Las dudas del juez Gil S¨¢ez sobre la validez de la ley
EL PAIS El titular del Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 18 de Madrid, Jos¨¦ Mar¨ªa Gil S¨¢ez, present¨® en el mes de octubre de 1984, una cuesti¨®n de constitucionalidad sobre la ley de expropiaci¨®n de Rumasa por entender que los dos primeros art¨ªculos de dicha ley pod¨ªan infringir el art¨ªculo 24.1 de la Constituci¨®n Espa?ola y que pod¨ªan provocar indefensi¨®n de Jos¨¦ Mar¨ªa RuIz-Mateos en sus actuaciones ante los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses leg¨ªtimos.
La decisi¨®n del juez de plantear la legalidad de los dos primeros art¨ªculos de la ley de expropiaci¨®n se entendi¨® en su momento como la f¨®rmula por la que el Tribunal Constitucional tendr¨ªa que entrar en el fondo de la cuesti¨®n, claramente excluida en la sentencia en la que, debido al voto de calidad del presidente del tribunal, se fall¨® en contra del recurso presentado por el Grupo Popular sobre la constitucionalidad del decreto-ley por el que se expropi¨® el grupo de bancos y empresas de Rumasa.
Los temas sobre los que el juez Gil S¨¢ez planteaba sus dudas sobre la constitucionalidad de la ley eran la posible indefensi¨®n de Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos, y sobre la legalidad de una ley particular que institu¨ªa unas medidas excepcionales para unas empresas concretas. Las dudas del juez surgieron ante los dos interdictos por despojo, presentados por los entonces abogados defensores de Ruiz Mateos, pidiendo la devoluci¨®n de los bienes a su anterior prop¨ªetario. El juez entend¨ªa que la resoluci¨®n de dichos interdictos depend¨ªa de la validez o no de los dos primeros art¨ªculos de la ley ahora fallados.
Cuando se present¨® la cuesti¨®n de constitucionalldad sobre la ley de expropiaci¨®n de los bancos y algunas empresas de Rumasa, se pensaba, seg¨²n algunos especialistas, que el alto tribunal podr¨ªa dictar sentencia en un plazo no muy superior a seis meses. No obstante, el Tribunal Constitucional ha tardado 26 meses en llegar a una conclusi¨®n.
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