El presupuesto de la CE, en entredicho

Con el tel¨®n de fondo de la crisis presupuestaria de la comunidad europea (v¨¦ase EL PA?S de ayer), se presenta el contencioso del presupuesto actual. El autor recuerda que en la CE comparten la autoridad presupuestaria tres centros: la Comisi¨®n, que propone; el Consejo, que decide sobre los gastos obligatorios (casi el 80% del presupuesto), y el Parlamento, que establece los gastos no obligatorios (fundamentalmente las pol¨ªticas estructurales). Para establecer el presupuesto definitivo se sigue un procedimiento de doble lectura, completado con la existencia de un sistema de concertaci¨®n flexible para poder lograr el acuerdo final.

En al actual presupuesto no se ha logrado el acuerdo. Ello hab¨ªa ocurrido ya en 1980 y 1985, pero con caracter¨ªsticas diferentes, porque en esta ocasi¨®n el Parlamento no ha rechazado el presupuesto, sino que lo ha aprobado superando su margen de maniobra. La consecuencia es que el presupuesto se encuentra en estos momentos recurrido ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.La ra¨ªz del problema reside, b¨¢sicamente, en la actitud restrictiva del Consejo de Ministros, que supuso -en primera lectura- un recorte muy importante de los cr¨¦ditos para hacer frente a la ampliaci¨®n y a la carga del pasado. En este tr¨¢mite, el Parlamento reintrodujo casi ¨ªntegramente las cifras propuestas por la Comisi¨®n. En segunda lectura, el Consejo dio un tajo a la demanda del Parlamento de 1.128 millones de ECU, pero ¨¦ste reintrodujo, al aprobar definitivamente el presupuesto, 475 millones de ECU.

El Consejo, con algunos Estados miembros, interpuso recurso ante el Tribunal de Justicia, el cual ha decidido, cautelarmente, que se ejecute de momento el presupuesto del Consejo. Ello ha supuesto una reducci¨®n del orden del 7,6% en los - cr¨¦ditos de compromiso y del 15% en los de pago.

Con ello se ha acelerado la crisis, sobre todo la del Fondo Social, que debe adelantar por imperativo legal el 50% del importe del proyecto. Adem¨¢s, al no estar afectadas las l¨ªneas presupuestarias por pa¨ªses, se corre el riesgo de que el recorte afecte por igual a todos, los que tienen ya proyectos y los nuevos miembros.

Pero hay otro aspecto del actual presupuesto que tiene importancia, y es el de la insuficiencia de los cr¨¦ditos previstos. El primer cap¨ªtulo que se queda claramente corto es el correspondiente a los gastos agr¨ªcolas de garant¨ªa. El presupuesto est¨¢ elaborado sobre la base de una cotizaci¨®n de un d¨®lar equivalente a 1,20 ECU. La Comisi¨®n estima que cada 0,01 ECU de ca¨ªda en la cotizaci¨®n del d¨®lar supone un aumento de 100 millones de ECU para subvencionar las exportaciones. En la actualidad, la cotizaci¨®n se mueve en torno a un d¨®lar = 1,04 ECU. En consecuencia, la Comisi¨®n estima las necesidades adicionales en unos 1.000 millones de ECU, suponiendo que se acepte su propuesta de precios y medidas conexas, que comportan ahorros y econom¨ªas de gesti¨®n.

Y suma y sigue: la devoluci¨®n al Reino Unido de unos 400 millones de ECU por necesidades adicionales correspondientes a 1984 y 1985, y la eventual reducci¨®n de los ingresos arancelarios consecuencia del adelantamiento de las rebajas arancelarias de la Ronda de Tokio, por importe de 200 millones.

A ello hay que a?adir las necesidades de cr¨¦ditos suplementarios para garantizar el normal funcionamiento de los fondos estructurales, que han sido estimados por la Comisi¨®n en unos 1.169 millones de ECU (Fondo Social, 500 millones; Feder, 493 millones, y Feoga Orientaci¨®n, 176 millones).

Gastos agr¨ªcolas

Dado que los gastos agr¨ªcolas son obligatorios, imprevisibles e incomprensibles, y que la decisi¨®n del Tribunal de Justicia, si se confirma en la sentencia final, supone una reducci¨®n respecto del presupuesto aprobado, se plantea el problema del l¨ªmite de los recursos disponibles (que es del 1,4% de la base imponible del IVA). Por ello, la defensa que ha hecho el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo solicitando la presentaci¨®n de un presupuesto suplementario que cubra ¨ªntegramente las necesidades de los fondos estructurales, es la que mejor puede garantizar su funcionamiento.Este tema no se discutir¨¢ s¨®lo en Estrasburgo; las Cortes, como los dem¨¢s Parlamentos nacionales, tendr¨¢n que debatir sobre la parte al¨ªcuota que corresponde a Espa?a en este cr¨¦dito, y tiene gran importancia para Espa?a y Portugal a la vista de que una de las razones del desequilibrio financiero de los fondos estructurales es un incremento en los pagos previstos para el Feder para Espa?a y Portugal, que superan en 400 millones de ECU (54.000 millones de pesetas) las cifras anteriormente estimadas, y de que nuestra contribuci¨®n a ese presupuesto suplementario ser¨¢ muy reducida como consecuencia del mecanismo financiero previsto en el Acta de Adhesi¨®n (alrededor de 4.000 millones de pesetas).

La prolija exposici¨®n anterior permite ver la crisis con que se enfrenta la Comunidad en su triple vertiente: la del enfrentamiento de los poderes comunitarios -en este momento, fundamentalmente, entre Consejo y Parlamento-; la existente entre los pa¨ªses miembros en el seno del Consejo, y la planteada entre fuerzas pol¨ªticas, b¨¢sicamente entre conservadores; democristianos y socialistas.

Lo que s¨ª parece claro, como l¨ªnea fundamental del debate en curso, es que, mirando m¨¢s all¨¢ de la fr¨ªa realidad de los n¨²meros, el debate abierto en la CEE en estos momentos tiene una respuesta progresista en la exigencia de fortalecimiento de los fondos estructurales, que son el ¨²nico instrumento pol¨ªtico que puede garantizar una mayor igualdad en el seno de la Comunidad ampliada, m¨¢s a¨²n en la perspectiva del desarrollo del mercado interior. Ello exige, como contrapartida, que se produzca la necesaria reforma de la. pol¨ªtica agr¨ªcola com¨²n, que ha llegado al l¨ªmite de su l¨®gica, generando beneficios extraordinarios; para las grandes explotaciones m¨¢s productivas en los productos continentales m¨¢s excedentarios. La pol¨ªtica de estructuras y rentas preconizada -sin ¨¦xito- hace m¨¢s de 15 a?os por el Informe Mansholt debe ser replanteada. para que la Comunidad sea coherente con las decisiones de avance y consolidaci¨®n que se ha fijado en s¨ª misma a plazo con el Acuerdo de Luxemburgo. Actuar en esta l¨ªnea puede permitir que la crisis que se ha abierto en la CEE pueda tener una salida de consolidaci¨®n. y avance de la misma.