Reconversi¨®n, piquetes y el imperio de la ley

Hay quien piensa que las experiencias de otros pa¨ªses y el acontecer de su vida diaria en los campos pol¨ªtico, econ¨®mico y social son dif¨ªcilmente extrapolables al nuestro. Se citan, en defensa de esas tesis individualistas hispanas, toda una serie de argumentos sobre nuestra cultura, historia, costumbres y hasta clima, que culminan en la elaboraci¨®n de una peligrosa teor¨ªa aislacionista, resumida en la frase "Espa?a es diferente", frase que como eslogan tur¨ªstico puede tener justificaci¨®n, pero que como expresi¨®n de una actitud hist¨®rica en un mundo interdependiente como el actual no resiste el m¨¢s somero an¨¢lisis cr¨ªtico.Yo, por el contrario, creo que todo lo que ocurre en el entorno espa?ol -que, evidentemente, no es otro que el democr¨¢tico, occidental y europeo que nos han asignado la geograf¨ªa y la historia- puede ser aplicable, con las debidas adaptaciones y filtros, a la resoluci¨®n de los muchos problemas que Espa?a tiene planteados en estos momentos. Y de igual forma que cuando alguien quiere especializarse en ordenadores se marcha a Estados Unidos, Jap¨®n o Alemania, y no a Tanzania o a Uganda, no parece muy descabellado pedir a nuestros gobernantes que examinen c¨®mo resuelven problemas similares a los espa?oles pa¨ªses con sistemas pol¨ªticos similares al nuestro.

El ejemplo brit¨¢nico

La reconversi¨®n industrial es uno de los grandes temas que tiene planteados el Gobierno socialista, a quien hay que reconocer la valent¨ªa de coger al toro por los cuernos y abordarlo. Un toro ciertamente dif¨ªcil, de astas afiladas que producir¨¢n m¨¢s de una cogida antes de que termine la corrida. Pero que, si no se lidia, har¨¢ que Espa?a, como acertadamente ha se?alado el presidente del Gobierno, pierda el tren de la revoluci¨®n tecnol¨®gica, como ya perdi¨® en el siglo pasado el de la revoluci¨®n industrial.En este planteamiento general, todos los sectores sociopol¨ªticos del pa¨ªs est¨¢n de acuerdo -naturalmente, con los desacuerdos l¨®gicos por parte de las organizaciones sindicales, empresariales y pol¨ªticas- sobre la forma de llevarlo a cabo. Pero el principio en s¨ª no es discutido. Si la premisa es cierta, ?a qu¨¦ vienen las vacilaciones, los titubeos y la falta de decisi¨®n del Gobierno despu¨¦s de haber anunciado una reconversi¨®n, evidentemente necesaria, a bombo y platillo? Con raz¨®n se puede leer en el ¨²ltimo n¨²mero de The Economist que "la ambiciosa reestructuraci¨®n industrial espa?ola se dirige hacia un par¨®n prematuro". O dicho en otras palabras: se est¨¢ matando al ni?o antes de nacer.

Yo me permitir¨ªa recomendar al ministro de Industria, Carlos Solchaga, que estudiase con atenci¨®n la actual tensi¨®n existente en el Reino Unido entre el National Coal Board, la empresa nacionalizada del carb¨®n, y la National Union of Mineworkers, quiz¨¢ el sindicato m¨¢s militante de los agrupados en el Trade Union Congress, responsable, entre otras cosas, de la ca¨ªda del Gobierno Heath, hace 10 a?os. La fricci¨®n entre el sindicato minero y la Junta Nacional del Carb¨®n se ha producido ante la determinaci¨®n de la junta de cerrar varios pozos no productivos en diversas partes del Reino Unido, en un intento de conseguir una industria carbon¨ªfera racional y competitiva (el carb¨®n norteamericano, por ejemplo, cuesta m¨¢s barato puesto a pie de f¨¢brica que el producido por algunas cuencas brit¨¢nicas). Es posible que esta melod¨ªa le resulte familiar a Carlos Solchaga con las diversas partituras que, con nombre de Hunosas, Ensidesas, Altos Hornos e Iberias, tiene que tocar todos los d¨ªas.

El National Coal Board, presidido por un escoc¨¦s formado en la industria privada norteamericana, Ian Mac Gregor, que ha sido capaz de hacer competitiva a la Corporaci¨®n Brit¨¢nica del Acero, sigue a rajatabla las instrucciones del Gobierno de Margaret Thatcher en torno a la explotaci¨®n de empresas nacionalizadas. La filosof¨ªa es simple: ninguna empresa p¨²blica o privada que acumule p¨¦rdidas ejercicio tras ejercicio puede salvarse, y al final acaba cerrando, con la consiguiente p¨¦rdida de todos sus puestos de trabajo. Es mejor, por tanto, reconvertirla, hacerla rentable y salvar el empleo posible.

