La agricultura familiar, ante la adhesi¨®n a la CEE

Tomando como referencia la Encuesta de Poblaci¨®n Activa (EPA), podemos considerar ex plotaciones familiares a las equivalentes con "ocupados en sentido estricto en el sector agrario, que sean empresarios sin asalariados y trabajadores independientes". Estos son los datos de ocupados en sentido estricto en 1985 (primer trimestre) para el sector agrario (excluido el sector pesquero): 25.600 empleadores, 829.500 empresarios sin asalariados, 413.800 ayudas familiares, 491.100 asalariados y 3.000 no clasificados; en total, 1.763.000 ocupados.A falta a¨²n de los resultados totales del censo agrario de 1982, estos datos constituyen una aproximaci¨®n seguramente por exceso del n¨²mero de explotaciones familiares. Nos encontramos con que, junto a los asalariados agrarios fijos o eventuales sin tierras, las explotaciones agrarias familiares, que a su vez emplean un volumen importante de ayudas familiares, constituyen uno de los componentes b¨¢sicos del tejido social del campo espa?ol.

Bajo nivel de renta

Este amplio conjunto de peque?as y mediadas explotaciones agrarias familiares es, junto al de los asalariados agrarios, perceptor de los niveles de renta m¨¢s bajos del sector. Utilizando como referencia los datos de las encuestas de presupuestos familiares de 19713-1974 y 1980-1981 y como indicadores los gastos de consumo por hogar y los ingresos por hogar para las diversas categor¨ªas socioecon¨®micas de activos agrarios y para el total de activos no agrarios, se obtiene que las diferencias de rentas dentro del sector han seguido siendo muy significativas durante el per¨ªodo considerado, y en algunos casos superiores a las existentes entre activos agrarios y activos nd agrarios. Los datos se reflejan en el cuadro adjunto.

Destaca en particular el bajo nivel de rentas que presentan los empresarios sin asalariados (presumiblemente las explotaciones familiares), que parecen aproximarse a las que percibe el colectivo resto de activos agrarios (principalmente asalariados agrarios), tanto desde la perspectiva de los gastos de consumo como de los ingresos por hogar. Estos datos, dadas sus limitaciones (obs¨¦rvense las diferencias por indicadores y la incidencia que sobre los mismos pueden haber tenido aspectos coyunturales, como la mala cosecha de 1981), han de ser manejados con prudencia. Pero nos ponen en la pista de un fen¨®meno muy preocupante y deficientemente conocido: que un porcentaje posiblemente mayoritario de nuestras explotaciones agrarias familiares no permite alcanzar a sus tituares niveles de renta m¨ªnimamente suficientes. De otro modo, que su tama?o, su equipamiento t¨¦cnico, sus orientaciones productivas -en definitiva, su estructura-, impiden que muchas de estas explotaciones sean econ¨®micamente viables.

Ciertamente, el concepto de explotaci¨®n viable no est¨¢ bien definido, ni resulta f¨¢cil hacerlo, pues, por ejemplo, en la agricultura a tiempo parcial, que reviste una importancia notoria y creciente, la mayor o menor racionalidad econ¨®mica se ajusta a las posibilidades de dedicaci¨®n a la explotaci¨®n. Este relativo desconocimiento es debido fundamentalmente a la ausencia -esperemos que ya por poco tiempo- de fuentes estad¨ªsticas fiables que permitan clasificar las explotaciones por tipos de aprovechamiento y unas medidas de viabilidad econ¨®mica, como puede ser el margen bruto est¨¢ndar utilizado en la CEE.

Pero, a pesar de, todo, no puede aceptarse la posici¨®n de quienes piensan que ayudar a las explotaciones actualmente no viables es improcedente desde el punto de vista de la eficiencia econ¨®mica, porque se trata de subvencionar inversiones en empresas que van a continuar siendo marginales.

