El Gobierno, CC OO y UGT logran un nuevo pacto que establece el control sindical de la contrataciones
El Gobierno y las centrales CC OO y UGT alcanzaron anoche un nuevo acuerdo por el que se establece el control sindical de la contrataci¨®n. Los empresarios, cuando la norma entre en vigor, deben entregar a los representantes de los trabajadores una copia de los contratos en un plazo de 10 d¨ªas y con los datos b¨¢sicos para comprobar su legalidad. Su incumplimiento quedar¨¢ recogido en la ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. El control ser¨¢ tambi¨¦n posterior y los sindicalistas colaborar¨¢n con los inspectores de Trabajo, con la facultad de acompa?arles en sus visitas a las empresas.
Los acuerdos alcanzados desarrollan el art¨ªculo 64 del Estatuto de los Trabajadores y establecen la obligaci¨®n del empresario de entregar a los representantes legales de los trabajadores una copia de los nuevos contratos para que los firmen antes de su entrega en la oficina de empleo correspondiente. Igualmente se deben notificar las pr¨®rrogas de los contratos. La copia, que se concretar¨¢ cuando se ponga en marcha el desarrollo normativo, no incluir¨¢ los datos que se considera pueden entrar en colisi¨®n con el derecho a la intimidad, tales como el domicilio, el salario o la jornada; pero s¨ª debe contener la informaci¨®n necesaria para comprobar la legalidad de la relaci¨®n laboral, la modalidad del contrato, la fecha del inicie, y su terminaci¨®n.Ello afecta a todo los tipos de contrato, fijos y eventuales, que se formalicen por escrito. Los negociadores de UGT y CC OO subrayaron la importancia que ello tendr¨¢ para los 4,2 millones de contrataciones anuales acogidas al fomento del empleo, donde creen que hay un alt¨ªsimo fraude.
El incumplimiento de esas obligaciones no afectar¨¢ a la validez del contrato pero acarrear¨¢ sanci¨®n y se considerar¨¢ como una falta grave dentro de las tipificadas en la ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Ello puede conllevar la p¨¦rdida de las subvenciones recibidas, as¨ª como multas.
Tambi¨¦n el acuerdo afecta a los finiquitos (documento que recoge la liquidaci¨®n de emolumentos al t¨¦rmino de un contrato). En este caso, el trabajador podr¨¢ exigir la presencia de sus representantes legales para el c¨¢lculo de los haberes devengados. Y el empresario tendr¨¢ que entregar una copia, al mismo tiempo que comunica el preaviso con la denuncia del fin de la relaci¨®n laboral, de forma que sirva para una eventual reclamaci¨®n ante la jurisdicci¨®n laboral.
Comisiones tripartitas
Adem¨¢s se crear¨¢n unas comisiones provinciales de seguimiento de la contrataci¨®n -recogidas en el programa electoral del PSOE-, de car¨¢cter tripartito y formadas por empresarios, Administraci¨®n y sindicatos que tienen como misi¨®n promover actuaciones espec¨ªficas para detectar el fraude, estudiar la evoluci¨®n de la contrataci¨®n y analizar los planes de inspecci¨®n sobre el estado de la contrataci¨®n en sectores concretos o a nivel provincial.
El control sindical se extiende a una futura colaboraci¨®n con la Inspecci¨®n de Trabajo, mediante la consulta preceptiva a las centrales sobre los planes en materia de control de las contrataciones y la capacidad de personarse en los expedientes y actuaciones respecto a denuncias presentadas. Asimismo los inspectores comunicar¨¢n a los representantes de los trabajadores su presencia en el centro de trabajo, a fin de que puedan acompa?arle durante el desarrollo de la visita.
El ministro de Trabajo, Manuel Chaves, cree que se trata de un importante acuerdo, satisfactorio para el Gobierno, que desarrolla y no modifica el Estatuto de los Trabajadores, y en l¨ªnea con el papel que tienen empresarios y sindicatos en otros pa¨ªses de la CE. ?l espera que "la CEOE no reaccione mal" y que esos controles permitan detectar el fraude de ley que, a su juicio, no es generalizado.
Agust¨ªn Moreno, representante de Comisiones Obreras, asegura que estos pactos satisfacen el punto 1 de la Propuesta sindical prioritaria, ponen en marcha la protecci¨®n sindical de los contratos, permiten frenar las irregularidades y el fraude, y garantizan la intervenci¨®n de los representantes de los trabajadores para que avalen la normalidad de las relaciones laborales.
Reforma estructural
El dirigente ugetista, Apolinar Rodr¨ªguez, est¨¢ convencido de que se trata de un gran pacto de calado estructural que no va contra nadie, aunque sospecha que va a haber personas que no entiendan su alcance, en alusi¨®n indirecta a CEOE.
Tanto el ministro de Trabajo como los sindicalistas coinciden en que los controles establecidos no van a afectar al fomento del empleo. Manuel Chaves s¨ª cree que puede afectar en cambio la modificaci¨®n del marco jur¨ªdico de las modalidades de contrataci¨®n. Ello dio lugar a un desacuerdo en la reuni¨®n de ayer, ya que el Gobierno se resiste a la demanda sindical para que se eliminen algunas de las 16 modalidades de eventualidad. Ese punto se discutir¨¢ en una nueva reuni¨®n y la propuesta de la Administraci¨®n es crear previamente una comisi¨®n de expertos que estudien la incidencia que tiene cada tipo de contrato y su utilizaci¨®n, mientras que las centrales piden que la modificaci¨®n sea inmediata. Manuel Chaves presume que aqu¨ª "dif¨ªcilmente va a existir aproximaci¨®n".
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