Los nacionalistas y el 'tinglado' auton¨®mico
La generalizaci¨®n del proceso auton¨®mico, se?ala el autor de este trabajo, no gusta ni a nacionalistas, por temor a que no se respete el "hecho diferencial", ni a los centralistas, que temen a su vez el reparto del poder. Pero, en su opini¨®n, el verdadero problema reside en saber si los partidos nacionalistas pueden renunciar a ejercer una presi¨®n constante sobre el Estado sin renunciar a la vez a su propia supervivencia.
Carlos Garaikoetxea, que se ha entrevistado recientemente con el presidente del Gobierno de Elpa?a (que no con el presidente del Gobierno "de Madrid"), dijo no hace mucho que "quien haya montado el tinglado de las autonom¨ªas, que lo arregle".El PNV, que en las ¨²ltimas elecciones auton¨®micas obtuvo 415.323 votos, lo que representa el 28% del censo electoral del Pa¨ªs Vasco, no puede razonablemente, a juicio de quien esto escribe, ni descalificar la existencia de las 16 comunidades restantes ni desentenderse de lo que ellos llaman tinglado. Lo primero, porque los dem¨¢s espa?oles pueden pensar que tienen los mismos derechos que los votantes del PNV, y lo segundo, porque la digna representaci¨®n de este partido vot¨® en las Cortes favorablemente los estatutos de autonom¨ªa de las dem¨¢s comunidades.
La generalizaci¨®n
Uno teme, quiz¨¢ sin motivo, que la generalizaci¨®n del proceso auton¨®mico no gusta ni a nacionalistas ni a centralistas, y ello por distintas causas. A los primeros, porque temen que no se respete algo, difilcilmente cuantificable, que se ha dado en llamar, entre rubores, "el hecho diferencial"; a los segundos -y cabe siempre la sospecha de que el m¨¢s centralista es un antiguo autonomista metido en el Gobierno-, porque representa reparto del poder pol¨ªtico. Sin embargo, la generalizaci¨®n del proceso era y es la forma m¨¢s razonable de llegar, en el siglo XX, a un Estado pol¨ªticamente viable, donde las vindicaciones y agravios comparativos territoriales desaparezcan. Ello plantea dificultades, pero cualquier otra soluci¨®n provocar¨ªa mayores problemas.
Desde el Gobierno, estas dificultades que trae la existencia (le las autonom¨ªas suelen enunciarse en varios planos:
a) Santo temor a que las comunidades aut¨®nomas generen m¨¢s d¨¦ficit del ya abundante.
b) Dificultad de programaci¨®n sectorial sobre el territorio en asuntos tales como la agricultura, la vivienda, etc¨¦tera.
c) Peligro de que el aparato administrativo funcione peor. Aun partiendo de la hip¨®tesis de que "todo es empeorable", y teniendo en cuenta los problemas que toda implantaci¨®n conlleva, no tienen por qu¨¦ producirse tales calamidades, sino que pueden resultar a la postre beneficios. Ello exige, como en todo aquello que nace, di¨¢logo y comprensi¨®n por las dos partes y, sobre todo, generosidad pol¨ªtica a quienes ostentan la legitimidad de la naci¨®n.
El "hecho diferencial"
El "hecho diferencial", esgrimido como derecho y expresado sin ¨¦nfasis, no parece tener dificultad mayor (por ejemplo, el Pa¨ªs Vasco y Navarra disponen del a?oso y at¨ªpico sistema del cupo); sin embargo, cuando se piensa en la metaflisica de tales "hechos diferenciales", el an¨¢lisis es m¨¢s propio de te¨®logos que de pol¨ªticos, y se entra de rond¨®n en el terreno pantanoso de los "sentimientos y conciencias", donde es imposible entenderse. A este respecto, quiz¨¢ quepa recordar aquella frase, atribuida a Caro Baroja, en la que se dec¨ªa que "el verdadero hecho diferencial espa?ol es que haya ricos y pobres".
La lengua es un "hecho diferencial", y nadie lo discute, pero de ah¨ª no cabe deducir que unos ciudadanos tengan m¨¢s derechos civiles que otros, y en esto ¨²ltimo una democracia debe ser especialmente escrupulosa. En definitiva, parece razonable enunciar que las comunidades aut¨®nomas del art¨ªculo 151 de la Constituci¨®n deben alcanzar lo antes, posible la plena capacidad pol¨ªtica que sus generosos estatutos recogen, pero ello nunca debiera entrar en corttradicci¨®n con la progresiva implantaci¨®n del sistema auton¨®mico en el resto de Espa?a.
?Tiene algo que ver con el "hecho diferencial" vasco o catal¨¢n el que una escuela de Parla, un instituto de M¨¦rida o un centro de salud de Lorca est¨¦n gestionados por sus respectivos Gobiernos regionales?
En definitiva, en un Estado que aspira no ya a un reparto territorial del poder pol¨ªtico, como es el que dibuja la Constituci¨®n espa?ola, sino a una simple descentralizaci¨®n administrativa, los servicios m¨¢s inmediatos hacia la poblaci¨®n, tales como la escuela, la salud o la asistencia social, deben descentralizarse sin dramatismo pol¨ªtico alguno.
El 2 de agosto de 1931 se aprob¨® en refer¨¦ndum el estatuto catal¨¢n; el 5 de noviembre de 1933, el vasco, y el 28 de junio de 1936, el gallego. De no haber estallado la guerra civil, es seguro que el sistema se hubiese generalizado. Toda la oposici¨®n democr¨¢tica al franquismo defendi¨® los derechos hist¨®ricos que tales referendos consagraron; no parece excesivo pedir ahora a los nacionalistas que ayuden en la construcci¨®n del Estado de las autonom¨ªas. Ello se concreta as¨ª: a) que afirmen el derecho de las dem¨¢s comunidades a alcanzar, en un tiempo razonable, el nivel de autogobierno que la Constituci¨®n prev¨¦, y b) que no dibujen en el horizonte la nube, que har¨ªa inviable el propio Estado, de la permanente subida de su generoso techo auton¨®mico.
La soluci¨®n, por desgracia, no est¨¢,en declaraciones m¨¢s o menos sinceras o en intenciones peores o mejores, sino en los posicionamientos objetivos, y, en este sentido, hay una pregunta que ronda en la cabeza de la mayor parte de los espa?oles preocupados por la cosa p¨²blica. Es ¨¦sta: ?pueden renunciar los partidos nacionalistas a la tensi¨®n permanente sobre el Estado sin renunciar a su supervivencia? De la respuesta subjetiva que estos partidos se den a s¨ª mismos dependen en Espa?a muchas cosas. Ah¨ª est¨¢ el verdadero tinglado.
es presidente de la Comunidad Aut¨®noma de Madrid.
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