Ayudas espec¨ªficas

Muy al contrar¨ªo, hemos de preocuparnos seriamente por el futuro que aguarda a estas explotaciones ante la adhesi¨®n al Mercado Com¨²n agr¨ªcola, tratando de promover su urgente modernizaci¨®n para que alcancen la viabilidad econ¨®mica al menos durante el llamado per¨ªodo transitorio. No actuar as¨ª equivaldr¨ªa a forzar un nuevo episodio de reconversi¨®n del sector que, en contraposici¨®n al que tuvo lugar,en los a?os cincuenta y sesenta, ser¨ªa ahora econ¨®micamente inviable y social y pol¨ªticamente mucho m¨¢s regresivo.

Tradicionalmente, por parte del Ministerio de Agricultura se han venido instrumentando diversas l¨ªneas de ayuda t¨¦cnico-econ¨®mica para la modernizaci¨®n de explotaciones, que, bajo la forma de cr¨¦ditos a bajo inter¨¦s y subvenciones, han pretendido inducir una elevaci¨®n de su nivel de capitalizaci¨®n. Del mismo modo se han aplicado planes de reestructuraci¨®n y reconversi¨®n de algunos sectores, como el de producci¨®n lechera, el del olivar, etc¨¦tera.

La existencia de estas l¨ªneas de ayuda, utilizadas en algunos casos con fines claramente electorales (recordemos, como ejemplo m¨¢s reciente, el llamado Plan de Capitalizaci¨®n Agraria, lanzado por el ¨²ltimo Gobierno de UCD seis meses antes de las elecciones legislativas de 1982), no permite eludir la hip¨®tesis de que hayan beneficiado mayoritariamente a un reducido n¨²mero de explotaciones, precisamente a las que ten¨ªan m¨¢s posibilidades de endeudamiento y m¨¢s capacidad de iniciativa, condiciones menos frecuentes en la agricultura familiar.

As¨ª, pues, promover medidas de modernizaci¨®n general de la agricultura sin delimitar simult¨¢neamente las caracter¨ªsticas de los beneficiarios de estas medidas conducir¨ªa muy probablemente a la inutilidad de las mismas para reducir las desigualdades de rentas anteriormente se?aladas.

Este ha sido el planteamiento habitual de quienes, ampar¨¢ndose en la defensa del sector globalmente considerado y enarbolando la bandera de un gen¨¦rico agrarismo, han propugnado objetivos como el de precios altos para todos, olvidando u ocultando que las mayores diferencias de rentas se encontraban a menudo dentro del propio sector agrario.

Lo que se requiere son ayudas espec¨ªficas para la modernizaci¨®n de los colectivos m¨¢s necesitados del sector, y en este caso para los titulares de explotaciones agrarias familiares, que contribuyen con un porcentaje b¨¢sico a la producci¨®n final agraria. Este enfoque no es, por otra parte, nada revolucionario, ni siquiera novedoso. Desde 1972 existen en la Comunidad Econ¨®mica Europea, a la que vamos a incorporarnos, directivas que discriminan en favor de ciertos colectivos.

El n¨²cleo de la llamada pol¨ªtica socioestructural comunitaria, que hoy se contiene b¨¢sicamente en el Reglamento 797/85 de la CEE, sobre mejora de la eficacia de las estructuras agrarias, est¨¢ definido en favor de los agricultores j¨®venes, las zonas de monta?a y rurales desfavorecidas y las explotaciones agrarias de car¨¢cter familiar. Es decir, para unas zonas geogr¨¢ficas y unos colectivos sociales concretos.

Estos son los objetivos que al parecer han venido orientando la pol¨ªtica de estructuras agrarias llevada a cabo por el Ministerio de Agricultura en su ¨²ltima etapa, y que en estos d¨ªas se concreta en el lanzamiento de un nuevo programa de ayudas especialmente dise?ado para los titulares de las aproximadamente 500.000 explotaciones familiares.