Condenados a entenderse

Carlos Solchaga y Joaqu¨ªn Alumnia, dos hombres de la m¨¢xima confianza de Felipe Gonz¨¢lez y no esencialmente antag¨®nicos en lo personal, se encuentran enfrascados en una batalla por el poder dentro del Gobierno que no han buscado y que les ha sido impuesta por una decisi¨®n del propio presidente. El Ministerio de Administraciones P¨²blicas, creado para Joaqu¨ªn Almunia tras las elecciones est¨¢ obligado a despojar al Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda de sus competencias sobre pol¨ªtica presupuestaria, uno de los principales instrumentos de poder de este departamento, si no quiere convertirse en un ministerio fantasma y sin contenido alguno. La pugna deber¨¢ ser resuelta, en claro perjuicio de uno de los contendientes, en las pr¨®ximas semanas.

El gobierno de la pol¨ªtica auton¨®mica y local, y en mayor medida aun la puesta en marcha de la prometida reforma de la Administraci¨®n, no pueden afrontarse por un ministro, el de Administraciones P¨²blicas, que no controla ni el volumen de las dotaciones presupuestarias destinadas a estos cap¨ªtulos ni la distribuci¨®n de los mismos. Ceder a este ministerio estas prerrogativas equivale a transferir al mismo la elaboraci¨®n de los Presupuestos del, Estado, al menos en sus cap¨ªtulos m¨¢s importantes, y convertir al hasta ahora todopoderoso Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda en un departamento m¨¢s, mezcla de oficina recaudatoria y de or¨¢culo de la macroeconom¨ªa (previsiones de crecimiento, inflaci¨®n, disponibilidades l¨ªquidas, etc¨¦tera), sin demasiado ascendiente sobre el resto de los departamentos econ¨®micos.

Dos hombres fuertes

Joaqu¨ªn Almunia fue el elegido por Felipe Gonz¨¢lez para llevar adelante la promesa reiterada -en los programas electorales del PSOE de 1982 y 1986- de reformar la Administraci¨®n p¨²blica. Se cre¨® para ¨¦l un macroministerio, el de Administraciones P¨²blicas, que fusionaba competencias de los ministerios de Presidencia y Administraciones Territoriales, gestionados con m¨¢s pena que gloria en la anterior legislatura por Javier Moscoso, Tom¨¢s de la Quadra y F¨¦lix Pons.El nombramiento de Joaqu¨ªn Almunia pod¨ªa ser interpretado como la confirmaci¨®n de la voluntad de Felipe Gonz¨¢lez de terminar con las disputas internas dentro del Gobierno sobre las pol¨ªticas de financiaci¨®n de comunidades aut¨®nomas y sobre la reforma de la Administraci¨®n. Francisco Fern¨¢ndez Marug¨¢n y Mar¨ªa Izquierdo, vinculados a Alfonso Guerra, se hab¨ªan enfrentado primero a los hombres de Boyer y luego a los de Solchaga, en la anterior legislatura, a la hora de abordar estos temas.

Poderoso caballero

Joaqu¨ªn Almunia, inevitablemente, se da cuenta de que el nuevo ministerio se puede convertir en una entelequia creada por el Bolet¨ªn Oficial del Estado si no se le dota de los instrumentos presupuestarlos imprescindibles par llevar adelante las competencia que se le atribuyen: no es posible reformar la Administraci¨®n si la pol¨ªtica de retribuciones de los funcionarios o las dotaciones materiales de los distintos departamentos dependen de otro ministro y se fijan con criterios que cuando menos, le son ajenos.El escollo del sistema definitivo de financiaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas, que era el tema m¨¢s urgente porque venc¨ªa el plazo establecido para su implantaci¨®n por la ley org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas (LOFCA) y por algunos estatutos de autonom¨ªa se soslaya cediendo unos y otros y aprobando finalmente un modelo de vigencia limitada (cinco a?os). El sistema dise?ado por Econom¨ªa y Hacienda es acepta do en l¨ªneas generales por Administraciones P¨²blicas (ministerio al que est¨¢n adscritos dos importantes guerristas: Mar¨ªa Izquierdo y Te¨®filo Serrano), aunque se excluyen las inversiones nuevas y las subvenciones dentro de las dotaciones que se transfieren para libre asignaci¨®n.

