Las fusiones de m¨¢s de 20.000 millones de volumen de negocio requerir¨¢n la aprobaci¨®n gubernamental

Las fusiones de empresas que resulten en una cifra de negocios superior a 20.000 millones de pesetas o copen un 25% de cuota de mercado requerir¨¢n autorizaci¨®n previa del Gobierno, seg¨²n el anteproyecto de ley de defensa de la competencia que el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda ha enviado a dictamen del Consejo de Estado y sobre el que este ¨®rgano se pronunciar¨¢ en septiembre. El anteproyecto concede al Tribunal de Defensa de la Competencia la facultad, anteriormente en manos del Gobierno, para sancionar a las empresas que no cumplan las normas establecidas.

Algunos de los aspectos m¨¢s importantes de este primer borrador de la futura ley de defensa de la competencia, que sustituir¨¢ a la ley vigente de hace 25 a?os, fueron revelados ayer en la Universidad Internacional Men¨¦ndez Pelayo, de Santander, por Nicol¨¢s L¨®pez, vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia, y por Miguel Comenge, director general de Defensa de la Competencia, del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda, en un seminario sobre concentraci¨®n empresarial que dirige el catedr¨¢tico catal¨¢n Xavier Vives. Arribos funcionarios comentaron ampliamente el proyecto de reglamento para la defensa de la competencia que prepara la Comisi¨®n Europea y que puede entrar en vigor durante la pr¨®xima presidencia griega de la Comunidad Europea o, m¨¢s probablemente, durante el turno espa?ol de la primera mitad de 1989.Nicol¨¢s L¨®pez se?al¨® que los aspectos m¨¢s llamativos del borrador enviado a dictamen del Consejo de Estado son la obligaci¨®n de que las empresas de un mismo sector que quieran fusionarse necesitar¨¢n una autorizaci¨®n preceptiva por parte del Gobierno cuando el volumen de negocios resultante supere los 20.000 millones de pesetas o el 25% de la cuota de mercado. Bajo este l¨ªmite, fusiones en cursco como la de Uni¨®n Explosivos R¨ªo Tinto (ERT) y la qu¨ªmica Cros, o las fusiones bancarias Bilbao-Vizcaya y Banesto-Central, hubieran requerido autorizaci¨®n espec¨ªfica. En el caso de las fusiones bancarias, dada la particularidad de la actividad de estas entidades, el borrador es probable que retome la idea comunitaria de que s¨®lo cuando el volumen de negocios bancario resultante supere el 10% del pasivo se necesitar¨¢ autorizaci¨®n previa.

Como cl reglamento que la Comisi¨®n Europea prepara para aplicar los art¨ªculos 85 y 86 del Tratado de Roma, la normativa espa?ola impone el criterio de la obligatoriedad de informaci¨®n en el caso de las fusiones rese?adas y, en caso de incumplimiento, es suspensiva; es decir, la concentraci¨®n empresarial queda anulada si no se ha cumplido el tr¨¢mite de informaci¨®n.

Discrecionalidad

Asimismo, el borrador espa?ol deja en manos del Gobierno la discrecionalidad de autorizar o rechazar las fusiones, pero traspasa al Tribunal de Defensa de la Competencia la discrecionalidad de imponer sanciones a las empresas que violen la normativa sobre fusiones o que establezcan v¨ªnculos y acuerdos que atenten contra el juego del libre mercado. Bajo la ley vigente de 1963, era facultad del Gobierno, a propuesta del tribunal, la imposici¨®n de sanciones.Miguel Comenge estim¨® que esa falta de independencia del Tribunal de Defensa de la Competencia espa?ol para imponer sanciones ha hecho que la ley de 1963 se haya convertido a lo largo de los a?os en papel mojado. "A mi Juicio, ha sido completamente inoperante porque muchas veces los diferentes Gobiernos no han querido interferir en el libre funcionamiento empresarial", dijo. Sin embargo, Comenge coment¨® que en los ¨²ltimos a?os se ha notado un notable incremento de las denuncias de las empresas por casos de competencia. En el ¨²ltimo a?o, a?adi¨®, m¨¢s de sesenta denuncias han sido registradas, de las que unas cuarenta responden al tipo concurrencial. De ellas, entre diez y quince han ido a parar al Tribunal de Defensa de la Competencia.

El director general tambi¨¦n hizo referencia al debate intercomunitario que se est¨¢ produciendo sobre el reglamento que la Comisi¨®n Europea prepara para hacer cumplir la filosof¨ªa de libre competencia contenida en el Tratado de Roma. En ese sentido, el l¨ªmite del volumen de negocios para la autorizaci¨®n de fusiones quedar¨ªa ampliado a una cifra entre 1.000 y 5.000 millones de ECU (unidad europea de cuenta, equivalente a 136,57 pesetas), considerablemente superior a los 20.000 millones de pesetas previstos por la futura normativa espa?ola. El proyecto de reglamento establece unas caracter¨ªsticas determinadas para ejercer el control, tales como la obligatoriedad de informaci¨®n y la condici¨®n suspensiva en el caso de violaciones.

F¨®rmulas competitivas

Por otra parte, los empresarios espa?oles, a la hora de buscar f¨®rmulas m¨¢s competitivas de cara al mercado ¨²nico europeo, prefieren los acuerdos de cooperaci¨®n entre empresas a las fusiones o concentraci¨®n empresarial, seg¨²n una reciente encuesta realizada por el Ministerio de Industria y Energ¨ªa, cuyos resultados fueron hechos p¨²blicos la jornada anterior en el mismo curso de la universidad internacional Men¨¦dez Pelayo.Las reticencias empresariales a las fusiones se incrementan con la opini¨®n ampliamente extendida entre los expertos de que el incremento del tama?o de las empresas no significa, en muchos sectores industriales, un aumento de la eficacia. Sin embargo, Alberto Lafuente, catedr¨¢tico de Econom¨ªa de la Empresa y subdirector de estudios de Industria, estim¨® que la experiencia emp¨ªrica demuestra que es necesario un tama?o umbral, o m¨ªnimo, para poder sobrevivir con ¨¦xito.