El juez mantiene en prisi¨®n a Palaz¨®n y dicta auto de prisi¨®n contra un industrial

El titular del juzgado encargado de delitos monetarios, Luis Lerga, acord¨® ayer desestimar los recursos presentados por Francisco Javier Palaz¨®n y el matrimonio Garc¨ªa de Enterr¨ªa, y mantener en prisi¨®n al principal encausado en la evasi¨®n de capitales y no retirar las fianzas de 25 millones de pesetas para el catedr¨¢tico de Derecho Administrativo y su esposa. Por otra parte, el juez dict¨® auto de prisi¨®n contra el industrial Santiago Muguiro, que deposit¨® una fianza de 15 millones de pesetas, por lo que ha quedado en libertad provisional.

El juez ha mantenido en prisi¨®n a Palaz¨®n por considerar que el diplom¨¢tico es residente en el extranjero y su actividad gestora en Suiza le convert¨ªa en incitador o en colaborador para el tr¨¢nsito de flujos importantes de dinero pertenecientes a residentes espa?oles que se transfer¨ªan a cuentas en el extranjero. Adem¨¢s el juez ha tenido en cuenta que los capitales que Palaz¨®n administraba en Suiza exceden notablemente de 50 millones de pesetas. Estos argumentos coinciden b¨¢sicamente con los expuestos en el escrito del fiscal Manuel Villanueva en el que ped¨ªa la confirmaci¨®n de las citadas resoluciones judiciales.El abogado de Palaz¨®n, Miguel Bajo, critic¨® la decisi¨®n judicial se?alando que los argumentos del juez y del fiscal "no son v¨¢lidos" ya que seg¨²n la interpretaci¨®n que se hace de la ley, "convertir¨ªan en delincuentes a todos los banqueros suizos por el simple hecho de administrar capitales pertenecientes a espa?oles". El abogado de Palaz¨®n, que tambi¨¦n defiende al implicado Carlos Varela, entiende que el legislador al crear los delitos monetarios no pens¨® jam¨¢s en una extensi¨®n del car¨¢cter represivo de la ley hasta esos extremos.

Miguel Bajo ha presentado un escrito en el juzgado en el que ha solicitado que se levante el secreto del sumario con todas sus consecuencias y ha pedido igualdad de trato con el ministerio fiscal sobre el conocimiento del proceso. El abogado ha pedido tambi¨¦n que se facilite a Palaz¨®n el control de sus asuntos profesionales desde la prisi¨®n.

En el auto que confirma las fianzas de Garc¨ªa de Enterr¨ªa y su mujer, Amparo Lorenzo-Vel¨¢zquez, se explican razonadamente los motivos del instructor para dictar la libertad provisional con una fianza de 25 millones cada uno. El auto indica que existen indicios para suponer la implicaci¨®n del matrimonio en un delito monetario por un importe de 278 millones de pesetas. El auto, en medios jur¨ªdicos consultados ha sido calificado de "duro". Estas fuentes han asegurado que hab¨ªa habido presiones sobre el magistrado Lerga para que redujera la fianza del catedr¨¢tico, motivo por el que ¨¦ste habr¨ªa decidido expresarse en t¨¦rminos duros.

El juez decret¨® ayer la prisi¨®n del industrial Santiago Muguiro Gil de Biedma, pero ¨¦ste constituy¨® una fianza de 15 millones de pesetas que hab¨ªa sido exigida por el juez y qued¨® en libertad provisional. Muguiro est¨¢ acusado de haber entregado a Palaz¨®n 100 millones de pesetas y hab¨ªa declarado ante el juez el d¨ªa 14, a petici¨®n propia, debido a su situaci¨®n f¨ªsica.

El diplom¨¢tico Jos¨¦ Antonio Maeso Ducloux, que declar¨® ayer ante el juez, qued¨® en libertad sin cargos. A las doce del mediod¨ªa, una persona desconocida pero relacionada con el caso que sal¨ªa del juzgado dijo a los periodistas: "El que est¨¦ libre de culpa que tire la primera piedra. La Ley est¨¢ anticuada. Esto es una mierda".

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Melitino Garc¨ªa Carrero, manifest¨® en una conferencia de prensa que no ha sido comisionado espec¨ªficamente por el Gobierno para actuar como portavoz, pero que informaba por la especial cualificaci¨®n que le otorga el ser el titular de la fiscal¨ªa. Garc¨ªa Carrero dijo que entre las 18 primeras personas que han declarado ante el juez abarcan 1.300 millones de pesetas del total de 2.000 o 2.300, depende de la fluctuaci¨®n del cambio, que se est¨¢n investigando. El fiscal reconoci¨® que de las investigaciones parecen deducirse adem¨¢s de delitos contra el r¨¦gimen de control de cambios.