El juez archiva la querella contra el Consejo de Administraci¨®n de Inmobiliaria Puente Cultural
El titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 30 de Madrid, Jos¨¦ Luis Barrag¨¢n, archiv¨® ayer el procedimiento que se segu¨ªa contra el nuevo consejo de administraci¨®n de Inmobiliaria Puente Cultural, SA, al considerar que no ha existido delito, despu¨¦s de haber tomado declaraci¨®n a varios de los querellados.El presidente del anterior consejo de la sociedad, Ignacio L¨¢zaro Ocha¨ªta, hab¨ªa presentado querella criminal contra la nueva direcci¨®n por presunto delito de falsedad en documento mercantil. A este querella se unieron las presentadas por otros 850 accionistas.
El nuevo consejo, seg¨²n consta en el Registro Mercantil, est¨¢ formado por Alejandro de la Fuente Due?as, Yolanda Mart¨ªn Pereira y ?ngel Nu?ez Calvo que, seg¨²n fuentes de la empresa, compraron en mayo la totalidad de las acciones registradas de la inmobiliaria. Formalmente, en ese mes la sociedad aparec¨ªa con un capital social de dos millones de pesetas, aunque ahora constan 230 al haberse inscrito en el mes de julio una ampliaci¨®n efectuada en 1977.
Los accionistas querellantes -casi 5.000 peque?os ahorradores de avanzada edad invirtieron all¨ª su dinero- afirman, sin embargo, que el capital social real es de 1.925 millones de pesetas, como figura en sus acciones. Los accionistas tienen sus p¨®lizas de compra debidamente intervenidas por corredor de comercio, e incluso los resguardos provisionales de las acciones, pero no figura inscrita en el registro la ampliaci¨®n de capital correspondiente.
El consejo de administraci¨®n ahora depuesto se nombr¨® en junta general de accionistas en 1981 y su labor fundamental fue levantar las hipotecas existentes sobre los inmuebles y evitar as¨ª su embargo. Este a?o la sociedad quedaba pr¨¢cticamente libre de deudas.
El consejo presidido por L¨¢zaro Ocha¨ªta fue requerido notarialmente el pasado 20 de julio por el nuevo presidente para que entragara la documentaci¨®n y el domicilio social, lo que se llev¨® a cabo el pasado 1 de agosto "a fin de evitar males mayores a la inmobiliaria", seg¨²n comunicaba el propio L¨¢zaro Ocha¨ªta a los accionistas en una carta con fecha de 30 de julio. En ella daba cuenta tambi¨¦n de la interposici¨®n de la querella criminal, ahora archivada, en la que se ped¨ªa, entre otras cosas, el nombramiento de tres interventores judiciales.
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