El largo Guadiana de la financiaci¨®n auton¨®mica

En 1987, por primera vez desde que se dise?¨® el mapa auton¨®mico, el Estado aportar¨¢ a las 15 comunidades de r¨¦gimen general (las que carecen de concierto econ¨®mico) algo m¨¢s de un bill¨®n de pesetas, en virtud de la revisi¨®n del sistema de financiaci¨®n auton¨®mica vigente desde 1980 a 1986, que el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal culmin¨® el viernes pasado. La noche del viernes puso punto final a un largo proceso negociador en busca de una f¨®rmula definitiva de financiaci¨®n auton¨®mica que sentara las bases del nuevo desarrollo auton¨®mico. En palabras del ministro de Econom¨ªa, Carlos Solchaga, se consegu¨ªa "un acuerdo hist¨®rico".

Las negociaciones entre la Administraci¨®n central y los consejeros de Hacienda de las diferentes autonom¨ªas han sido largas y no han faltado momentos, en los ¨²ltimos meses, en que parec¨ªa que la ruptura era inevitable. Finalmente, tan solo el representante del Gobierno de Canarias, ?scar Bergasa, vot¨® en contra y lo hizo dejando claro que su negativa no deb¨ªa interpretarse como un rechazo global a la f¨®rmula financiera, sino a c¨®mo quedaban recogidas peculiaridades canarias como la condici¨®n insular. La abstenci¨®n de las tres autonom¨ªas gobernadas por Coalici¨®n Popular es interpretada por la Administraci¨®n central como una oposici¨®n pol¨ªtica de oficio, aunque en el reparto final no aparecen realmente como las m¨¢s beneficiadas.El gran ¨¦xito de la negociaci¨®n reside en haber conseguido que el modelo que regir¨¢ los pr¨®ximos cinco a?os fuera asumido por los Gobiernos de Catalu?a, Andaluc¨ªa y Madrid. Los dos primeros han mantenido durante todo el proceso un pulso, ya que mientras el Gobierno de Converg¨¨ncia i Uni¨® intentaba que la ponderaci¨®n de la poblaci¨®n en la f¨®rmula para calcular los recursos fuera decisiva, los socialistas andaluces abogaban por una prima en funci¨®n de la superficie de cada comunidad.

El modelo inicial

En este primer per¨ªodo auton¨®mico, conocido como fase transitoria, el planteamiento global del sistema hacend¨ªstico de los territorios se apoyaba en la LOFCA (ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas), en la cesi¨®n de tributos del Estado que establec¨ªa esta ley, y en la instauraci¨®n de un sistema de valoraci¨®n del coste efectivo de los servicios traspasados. Este modelo provisional de financiaci¨®n ha tenido una aplicaci¨®n pr¨¢cticamente com¨²n en todas las comunidades de r¨¦gimen general salvo Catalu?a, donde en estos siete a?os ha experimentado una complicada evoluci¨®n con tres etapas claramente diferenciadas. Estos puntos de inflexi¨®n han sido los acuerdos alcanzados en 1982 entre el ¨²ltimo Gobierno de UCD y la Generalitat, los pactos suscritos a principios de 1984 por los Gobiernos socialista y catal¨¢n, y las negociaciones emprendidas por las Administraciones central y auton¨®mica en febrero de 1985. El resto de las comunidades no han sufrido un proceso evolutivo tan distante en el tiempo habiendo formulado sus respectivas propuestas al hilo de las sucesivas negociaciones realizadas por Catalu?a.Legalmente, la transitoriedad del mecanismo de financiaci¨®n se considera cumplida tras un lustro de LOFCA y con seis a?os de vigencia del Estatuto de cualquier comunidad, o cuando un determinado territorio finalice su proceso de traspasos. Como consecuencia de ello, el Gobierno central ha debido afrontar en el umbral de 1987 la fijaci¨®n de un modelo definitivo de financiaci¨®n, al vencer esos requisitos.

