Los promotores urgen al MOPU a que desbloquee el plan de viviendas protegidas

La Asociaci¨®n Nacional de Promotores y Constructores de Edificios ha entablado conversaciones con el MOPU y con representantes de algunas comunidades aut¨®nomas para intentar desbloquear el punto muerto en que se encuentra el conflicto que enfrenta al ministerio y a las, comunidades de Catalu?a, Baleares, Valencia, Andaluc¨ªa, Castilla y Le¨®n, Arag¨®n y Rioja sobre el plan de viviendas protegidas. Los constructores temen la paralizaci¨®n de obras en curso y urgen soluciones.

Los promotores han propuesto al ministerio que firme los convenios, a la espera de que el Tribunal Constitucional decida sobre el contencioso que enfrenta al MOPU y las citadas comunidades. Hasta ahora, el ministerio se ha negado a firmar dichos convenios, hasta que las comunidades renuncien a plantear conflicto de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 1.494/ 1987, de 4 de diciembre, sobre medidas de financiaci¨®n de actuaciones protegibles en materia de vivienda. Las autonom¨ªas sostienen que este decreto "establece y tipifica una aportaci¨®n econ¨®mica a realizar con cargo a los presupuestos de las comunidades aut¨®nomas, invadiendo la capacidad de las comunidades de disponer de sus recursos libremente". El decreto obliga a las comunidades a subvencionar en un 5% la construcci¨®n de viviendas de protecci¨®n oficial.Para Manuel Mart¨ª, presidente de la Asociaci¨®n Nacional de Promotores y Constructores de Edificios, "es una sorpresa que la Administraci¨®n paralice una norma que ella misma ha dictado". En este sentido, Mart¨ª recuerda que el Gobierno Vasco recurri¨® el anterior plan cuatrienal de la vivienda, y que todav¨ªa no ha sido dictada sentencia por el Tribunal Constitucional. "Sin embargo", resalta Mart¨ª, "eso no ha impedido la aplicaci¨®n de dicho plan".

La postura de los promotores y constructores coincide con la expuesta d¨ªas atr¨¢s por el director general de la Vivienda de la Generalitat de Catalu?a, Joan R¨¢fals, quien era partidario tambi¨¦n de poner en marcha el plan, y aplicar posteriormente las correcciones necesarias impuestas por la sentencia que dictara el Tribunal Constitucional.

Seg¨²n el presidente de los promotores, la actual situaci¨®n bloquea la construcci¨®n de 50.000 VPO, ya que el 61,9% de las 80.000 viviendas de este tipo que deben construirse en Espa?a durante 1988 corresponden a las siete comunidades recurrentes.

Manuel Mart¨ª considera que los miembros de su asociaci¨®n "son v¨ªctimas inocentes e impotentes" del enfrentamiento entre las administraciones. Seg¨²n Mart¨ª, los promotores empiezan a tener problemas de liquidez a causa de este conflicto, que de momento supone ya un retraso de dos meses y medio en la contrataci¨®n de viviendas protegidas. Esta falta de liquidez puede incidir en la inmediata paralizaci¨®n de obras en curso, correspondientes al plan de la vivienda 1984-87.