Los 'otros' Noriegas
Manuel Antonio Noriega no es el ¨²nico procesado que ha acusado a la justicia norteamericana de detenci¨®n ilegal. Los ¨²ltimos 100 a?os de la historia judicial de este pa¨ªs demuestran que hubo otros Noriega y que no todos ellos corrieron la misma suerte.En 1886, un delincuente com¨²n, Frederick Ker, fue detenido en Per¨² por un agente federal desplazado desde Illinois. El Tribunal Supremo no atendi¨® a la reclamaci¨®n del detenido, quien aleg¨® que su detenci¨®n hab¨ªa sido ilegal y que hab¨ªa sido secuestrado. Ker utiliz¨® la misma t¨¢ctica de Noriega, no reconocer la jurisdicci¨®n del tribunal que le acusaba. El detenido perdi¨®.
El Tribunal Supremo de EE UU tuvo que decidir en 1952 sobre un caso similar. Shirley Collins fue detenido, secuestrado y trasladado desde Chicago hasta una ciudad de Michigan, donde estaba reclamado por un asesinato. El jurado le consider¨® culpable pese a sus argumentos sobre la ilegalidad de su detenci¨®n.
El caso del narcotraficante Francisco Toscanino, en 1974, fue mucho m¨¢s complicado. Fue secuestrado en Uruguay por polic¨ªas locales pagados por el Gobierno de EE UU y conducido a Brasil, donde fue torturado antes de ser enviado a Miami. Toscanino fue obligado a andar durante d¨ªas y noches, golpeado y sus ojos rociados con alcohol. Su proceso se convirti¨® en un juicio contra el sistema. La Corte aconsej¨® al Gobierno que respetara "las conductas civilizadas" y sentenci¨® que si Toscanino pod¨ªa probar que hab¨ªa sido torturado, no pod¨ªa ser juzgado.
M¨¢s recientemente, en 1986, la Corte de Apelaciones de Atianta, en el Estado de Georgia, se enfrent¨® a otro caso Norlega. Harold Rosenthal, otro narcotraficante, fue detenido en Colombia por la Agencia Antinarc¨®ticos (DEA). El detenido argument¨® que hab¨ªa sido arrestado ilegalmente. Rosenthal perdi¨® el caso y fue condenado.
Pese a estos antecedentes, los abogados del general Noriega, Steven Kollin y Frank Rubino, han expresado su deseo de seguir utilizando en este proceso el hecho de que Noriega fue detenido en unas circunstancias que, independientemente del punto de vista legal de la justicia norteamericana, s¨ª fueron especiales.
Kollin y Rubino quieren llegar lejos. No quieren que su cliente corra la suerte de Ker, Collins, Toscanino y Rosenthal. Para ello, si es preciso, intentar¨¢n que el juicio de Noriega se convierta en un proceso en el que tambi¨¦n se juzgue la legalidad de la invasi¨®n militar en Panam¨¢.
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