El juez dicta una orden de b¨²squeda para detener al traficante de 10 a?os

El juez dict¨® ayer la orden de b¨²squeda y presentaci¨®n para volvera detener a Adolfo, El Ratilla, un narcotraficante y drogadicto confeso de diez a?os capturado el lunes en una chabola de Entrev¨ªas que se fug¨® horas despu¨¦s de un centro de acogida. Sin responsabilidad penal, El Ratilla ha vuelto a la espiral de la droga. Le espera otra: se enfrenta a decisiones judiciales contradictorias, a la espera de una ley que ampare a chavales como ¨¦l.

Unos 15 polic¨ªas, entre antidisturbios y agentes del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, a las ¨®rdenes del comisario de Carabanchel, Andr¨¦s Aguirre, acompa?aron ayer por la ma?ana a un equipo de televisi¨®n al poblado, seg¨²n fuentes policiales, acudieron a la chabola del muchacho y no lo encontraron. Anoche las pesquisas no hab¨ªan dado resultado.El Ratilla fue llevado al centro de primera acogida de Hortaleza, uno de los tres que hay en la Comunidad. Un lugar donde un equipo multidisciplinario recibe al chaval, elabora un informe sobre ¨¦l y hace una propuesta al juez. Con Adolfo no hubo tiempo: se escapo, una vez m¨¢s. Los responsables del centro afirmaban ayer no poder contestar a ninguna pregunta o autorizar una visita sin previa autorizaci¨®n escrita de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n.

Labor educativa

El subdirector del centro de acogida de Carabanchel, Jos¨¦ Mar¨ªa Gonz¨¢lez, asegura: "Todos los menores que pasan por aqu¨ª [unos 160 al a?o] presentan siempre serios problemas familiares". Se trata, seg¨²n Gonz¨¢lez, de devolver a los chavales su autoestima a trav¨¦s de las actividades del centro. "Nuestra labor", dice, "es educativa, no punitiva. Fugarse no es dificil pero tratamos que entiendan que no vale la pena hacerlo". Contenci¨®n personal en vez de f¨ªsica. El Ratilla se resisti¨®. Para Aurora Herrero, educadora de la comunidad, la ¨²nica forma de rehabilitar a los menores es en su propio ambiente. "Tienen que desenvolverse en el sitio donde van a vivir. El internamiento es una situaci¨®n artificial y s¨®lo debe usarse en casos extremos", apunta.El juez hubiera podido decidir sobre el chaval cualquier cosa: en febrero pasado el Tribunal Constitucional derog¨® el art¨ªculo 15 de la Ley Tutelar de Menores, vigente desde 1948. Desde entonces los propios jueces deben llenar el vac¨ªo producido mientras se elabora una nueva ley. Est¨¢n decidiendo sobre la suerte de los menores "de la mejor manera posible", seg¨²n Ramiro Ventura, juez de menores desde 1988. "Estamos aplicando una legislaci¨®n cuya filosof¨ªa es totalmente obsoleta adem¨¢s de inconstitucional, afirma Ventura. "Trata al menor como un proyecto de ser y al menor que delinque como un enfermo al que hay que tratar con m¨¦todos terap¨¦uticos. Por eso no se le aplican las garant¨ªas constitucionales, como el derecho a ser o¨ªdo, a un juicio p¨²blico, a la presencia de un abogado y un fiscal", a?ade.

Las comunidades aut¨®nomas son responsables en cuanto a protecci¨®n y reforma de menores. En Espa?a hay 38 centros de reforma, pero desigualmente distribuidos. En la Comunidad de Madrid hay tres centros de este tipo con capacidad para 50 personas. Tambi¨¦n hay 20 centros de protecci¨®n -que acogen a ni?os maltratados, abandonados, etc¨¦tera- con un total de 1.800 plazas. La comunidad se gasta al a?o 6.000 millones de pesetas en mantenerlos y pagar a las 1.500 personas -educadores, m¨¦dicos y personal de mantenimiento- que los gestionan. "Todo el sistema de reforma est¨¢ basado en leyes contradictorias o inconstitucionales. Es como un castillo de naipes", dice Gonz¨¢lez. El mes pasado, ante el vac¨ªo dejado por la decisi¨®n del Tribunal Constitucional, el Ejecutivo elabor¨® finalmente un anteproyecto de ley de menores. Seg¨²n este anteproyecto ser¨¢ fiscal quien dirija la investigaci¨®n y el menor ser¨¢ informado de los hechos que se le imputan, as¨ª como de su derecho a no prestar declaraci¨®n. En los juicios de menores el juez podr¨¢ acordar que las sesiones no sean p¨²blicas. Para el juez Ventura, "es una reforma hecha a patadas. Sigue bas¨¢ndose en la ley de 1948, que es inconstitucional". Gracias a la "desidia del Gobierno", los angelitos siguen sin ley.