El 'caso Amedo' y las querencias socialistas

Con su anuncio de imprecisas reformas legales en defensa del Estado de derecho, Felipe Gonz¨¢lez ha destapado el tarro de las querencias socialistas en su inocultable obsesi¨®n por reforzar el papel del Ejecutivo frente a los otros poderes e instituciones del Estado. El detonante ha sido el caso Amedo, en tomo al cual se han dado cita los descubrimientos o experiencias iluminadoras con que el ejercicio del poder ha esclarecido estos a?os la mente de los socialistas. El presidente ha eludido concretar su anunciada reforma, pero la ministra portavoz, Rosa Conde, ha avanzado la denominaci¨®n de esa futura ley, suficientemente expresiva de lo que puede ser su contenido: ley de prerrogativas del Gobierno. Y para justificar la iniciativa la ha presentado como un desarrollo obligado del art¨ªculo 98 de la Constituci¨®n, cuyo apartado 4? dice que "la ley regular¨¢ el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno".El enunciado prefigura suficientemente el marco de la futura ley, y su contenido ya es avanzado en parte por el apartado 32 del mismo art¨ªculo, seg¨²n el cual "los miembros del Gobierno no podr¨¢n ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra funci¨®n p¨²blica que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna". Va a ser dif¨ªcil, por tanto, basar en este mandato constitucional, que se refiere a una regulaci¨®n del funcionamiento interno del Gobierno y de sus miembros, cualquier pretensi¨®n de realzar el papel del Ejecutivo en el juego de los poderes del Estado, y mucho menos otorgarle prerrogativas de inmunidad frente al control de la legalidad que la Constituci¨®n reiteradamente atribuye a los jueces.

La muerte de Montesquieu

No ha sido una casualidad que el sorpresivo anuncio presidencial se haya producido en un momento de acoso parlamentario al Gobierno por el caso Amedo. La actitud de los gobernantes socialistas en este asunto -la ocultaci¨®n a ultranza del uso de los fondos reservados, la interpretaci¨®n no exclusivamente administrativa del secreto oficial, los esfuerzos por mantener determinadas zonas de la actividad del Gobierno a cobijo de las pesquisas del poder judicial- refleja, en definitiva, su arrebato por el hallazgo del sentido del Estado, que quieren expandir por doquier a su alrededor. En primer lugar, el caso Amedo ha puesto de manifiesto con m¨¢s crudeza que ning¨²n otro la prevalencia que los socialistas otorgan al Ejecutivo sobre el resto de los poderes del Estado. No es un chiste lo de la muerte de Montesquieu, sino el reflejo de su peculiar reinterpretaci¨®n en la pr¨¢ctica de gobierno de las reglas del sistema parlamentario.

En lo que se refiere al Legislativo, toda pretensi¨®n de predominio sobre el mismo por parte del Ejecutivo constituye una clara deformaci¨®n del sistema parlamentario, que s¨®lo puede ser producto del enfeudamiento acr¨ªtico de la actual mayor¨ªa absoluta socialista en el Gobierno. Respecto del poder judicial la cosa es todav¨ªa m¨¢s grave: no est¨¢ claro que se le reconozca el car¨¢cter de un aut¨¦ntico poder del Estado por mucho que la Constituci¨®n lo diga. La naturaleza no electiva de sus miembros es un handicap que juega en su contra y que se se?ala como causa de desmerecimiento en relaci¨®n con el origen democr¨¢tico de los gobernantes. Las reticencias ante los jueces son constantes, y sobre ellos se sigue arrojando toda clase de clich¨¦s y de prejuicios que, aunque fueran ciertos, no autorizan a poner en cuesti¨®n la legitimidad constitucional de su potestad jurisdiccional. Desde esta perspectiva, los jueces son concebidos m¨¢s como funcionarios que como titulares de un poder cuya principal tarea no es otra que la de hacer funcionar el servicio p¨²blico de la justicia y defender la legalidad de las agresiones de los ciudadanos. As¨ª, la funci¨®n del juez tiene sentido sobre todo en cuanto instancia resolutoria de los conflictos surgidos entre particulares, pero es cuestionada en cuanto poder controlador de la legalidad de la actuaci¨®n pol¨ªtica y administrativa del Ejecutivo.

Esta concepci¨®n, que en definitiva se resume en una abusiva identificaci¨®n del Estado con el Ejecutivo, cuando es obvio que el Estado est¨¢ integrado por otros poderes e instituciones con competencias y atribuciones delimitadas constitucionalmente, ha sido especialmente patente en la respuesta del ministro del Interior a la solicitud de datos formulada por el juez Baltasar Garz¨®n sobre el uso de determinados fondos reservados en el caso Amedo. En un dictamen al gusto del cliente, y que no hace sino ratificar actuaciones anteriores del ministro, los Servicios Jur¨ªdicos del Estado -?o m¨¢s bien del Ejecutivo?- trascienden la dimensi¨®n administrativa del secreto oficial para convertirlo en valladar frente a la universalidad de la ley penal. Si las reformas que anuncia el presidente del Gobierno van en el sentido de garantizar la impunidad en determinadas ¨¢reas de la actividad estatal, m¨¢s que de defensa de Estado de derecho habr¨¢ que hablar de destrucci¨®n de este mismo Estado, tal como la Constituci¨®n -a la que los ciudadanos y los poderes p¨²blicos est¨¢n sujetos- lo ha dise?ado.