El Gobierno fijar¨¢ los contingentes anuales de inmigraci¨®n seg¨²n las necesidades de mano de obra

El Gobierno fijar¨¢ contingentes anuales de inmigraci¨®n de acuerdo con patronal, sindicatos y pa¨ªses afectados y las demandas concretas de mano de obra. El Ejecutivo justifica esta medida, incluida en el documento sobre pol¨ªtica de extranjer¨ªa remitido ayer al Congreso, as¨ª: "Para preservar la dignidad de los extranjeros presentes en Espa?a, no debemos acoger m¨¢s que aquellos que podamos integrar, impidiendo el surgimiento de corrientes xen¨®fobas", apuntadas ya por un sondeo comunitario de 1989 cuyas conclusiones han inquietado al Gabinete. El Gobierno insta a los jueces a que expulsen a los extranjeros que cometen delitos de entidad menor.

El documento sobre pol¨ªtica de extranjer¨ªa remitido ayer a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios por el Gobierno ha sido previamente expuesto a los distintos partidos, organizaciones no gubernamentales y al Defensor del Pueblo. Este documento indica que aunque "porcentualmente la presencia extranjera en Espa?a sea muy inferior a la existente en otros pa¨ªses europeos (no sobrepasar¨ªa con los inmigrantes irregulares el 1,5% de la poblaci¨®n), la aceleraci¨®n de los flujos y la concentraci¨®n de estos en determinadas ¨¢reas urbanas podr¨ªan deteriorar r¨¢pida y gravemente el equilibrio social". No en vano, se prev¨¦ que Espa?a se va consolidar en esta d¨¦cada como pa¨ªs de inmigraci¨®n. Todo ello hace que el Ejecutivo se plantee la necesidad de poner en marcha "una pol¨ªtica global y coherente de extranjer¨ªa que preserve nuestros intereses econ¨®micos y nuestra cohesi¨®n social y que garantice una completa integraci¨®n del colectivo de residentes extranjeros". El Ejecutivo cifra en 400.000 los extranjeros residentes legalmente en Espa?a y entre 90.000 y 70.000 los clandestinos. La bater¨ªa de medidas propuestas al Parlamento incluye las siguientes:Control de entradas. El Ejecutivo se plantea mejorar la verificaci¨®n de los visados que se expiden e n aquellos pa¨ªses para los que rige este requisito. Se anuncia la implantaci¨®n de los visados a los pa¨ªses de ?frica del norte (Marruecos, Argelia y T¨²nez), cuya entrada en vigor se prev¨¦ para el pr¨®ximo marzo. "En cuanto a los pa¨ªses de Hispanoam¨¦rica, el Gobierno, como ha declarado repetidamente, est¨¢ decidido a mantener su pol¨ªtica de exenci¨®n de visados para los ciudadanos de aquellos pa¨ªses". "Paralelamente a esta pol¨ªtica de visados, habr¨¢ de continuarse e incrementarse el esfuerzo por garantizar un control efectivo de nuestras fronteras". [El presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, declar¨® ayer en Madrid que la libre circulaci¨®n sin necesidad de visado de los ciudadanos latinoamericanos en Espa?a es compatible con los compromisos adquiridos por nuestro pa¨ªs con la CE, informa Juan G. Ib¨¢?ez]

Trabajo clandestino. Se propone intensificar las sanciones administrativas y penales contra los empresarios que contraten mano de obra ilegal. Se prev¨¦ elevar la sanci¨®n de arresto mayor (de uno a seis meses) a prisi¨®n menor (de seis meses a seis a?os). Esto se conjugar¨¢ con una pol¨ªtica de fijaci¨®n de contingentes anuales de inmigraci¨®n "programando anticipadamente sus variables esenciales tales como la procedencia, temporalidad, perfil profesional, posibilidad de integraci¨®n, etc¨¦tera, todo en colaboraci¨®n con los pa¨ªses de origen". Estos contingentes ser¨¢n acordados con los empresarios, sindicatos y pa¨ªses implicados y se dar¨¢ prioridad a los colectivos de m¨¢s f¨¢cil integraci¨®n.

Promoci¨®n e integraci¨®n social. "El Gobierno est¨¢ decidido a buscar soluciones eficaces para que aflore a la superficie la bolsa de marginaci¨®n constituida por los extranjeros ilegales, articulando cuando sea posible medidas que propicien la legalizaci¨®n de determinados colectivos de inmigrantes en situaci¨®n ilegal que puedan justificar su inserci¨®n en la comunidad nacional". Se preven, asimismo, planes educativos, de empleo y protecci¨®n social para esos colectivos.

Reforzamiento de acci¨®n policial. El documento, tras advertir el incremento de la delincuencia entre la poblaci¨®n extranjera marginal y clandestina, reprocha a los jueces su "cierta reticencia" a expulsar a los inmigrantes que cometen delitos menores, y cuya "libertad provisional incide muy negativamente en la seguridad ciudadana" y cuyo encarcelamiento "aumenta la ya importante saturaci¨®n penitenciaria".

Oficina ¨²nica de tramitaci¨®n. Tal y como solicitaba el Defensor del Pueblo en su informe de 1989, el documento remitido al Congreso anuncia la creaci¨®n de una oficina ¨²nica de extranjeros en cada provincia conectada a un sistema inform¨¢tico com¨²n que se ocupe de tramitar todas las gestiones y permisos que realizan los inmigrantes en Espa?a, y que "impedir¨¢ el actual trasiego de los mismos". Asimismo, se establecer¨¢ una comisi¨®n interministerial para armonizar las distintas pol¨ªticas y pr¨¢cticas sectoriales en materia de extranjer¨ªa.

Reforma del asilo y refugio. El documento sostiene que la ley de asilo y refugio, que permite al peticionario entrar y permanecer en el terrritorio nacional mientras se tramita su solicitud, se ha convertido en una "v¨ªa fraudulenta de entrada en Espa?a". El Ejecutivo indica que de los 4.000 solicitantes del a?o pasado se ha pasado a los 12.000 de 1990, en su mayor¨ªa polacos cat¨®licos que alegan persecuci¨®n religiosa. En consecuencia, se plantea la reforma de esa ley para dejar s¨®lo la condici¨®n de refugiado de la Convenci¨®n de Ginebra de 1951.