Seg¨²n el sistema provisional de financiaci¨®n auton¨®mica que se abandona ahora, los ingresos de las comunidades aut¨®nomas se establec¨ªan efectuando una suma del rendimiento de los tributos cedidos a la comunidad, m¨¢s un porcentaje de la participaci¨®n en los impuestos no cedidos por el Estado. Estos recursos se complementaban con la parte correspondiente del Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial (FCI) y el endeudamiento libremente asumido por cada comunidad. En teor¨ªa, el porcentaje tendr¨ªa que haberse determinado inicialmente y de una sola vez. Las reformulaciones posteriores que la Administraci¨®n estatal introdujo en el sistema de financiaci¨®n, modificaron el c¨¢lculo de este tanto por ciento y sustituyeron su automatismo por una renegociaci¨®n anual. Ese factor fue la causa de constantes tensiones entre la periferia y el centro, y ha contribuido sensiblemente a la inestabilidad auton¨®mica.

El proceso catal¨¢n

En 1978, al ser restablecida provisionalmente, la Generalitat de Catalu?a comenz¨® a financiarse con cargo directo a los presupuestos del Estado. En 1979 se aprob¨® el Estatut y algunos meses despu¨¦s la LOFCA. El a?o 1980 supone, a partir de ah¨ª, el punto de partida de ese per¨ªodo transitorio en el que se convino que las autonom¨ªas comunes se rigieran por una normativa financiera provisional. Su objetivo esencial era garantizar la suficiencia de sus haciendas para que pudieran financiar los servicios transferidos de modo que funcionasen igual que cuando no hab¨ªa autonom¨ªa, a la espera de una legislaci¨®n m¨¢s amplia.Las buenas relaciones entre la Generalitat y los sucesivos Gobiernos centristas (basadas en la alta rentabilidad de los votos de la Minor¨ªa Catalana, siempre esenciales para UCD) llevaron, el 25 de febrero de 1982 a fijar en un 1,581 % el porcentaje de participaci¨®n de Catalu?a, una cifra que el Gobierno Pujol consider¨® entonces como "muy favorable". La disoluci¨®n anticipada de las Cortes impidi¨® que se aprobara el correspondiente proyecto de ley. Proyecto que el PSOE, entonces en la oposici¨®n, enmend¨® en la nueva c¨¢mara por considerar que encerraba "una sobrevaloraci¨®n de las transferencias, un 'arreglo' a cambio de sostener al Gobierno de Calvo-Sotelo", seg¨²n dijo Mar¨ªa Izquierdo.

Hasta marzo de 1983 no se reanudaron las discusiones sobre financiaci¨®n auton¨®mica entre el Gobierno central (ya socialista) y el catal¨¢n. La reuni¨®n sirvi¨® para que el secretario de Estado de Hacienda, Jos¨¦ V¨ªctor Sevilla, cuestionara la metodolog¨ªa usada, y reiterara que la valoraci¨®n de los traspasos estaba hinchada entre los 18.000 y los 27.000 millones de pesetas.

El 10 de octubre de 1983 los presidentes Gonz¨¢lez y Pujol se entrevistaron en la Moncloa y desbloquearon la negociaci¨®n. En febrero de 1984, la comisi¨®n de valoraciones fij¨® en un 0,454% el porcentaje de participaci¨®n de Catalu?a en los ingresos estatales de 1984. Josep Maria Cullell dirigi¨® la negociaci¨®n, llovi¨¦ndole las criticas en Catalu?a de la oposici¨®n y de su propio partido, pues le acusaron de negociar el coste de los traspasos "a la baja" a cambio de una liquidez inmediata (31.000 millones) que permit¨ªa a la Generalitat no tener que aoptar medidas dr¨¢sticas. En 1985, la Generalitat acept¨® -otra vez "a la baja", seg¨²n la oposici¨®n y buena parte de CDC-, un 0,472%, porcentaje condicionado al de 1984.