Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos estaf¨® al Estado despu¨¦s de la expropiaci¨®n de Rumasa, seg¨²n fuentes policiales

Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos estaf¨® al Estado despu¨¦s de la expropiaci¨®n de Rumasa, el 23 de febrero de 1983, seg¨²n fuentes policiales. La estafa se realiz¨® utilizando letras de cambio firmadas posteriormente a la medida adoptada por el Gobierno, pero en las que se reflejaba una fecha anterior a la expropiaci¨®n, para que el Estado se hiciera cargo de estas obligaciones. El Gobierno autoriz¨® -como cebo para demostrar la operaci¨®n- el pago de letras por valor de 20 millones de pesetas, cobrados por el ahogado Rafael O?os Caro, representante de los intereses de Ruiz-Mateos en Sevilla y principal supuesto implicado en estas operaciones detectadas por la Brigada de Interior, dirigida entonces por el subcomisario Mariano Baniandr¨¦s. Ruiz-Mateos ha negado en el sumario que firmara esas letras de cambio y argumenta que su r¨²brica fue falsificada.

El entonces director general del Patrimonio del Estado, Javier Moral, ha reconocido a este peri¨®dico que, efectivamente, se autoriz¨® el pago de esas letras firmadas supuestamente: por Ruiz-Mateos, por un importe total de 20 millones de pesetas, a, su abogado-representante Rafael O?os Caro, detenido en Sevilla el 2 de noviembre de 1983 y procesado por malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. Seg¨²n Moral, el pago fue autorizado para que la polic¨ªa pudiera seguir las investigaciones y detener a todos los implicados en una importante estafa al Estado, detectada por esta brigada policial, que supuestamente llevaba a cabo Ruiz-Mateos despu¨¦s de la expropiaci¨®n de Rumasa.Seg¨²n las investigaciones de la Brigada de Interior, Ruiz-Mateos dispon¨ªa de un flincionario de la Casa de la Moneda que le facilitaba letras que ya estaban fuera de circulaci¨®n por su antigua numeraci¨®n, y un notario levantaba protocolo falso de determinadas operaciones, de forma que las letras ilegales eran firmadas por Ruiz-Mateos despu¨¦s de la expropiaci¨®n, pero con fecha anterior a ¨¦sta, con el fin de que el Estado -la Rumasa expropiada- se hiciera cargo de las mismas. Las letras deb¨ªan ser cobradas por particulares implicados en la operaci¨®n, que despu¨¦s repart¨ªan el dinero seg¨²n hab¨ªan convenido.

El subcomisario Mariano Baniandr¨¦s y el inspector Juan Jos¨¦ Medina Lozano informaron a Javier Moral de la operaci¨®n. Moral ha confirmado que el sistema consist¨ªa en que Ruiz-Mateos firmara letras a particulares como si Rumasa, les debiera determinadas cantidades de dinero, presuntamente por compra de alguna empresa. Las letras se consegu¨ªan ilegalmente, el notario levantaba procotolo falso y las letras eran firmadas a nombre de un particular implicado en la operaci¨®n, que cobraba y repart¨ªa posteriormente el dinero. Las letras eran firmadas despu¨¦s de la expropiaci¨®n, pero con fecha anterior a ¨¦sta, para hacer creer que el Estado se deb¨ªa hacer cargo de las mismas.

Moral reconoce que vio las letras por valor de 20 millones con la firma de Ruiz-Mateos, primero en blanco, fotocopiadas, junto a un ejemplar de EL PA?S de fecha posterior a la expropiaci¨®n y posteriormente fechadas antes de la medida del Gobierno. Aunque afirma que el sistema era un poco compilicado y la Rumasa expropiada estableci¨® un severo control en la contabilidad, Javier Moral puso en funcionamiento la operaci¨®n para detectar a los estafadores y trasmiti¨® todo el informe recibido por los miembros de la Brigada de Interior al ministro de Econom¨ªa, Miguel Boyer, y al vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra.

Mariano Baniandr¨¦s, jefe de la Brigada de Interior, decidi¨® investigar a fondo el caso Rumasa al detectar la preocupaci¨®n existente en altos niveles del partido socialista y del Gobierno para que se encontraran pruebas de suficiente peso que justificasen la medida expropiatoria del Ejecutivo. El polic¨ªa Juan Jos¨¦ Medina Lozano -posteriormente procesado en este caso por supuesta malversaci¨®n de fondos- investig¨®, junto con el empresario del alcohol Jos¨¦ Mois¨¦s Dom¨ªnguez Saiz -confidente de la Direcci¨®n General de Aduanas y procesado tambi¨¦n en el caso-, esta estafa con malversaci¨®n de caudales p¨²blicos.

