El pleno del Poder Judicial se pronuncia hoy sobre la actitud del ministro

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiar¨¢ hoy la negativa del ministro del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, a informar al juez Baltasar Garz¨®n -que investiga presuntas implicaciones policiales e institucionales con los Grupos Antiterroristas de Liberaci¨®n (GAL)-, sobre el uso dado a los fondos reservados de su departamento. El portavoz del CGPJ, Jos¨¦ Luis Calvo, inform¨® que el Consejo entiende que la respuesta gubernamental merece ser analizada por el pleno.Magistrados, fiscales y otros juristas consultados por este peri¨®dico -con ruego en algunos casos de no revelar su identidad- coincidieron en la gravedad de la situaci¨®n creada por la negativa gubernamental a colaborar con el juez Garz¨®n en la investigaci¨®n de los GAL. Recordaron que el Ministerio Fiscal est¨¢ obligado a iniciar acciones legales cuando tiene conocimiento de la existencia de un delito. Sin embargo, no fue posible obtener una respuesta del fiscal general del Estado, Javier Moscoso, ausente de su domicilio. Seg¨²n fuentes Jur¨ªdicas, el fiscal de la Audiencia Nacional dispone de un estudio sobre los fondos reservados.

El magistrado Perfecto Andr¨¦s Ib¨¢?ez, de guardia ayer en Madrid, coment¨® que "los fondos son legalmente reservados hasta que pesa sobre ellos una sospecha de utilizaci¨®n delictiva". Agreg¨® que, "dado que al ministro del Interior le han metido m¨¢s de un gol [alusi¨®n al caso el Nani], no ser¨ªa extra?a ahora una goleada". Y concluy¨®: "Ni los fondos reservados ni Barrionuevo est¨¢n por encima de la ley penal". El magistrado Joaqu¨ªn Navarro Estevan declar¨®, por su parte: "La actitud del ministro es jur¨ªdicamente imp¨²dica y m¨¢s que posiblemente delictiva y pol¨ªticamente abominable y de una excesiva elocuencia".

?Obediencia debida?

Numerosos juristas buceaban ayer en las leyes presupuestarias e incluso en la ley de secretos oficiales para encontrar una explicaci¨®n legal a la actitud de Barrionuevo y mostraban su asombro ante la invocaci¨®n por el ministro del Interior de la ley de Enjuiciamiento Criminal que, seg¨²n todas las fuentes consultadas, puede conducirle ante el Tribunal Supremo.El art¨ªculo 417 de la mencionada ley procesal penal establece que no podr¨¢n ser obligados a declarar, entre otros, "los funcionarios p¨²blicos, tanto civiles como militares, de cualquier clase que sean, cuando no pudieren declarar sin violar el secreto que, por raz¨®n de sus cargos, estuviesen obligados a guardar, o cuando, procediendo en virtud de obediencia debida, no fueren autorizados por su superior jer¨¢rquico para prestar la declaraci¨®n que se les pida". Los juristas consultados aseguraron que los fondos reservados no tienen el car¨¢cter de secretos y que el mencionado art¨ªculo, que quiz¨¢s podr¨ªan invocar los funcionarios, no ampara en ning¨²n caso a los miembros del Gobierno.