La consecuci¨®n de este acuerdo desactiva el conflicto bilateral entre ambos ministerios en materia de financiaci¨®n auton¨®mica, pero no resuelve el tema de fondo de la reforma de la Administraci¨®n.

En el departamento de Almunia se afirma que al Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda le corresponde fijar el incremento anual de salarios en el sector p¨²blico y el volumen de masa salarial, pero que la confecci¨®n de cat¨¢logos de personal, la valoraci¨®n de puestos y en definitiva el reparto de esa masa salarial corresponden al nuevo Ministerio de Administraciones P¨²blicas.

En Econom¨ªa y Hacienda se replica que esto es imposible, que ser¨ªa una fuente permanente e inagotable de conflictos, y que pondr¨ªa fin a la concepci¨®n defendida por todos hasta ahora de los presupuestos por programas. Cada cap¨ªtulo del presupuesto se elabora de abajo arriba, conociendo las necesidades y los objetivos de cada programa y no al rev¨¦s. "No podemos establecer arbitrariamente o por ciencia infusa el monto total de cada cap¨ªtulo presupuestario para que luego otros departamentos o nosotros mismos lo distribuyamos. El proceso es el contrario y por eso debemos saber qu¨¦ recursos humanos y materiales tiene cada departamento, cu¨¢les son sus objetivos y qu¨¦ recursos necesitan para llevar adelante los mismos".

Espadas en alto

Las citadas fuentes de Econom¨ªa y Hacienda aseguran que no es concebible una pol¨ªtica de funcionarios o de reforma de la Administraci¨®n sin una pol¨ªtica presupuestaria, y admiten que para hacer eficaz la Administraci¨®n -como le han encomendado a Almunia- es necesario que disponga de recursos y medios. "Pero la soluci¨®n es pol¨ªtica y depende exclusivamente de Felipe Gonz¨¢lez. En Estados Unidos, por ejemplo, los presupuestos no los hace el ministro de Econom¨ªa, sino el de Administraciones. Se puede tomar esta decisi¨®n, aunque ello suponga un serio recort¨¦ del ministerio de Carlos Solchaga".Esta modificaci¨®n de competencias ministeriales es posible mediante decreto, aunque legalmente discutible, porque la ley general presupuestaria atribuye tambi¨¦n estas reordenaciones ministeriales a las leyes anuales de presupuestos. La pugna de competencias va a decantarse en las pr¨®ximas semanas. El Grupo Parlamentario del PSOE, dominado por el sector guerrista, estuvo a punto de introducir, v¨ªa enmiendas a la ley de Presupuestos del Estado para 1987, los d¨ªas 3 y 4 de este mes, en el Congreso, las tesis de Almunia en detrimento de Econom¨ªa y Hacienda.

Al final se par¨® este intento, pero todo parece indicar que en el Senado volver¨¢n a introducirse las citadas enmiendas en los presupuestos. Responsables del PSOE tratan de encontrar una f¨®rmula de compromiso entre Almunia y Solchaga en la que ambos ministros salven la cara: probablemente consista en que el Ministerio de Administraciones P¨²blicas elabore los programas presupuestarlos y el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda fije las dotaciones para los mismos. Soluci¨®n que a juicio de este ¨²ltimo ministerio invalida la actual filosofia presupuestaria y resucita los viejos y permanentes enfrentamientos entre los distintos departamentos y Econom¨ªa y Hacienda por la presunta y probable cicater¨ªa de este departamento a l¨¢ hora de fijar los vol¨²menes de dotaciones.