Ambos estaban investigando paralelamente el tr¨¢fico internacional del alcohol y segu¨ªan la pista muy de cerca al industrial Rom¨¢n Cantarero, propietario de la empresa madrile?a Alcoholeras Reunidas. En esas investigaciones, Medina conoce, a trav¨¦s de Dom¨ªnguez, al abogado de Ruiz-Mateos en Sevilla, Rafael O?os Caro. ?ste es quien les comenta la operaci¨®n fraudulenta, para lo cual deben cobrarse las primeras letras de 20 millones para pagar al funcionario de la Casa de la Moneda y al notario, y posteriormente se firmar¨ªan otras por cantidades muy superiores, a nombre de Mois¨¦s Dom¨ªnguez como pago a una supuesta compra de una de sus empresas del alcohol que se llamaba Skil, SA. Las letras ir¨ªan a nombre de Dom¨ªnguez, que ser¨ªa el encargado de cobrarlas y posteriormente repartir el dinero.

Obviamente, Medina no es presentado como polic¨ªa, sino como abogado de Dom¨ªnguez, para concretar la operaci¨®n con el representante de Ruiz-Mateos, el abogado Rafael Oflos Caro. En estas reuniones, O?os les ense?a las letras en blanco, que Medina fotocopia junto con EL PA?S de la fecha -posterior a la expropiaci¨®n-, y, seg¨²n las investigaciones policiales, O?os se traslada posteriormente a Londres, de donde regresa con las letras supuestamente firmadas por Ruiz-Mateos.

Letras y fotocopias

Baniandr¨¦s y Medina se desplazan entonces al despacho de Javier Moral, del que depend¨ªa la Rumasa expropiada, y le ense?an la fotocopia con las letras en blanco y posteriormente firmadas con fecha anterior a la expropiaci¨®n. Le explican en qu¨¦ consiste la estafa y c¨®mo est¨¢ preparada la operaci¨®n. Como an¨¦cdota, Baniandr¨¦s y Medina comentaron al director general del Patrimonio la falta de medios con que contaban en la brigada para llevar a cabo la investigaci¨®n, e incluso le solicitaron veh¨ªculos para poder seguir a los implicados. Moral se los facilit¨® inmediatamente.

El Gobierno autoriz¨® a la Rumasa expropiada el pago de las primeras letras de 20 millones, como ha reconocido a este peri¨®dico Javier Moral, quien precisa que se autoriz¨® con el fin de que la polic¨ªa pudiera concluir sus investigaciones.

Sin embargo, a los dos d¨ªas de que Baniandr¨¦s y Medina informaran a Moral de la estafa en el despacho de ¨¦ste ¨²ltimo, el ministro del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, ces¨® al jefe de la Brigada de Interior. Su sucesor, Alberto El¨ªas -procesado actualmente por infidelidad de documentos en el sumario Rumasa-, no consigui¨® concluir la operaci¨®n con ¨¦xito.

Seg¨²n las investigaciones policiales, el funcionario de la Casa de la Moneda consegu¨ªa letras que deb¨ªan haber sido retiradas de la circulaci¨®n por su numeraci¨®n antigua. Estas letras eran utilizadas posteriormente, mientras el notario levantaba protocolo falso de esas operaciones. El notario dejaba algunos n¨²meros de su registro en blanco, de forma que luego registraba en ellos operaciones que se llevaban a cabo posteriormente a la expropiaci¨®n. Las letras se firmaban con fecha anterior a la expropiaci¨®n, como si Rumasa pagara a particulares supuestas deudas contra¨ªdas por la compra de alguna empresa o cualquier otro rricitivo, seg¨²n explica Moral.

El director general del Patrimonio reconoce que el dispositivo se puso en marcha para descubrir toda la operaci¨®n, a pesar de que en los libros de contabilidad de la Rumasa ya expropiada no figurar¨ªan esas letras y seguramente, no se hubieran pagado.

Fuentes policiales informaci¨®n que en esas fechas se detect¨® lasupuesta compra de la empresa de Mois¨¦s Dom¨ªnguez que era el cebo para desarticular a los implicados, pero hab¨ªa otras operaciones en marcha de este mismo tipo. El polic¨ªa Juan Jos¨¦ Medina fue quien descubri¨® los zulos de Rumasa donde se encontraban los balances econ¨®micos de las empresas del holding, datos fundamentales que aclararon la situaci¨®n del grupo de Ruiz-Mateos.