Directivos de Industrias Sala, del grupo Rumasa, acusados de falsear pagos a Hacienda

Tres altos cargos de Industrias Sala, la ¨²ltima empresa textil propiedad personal de Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos pendiente de reprivatizaci¨®n, prestaron declaraci¨®n el viernes ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 16 de Barcelona, a consecuencia de una querella en la que se les acusa de falsificaci¨®n de certificaciones de pago a Hacienda, apropiaci¨®n indebida y delito social. Los presuntos delitos fueron cometidos durante los a?os 1980, 1981 y 1982. Los querellantes -23 trabajadores de la empresa-, acompa?aron documentos originales al juzgado, consistentes en cartas de pago a Hacienda selladas por el Banco del Noroeste, del mismo holding Rumasa.Los pagos, sin embargo, nunca llegaron a realizarse efectivamente, seg¨²n ha podido averiguarse en la Delegaci¨®n de Hacienda de Barcelona. La presunta defraudaci¨®n asciende a unos 400 millones de pesetas.

El firmante de los documentos, por parte de la empresa, es el director financiero de la misma, C¨¦sar Neira, que ostentaba el mismo cargo durante la ¨¦poca anterior a la expropiaci¨®n. Los trabajadores se han querellado asimismo contra el director general, Salvador Serra y el administrador ¨²nico, Joaqu¨ªn Guilera. Los tres prestaron declaraci¨®n el viernes, una vez admitida a tr¨¢mite la querella. Los altos cargos argumentaron, al parecer, que ignoraban el hecho y que las cartas de pago les ven¨ªan confeccionadas desde Madrid.

Privatizacion pendiente

Industrias Sala fue otorgada para su reprivatizaci¨®n por el Consejo de Ministros al grupo Levantina de Almacenes, en julio pasado, sin que la operaci¨®n haya llegado todav¨ªa a materializarse, por lo que depende a¨²n de la Direcci¨®n General del Patrimonio del Estado. La situaci¨®n de deterioro por la que atraviesa la empresa, pendiente de un proyecto de viabilidad que, de momento, ha sido rechazado, ha conducido a la plantilla a diversas acciones de protesta y negociaci¨®n con la Administraci¨®n. Se trata de una de las primeras empresas del ramo del agua, con una plantilla en la actualidad de unos 230 trabajadores.La querella fue interpuesta a primeros de diciembre. En ella se afirma que la empresa estaba en posesi¨®n de las cartas de pago a la Hacienda P¨²blica de varios per¨ªodos, en las que figuraba como efectivamente liquidado el importe del Impuesto sobre el Rendimiento de las Personas F¨ªsicas, retenido a los trabajadores, mediante ingreso en una oficina del Banco del Noroeste.

La Direcci¨®n General del Patrimonio ratific¨® a los querellantes que, efectivamente, existe una falsificaci¨®n en las cartas de pago. Se da la circunstancia, seg¨²n fuentes laborales, de que los per¨ªodos de cotizaci¨®n figuraban asimismo ,como pagados en la Delegaci¨®n, de Hacienda de Barcelona y hab¨ªan sido archivados como tales. Seg¨²n las mismas fuentes, se considera imprescindible la intervenci¨®n de alg¨²n funcionario de Hacienda para lograr el archivo de cantidades pendientes de pago.