Dos a?os de forcejeo sobre la nueva f¨®rmula
J. L. M. I.El proceso negociador de la nueva f¨®rmula de financiaci¨®n, que regir¨¢ para todas las autonom¨ªas a partir de 1987, se puso en marcha en febrero de 1985. Catalu?a, la comunidad que m¨¢s hab¨ªa exteriorizado sus discrepancias con el modelo provisional existente, plante¨® la necesidad de iniciar la negociaci¨®n y el conseller Josep Maria Cullell, con el respaldo de todos los partidos catalanes, pidi¨® formalmente que se cumpliera la previsi¨®n de acabar la provisionalidad al cumplirse los seis a?os de vigencia.
Algunas voces de la Administraci¨®n, como la del entonces ministro de Administraci¨®n Territorial, Tom¨¢s de la Quadra -con cierta timidez-, y la del secretario de Estado de Hacienda, Jos¨¦ Borrell -con mayor decisi¨®n-, hab¨ªan reconocido meses antes "la necesidad de ajustar el sistema". Luego, en el debate del a?o 1984 sobre el estado de la naci¨®n, el presidente Gonz¨¢lez admiti¨® la inadecuaci¨®n del sistema vigente.
A partir de febrero de 1985 comenzaron de nuevo negociaciones entre Miguel Boyer y Jos¨¦ Borrell, por un lado, y Jordi Pujol y Josep Maria Cullell por otro. Los socialistas catalanes del PSC, como mediadores, propusieron que la revisi¨®n del sistema de financiaci¨®n se llevara a cabo en dos fases: a corto plazo -para 1986-, cumpliendo lo previsto en el Estatut, cuyo art¨ªculo 45 prev¨¦ un sistema de financiaci¨®n definitivo tras los seis primeros a?os; a medio t¨¦rmino, implantando un nuevo modelo.
Cumplir el Estatut
Para dar cumplimiento al Estatut, el Gobierno de Converg¨¨ncia y los socialistas catalanes plantearon al Gobierno central una f¨®rmula basada en tres premisas: la mod¨ªficaci¨®n de las funciones del Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial; el establecimiento de un sistema de subvenciones para garantizar los niveles m¨ªnimos de servicios en las comunidades; y, sobre todo, la superaci¨®n del principio de limitar la financiaci¨®n a lo que supusiera el mero coste efectivo de las transferencias.
Borrell y Boyer asumieron la doble tesis, pero el segundo dej¨® poco despu¨¦s el Gobierno y la situaci¨®n se estanc¨® nuevamente. El rigor presupuestario impuesto por Solchaga, sucesor de Boyer, agrav¨® las tensiones y la situaci¨®n financiera de la Generalitat. La instituci¨®n auton¨®mica tuvo que endeudarse en 25.000 millones de pesetas para mantener en 1986 el presupuesto de 1985. El inmediato deterioro de las relaciones entre el Gobierno central y el auton¨®mico acab¨® en un encuentro entre Felipe Gonz¨¢lez y Jordi Pujol en oto?o de 1985, despu¨¦s de m¨¢s de un a?o sin contactos personales. El primero hizo la promesa de resolver antes de que acabara ese a?o el problema. Con retraso, el tema se ha zanjado.
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