas. Los sindicatos de trabajadores andaluces se?alaron la escasa incidencia real del proyecto, debido a la laboriosidad de los trabajos necesarios y por el escaso uso que se pretende hacer de las posibilidades expropiatorias que marca la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables. En definitiva, fue criticada la escasa repercusi¨®n del proyecto sobre la realidad social de Andaluc¨ªa.