El presidente del sindicato de mineros, Arthur Scargill, un radical izquierdista de Yorkshire, uno de los condados-cuna de la industria minera brit¨¢nica, mantiene, l¨®gicamente, las tesis opuestas: son m¨¢s subsidios gubernamentales, pagados por todos los contribuyentes, y menos cierres de pozos los que se necesitan para hacer frente a la crisis. Scargill, de quien se dice, con el cl¨¢sico humor vitri¨®lico de la Prensa brit¨¢nica, que Leningrado le rechaz¨® como ciudadano honorario porque los sovi¨¦ticos le encontraron too red (demasiado rojo), ha decidido poner a prueba la determinaci¨®n del Gobierno y del National Coal Board y ha decretado no una huelga minera a escala nacional, porque para ello -de acuerdo con el Acta de Empleo de 1981- necesitar¨ªa llevar a cabo una votaci¨®n secreta entre todos los afiliados al sindicato, pero s¨ª una huelga por regiones. Y se ha encontrado con la sorpresa de que, salvo en su nativo Yorkshire -donde est¨¢n los pozos menos rentables- y en Gales del Sur -en los condados de los Midlands, Nottinghamshire y Derbyshire, los m¨¢s productivos-, los mineros han acudido a trabajar todos los d¨ªas despu¨¦s de votar localmente, por abrumadora mayor¨ªa, la continuaci¨®n del trabajo.

Pero Scargill -que sigue planteando sus reivindicaciones en t¨¦rminos de lucha de clases, cuando en el Reino Unido hace tiempo que el concepto y el vocabulario han sido desterrados de la pr¨¢ctica por la inmensa mayor¨ªa de la poblaci¨®n- ha decidido echar mano de los piquetes volantes para conseguir que los mineros de los Midlands paren su actividad laboral. Los primeros d¨ªas lo consigui¨®. Ante la intimidaci¨®n de los piquetes, varias minas de Nottingham, Lancashire y Derbyshire pararon. La violencia de los invasores produjo incluso una v¨ªctima mortal: un joven minero falleci¨® a consecuencia de un ladrillazo lanzado por los piquetes. A partir de este momento, la maquinaria legal brit¨¢nica entr¨® en acci¨®n.

No menos de 20.000 hombres de las diferentes polic¨ªas de los condados brit¨¢nicos fueron movilizados y puestos a disposici¨®n del presidente anual de la Asociaci¨®n Brit¨¢nica de Jefes de Polic¨ªa, el superintendente de Humberside, David Hall, quien instal¨® sus reales en un centro de seguimiento de la huelga instalado en Scotland Yard. Un juez decret¨® la legalidad de las acciones policiales al impedir el traslado de los piquetes de Yorkshire por las carreteras brit¨¢nicas, oblig¨¢ndoles a regresar a sus lugares de residencia. Los empresarios de l¨ªneas de autobuses fueron advertidos de que alquilar sus veh¨ªculos a los piquetes constitu¨ªa una transgresi¨®n de la ley (la Employment Act de 1981 proh¨ªbe la actuaci¨®n de piquetes fuera del lugar de trabajo) y un tribunal orden¨® la incautaci¨®n de los fondos de la secci¨®n de Yorkshire del sindicato minero (ocho millones de libras) para responder de posibles da?os. Al mismo tiempo, los pocos militantes que consiguieron llegar a los pozos donde se intentaba trabajar se encontraron un pasillo de bobbies protegiendo la entrada en la mina a aquellos trabajadores que deseaban ejercitar su derecho al trabajo.

La coacci¨®n en los conflictos

Scargill ha conseguido algo que parec¨ªa imposible hace algunos a?os: romper la unidad de los mineros enfrentando hombre a hombre, condado a condado, como en un partido de cricket, pero esta vez con v¨ªctimas. Ha arremetido contra tirios y troyanos, acusando a los medios de comunicaci¨®n de "chacales y hienas". Ha acusado al Gobierno de manipular a la polic¨ªa, algo impensable en el Reino Unido, porque, como ha declarado el superintendente Hall, "el d¨ªa en que la polic¨ªa no act¨²e por otros motivos que no sean el imperio de la ley (the rule of law) ser¨¢ una desgracia para este pa¨ªs". Y a estas horas sigue sin convocar una huelga minera a escala nacional porque no est¨¢ nada seguro de ganar la votaci¨®n secreta.Cuando por estas latitudes se ven incluso piquetes actuando contra los vendedores de la Organizaci¨®n Nacional de Ciegos, cuando todo el mundo sabe que en los conflictos laborales espa?oles impera la coacci¨®n -y no la informaci¨®n-, cuando se permite que la violencia llegue a las calles sin la intervencion disuasoria de las autoridades, hay que recordarle a este Gobierno que Margaret Thatcher lleg¨® al poder el 3 de mayo de 1979 porque la poblaci¨®n brit¨¢nica estaba harta de dos a?os de huelgas salvajes y desmanes sindicales, a los que no quiso o no pudo hacer frente el Gobierno socialista de James Callaghan. La ley no es troceable en su aplicaci¨®n. Hay que aplicarla en su totalidad, aunque sea dura.