La gran paradoja

EL MINISTERIO de Cultura ha dado por fin a conocer el proyecto de decreto regulador del cine. Al mismo tiempo lo ha remitido a las diversas ramas del sector cinematogr¨¢fico, que pr¨®ximamente ser¨¢n consultadas para contrastar sus posiciones frente al articulado del texto legal. La nueva norma sustituir¨¢ al llamado decreto Mir¨®, ordenador del sistema de financiaci¨®n del cine en Espa?a desde 1984.A grandes rasgos, el decreto se ajusta a lo que desde hace meses se presum¨ªa que iba a disponer. Esta conjetura gener¨® en los profesionales del cine con intereses econ¨®micos directos en el sector el temor a que la regulaci¨®n condujera a una par¨¢lisis de la producci¨®n o a su disminuci¨®n bajo m¨ªnimos. Algunos aspectos del articulado y la inexistencia de una serie de condiciones previas, imprescindible para que sea operativo, parecen fundamentar ese miedo. Si el proyecto entrara en vigor inmediatamente -y esto es lo que, siguiendo un calendario de urgencia, se propone hacer Cultura-, podr¨ªa suceder que el cine espa?ol encendiese la alerta roja.

El decreto ofrece como principal novedad -junto a las ayudas estatales a otros sectores dela industria distintos de la producci¨®n- una modificaci¨®n de los mecanismos que cre¨® el decreto Mir¨® en materia de financiaci¨®n de pel¨ªculas. Si ¨¦ste estableci¨® que el impulso financiador del cine procediera de subvenciones anticipadas del Ministerio de Cultura, lo que reduc¨ªa -en algunos casos a cero- los riesgos del productor, la nueva norma restringe tal subvenci¨®n anticipada y da la primac¨ªa de la financiaci¨®n al sector privado, acentuando los riesgos del inversor.

Este aspecto, definitorio de la filosof¨ªa del proyecto de Jorge Sempr¨²n (persona que conoce fielmente el mundo del cine), ser¨ªa tambi¨¦n el m¨¢s positivo si no fuese incumplible a corto plazo. Que el dinero privado impulse el cine no s¨®lo es deseable, sino l¨®gico en un sistema de mercado; pero de ah¨ª a que ello ocurra media un abismo. Por esta misma l¨®gica es inimaginable que el dinero privado invierta en una mercanc¨ªa cuya rentabilidad disminuye con el tiempo, a consecuencia de las distorsiones del mercado. Para que el decreto actuara de modo positivo ser¨ªa imprescindible que previamente se sanease el sector; que existiese un acuerdo marco con TVE, principal cliente del cine contempor¨¢neo; que Hacienda pusiese en marcha las desgravaciones capaces de estimular al capital a invertir en el mismo; que las situaciones monopol¨ªsticas creadas por las distribuidoras transnacionales se corrigiesen, y que el fraude en el control de taquilla perteneciese al pasado y no fuese moneda corriente y generalizada. Mientras estos requisitos no funcionen, corre el peligro de que una normativa bien intencionada como la propuesta sea papel mojado.

Convertir en hechos estas condiciones previas requiere una transici¨®n en el tiempo. Un decreto como el de Sempr¨²n no puede desatar de la noche a la ma?ana el nudo que ata las manos de un sector econ¨®mico que es b¨¢sico en la cultura espa?ola. Se han producido mutaciones gigantescas en las formas de consumo de cine, y en ellas est¨¢ la m¨¦dula de la cuesti¨®n. Hoy -a trav¨¦s del v¨ªdeo y la televisi¨®n- se ve m¨¢s cine que nunca, pero el aumento de su demanda no s¨®lo no se ha traducido en una mayor rentabilidad, sino que la ha hecho descender. Gran paradoja que s¨®lo una decisi¨®n pol¨ªtica de alcance puede remediar. ?C¨®mo hacer que el enorme volumen de dinero que el cine genera retorne en la proporci¨®n justa a su fuente? ?Qu¨¦ baremos emplear para que el alimento esencial de la voracidad televisiva, que es el cine, reciba de ese medio una compensaci¨®n adecuada? ?C¨®mo evitar la sangr¨ªa que significa el pirateo del v¨ªdeo?

Preguntas vitales que el referido decreto, por su propia esencia jur¨ªdica, no puede contestar. S¨®lo una acci¨®n pol¨ªtica tenaz, a medio plazo y que involucre a varios departamentos ministeriales y no exclusivamente a Cultura puede acabar con el c¨¢ncer que enferma al cine. ?nicamente entonces ser¨¢ operativo un decreto que convoca al capital privado a una cita a la que presumiblemente no acudir¨¢. Todav¨ªa cabe el recurso de que en las conversaciones que mantendr¨¢ el Ministerio de Cultura con los responsables del sector se ajusten los calendarios. En la comprensi¨®n de que ¨²nicamente matizando el contenido del decreto podr¨¢ ¨¦ste justificar sus objetivos: hacer del cine espa?ol una industria cultural potente y competitiva con la del exterior.