La ¨²ltima baza

LA V?A judicial se ha convertido en la ¨²ltima baza que les queda a las v¨ªctimas del s¨ªndrome t¨®xico -los familiares de las 401 personas oficialmente fallecidas y los m¨¢s de 20.000 afectados fisicos y ps¨ªquicos- para conseguir que el Estado les indemnice por los da?os derivados de una tragedia que, sin duda, fue propiciada por un defectuoso -y es posible que hasta negligente- funcionamiento de los controles administrativos en la comercializaci¨®n del aceite de colza envenenado. Esta posibilidad ha quedado abierta, al menos, con la decisi¨®n judicial de sentar en el banquillo a cinco antiguos cargos de la Administraci¨®n estatal ucedista y a otros cinco de la Administraci¨®n local de la ¨¦poca en que se desencaden¨® la epidemia (primavera de 1981) por indicios de negligencia en el proceso de importaci¨®n del aceite de colza, en la autorizaci¨®n para su consumo y en el control de su venta ambulante.Entre las muchas incoherencias y torpezas cometidas en la resoluci¨®n de los problemas de todo tipo producidos por la tragedia del s¨ªndrome t¨®xico, una de las m¨¢s llamativas ha sido la obstinaci¨®n de los gobernantes -los de UCD, primero, y los del PSOE, despu¨¦s- en negar todo tipo de responsabilidad de la Administraci¨®n del Estado en su aparici¨®n. La evidencia de que s¨®lo en un clima de omisiones administrativas era racionalmente explicable la eclosi¨®n de una tragedia de esa magnitud ha sido una y otra vez rechazada por los responsables pol¨ªticos. Esta actitud ha bloqueado las iniciativas de car¨¢cter legislativo para que el Estado asumiese, mediante ley, la responsabilidad que le pudiera corresponder y fijase unas indemnizaciones razonables a los afectados. De modo que lo que pudo ser una propuesta aut¨®noma del Gobierno y del Parlamento para dar cumplimiento a un compromiso de solidaridad con las v¨ªctimas, no ser¨¢, en todo caso, sino colof¨®n obligado e insoslayable de un proceso penal.

Sin duda, los afectados encontrar¨¢n un peque?o consuelo en constatar que todav¨ªa -a los nueve a?os de la tragedia- existe alguna esperanza para ellos de acceder a una reparaci¨®n econ¨®mica y que la v¨ªa judicial, aunque lenta, es la ¨²nica que, a la postre, no les est¨¢ vedada del todo. Algo es algo en medio de la desesperaci¨®n que sentir¨¢n quienes ven c¨®mo sus derechos penden de la hipot¨¦tica condena de unos funcionarios y de que el Estado sea declarado responsable civil subsidiario. Todo lo cual no hace sino poner m¨¢s en evidencia las carencias institucionales con que fue abordada la tragedia que asol¨® Espa?a en la primavera de 1981.

La situaci¨®n l¨ªmite en la que, despu¨¦s de tanto tiempo, siguen encontr¨¢ndose las v¨ªctimas del fraude criminal es una denuncia en toda regla de la falta de sensibilidad de una Administraci¨®n que se ha lavado las manos en un asunto en que su responsabilidad pol¨ªtica era evidente. Pero tambi¨¦n plantea graves interrogantes sobre la actuaci¨®n de la justicia en un proceso de tan fuerte impacto social como el de la colza. A la exasperante lentitud de la maquinaria judicial se ha a?adido en este caso la decisi¨®n de desglosar la causa en dos sumarios: el de los industriales culpables directos de la tragedia, sentenciado hace ahora un a?o, y el de los cargos administrativos que, mediante omisiones o consentimientos, la propiciaron. Con lo cual se ha seguido hurtando a las v¨ªctimas, todav¨ªa por m¨¢s tiempo, el posible derecho a una pronta indemnizaci¨®n. La insolvencia patrimonial de los aceiteros condenados ha frustrado la percepci¨®n de la indemnizaci¨®n que les era exigible, de modo que la del Estado es la ¨²nica que sigue estando al alcance de los afectados.