El 'no' de las islas

Las relaciones entre Canarias y Madrid se han agriado desde el pasado d¨ªa 20 de enero, en que esta comunidad se neg¨® a firmar el acuerdo sobre el nuevo sistema de financiaci¨®n, en contraste con la conformidad del resto de las autonom¨ªas. El no de las islas obedece al d¨¦ficit hist¨®rico que arrastran en inversiones estatales para infraestructuras y a la "insensibilidad" demostrada por Madrid hacia el hecho insular. La falta de sinton¨ªa, ante un problema siempre lejano como el canario, acent¨²a la distancia geogr¨¢fica y amenaza con radicalizar las posturas.

Lo que m¨¢s llama la atenci¨®n en el nuevo enfrentamiento Canarias-Madrid es que la coalici¨®n entre un partido nacional, como el PSOE, y el nacionalismo de las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) en el actual Gobierno aut¨®nomo hizo presumir, tras las pasadas elecciones, que entre el Estado y el archipi¨¦lago iba a haber una luna de miel bautizada por ambos socios como pacto de estabilidad, y no un di¨¢logo imposible entre el Norte y el Sur.Tanto el modelo de financiaci¨®n como las inversiones es tatales en carreteras son dos cuestiones capitales, que definir¨¢n las relaciones entre las islas y la Administraci¨®n central Estamos, por tanto, ante el gran debate sobre el futuro de Canarias. En cuanto al primer asunto, el archipi¨¦lago viene reclamando una mayor compen saci¨®n para contrarrestar el principal handicap de su desarrollo, la insularidad pues, seg¨²n la oferta oficial hecha por el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza, al consejero canario de Econom¨ªa y Hacienda, Jos¨¦ Miguel Gonz¨¢lez, le corresponder¨ªan poco m¨¢s de 21.000 millones de pesetas (del total de 119.000 millones anuales que fija el nuevo sistema para esta autonom¨ªa); cifra que representa unos 10.000 millones menos de lo que percib¨ªa hasta ahora.

Respecto a las obras p¨²blicas de infraestructura, el Gobierno canario pide que se respete el acuerdo que ya alcanz¨® con el ministro del ramo, Jos¨¦ Borrell, tras dos a?os de litigio, por el que a lo largo de la pr¨®xima d¨¦cada, el Estado se compromete a invertir 150.000 millones de pesetas en el archipi¨¦lago, a raz¨®n de 15.000 millones por a?o. Canarias asumi¨® en su momento la competencia de esta materia, pero carece de recursos para darle contenido, como reconoce la Administraci¨®n central.

El conflicto estall¨® desde el momento en que el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda condicion¨® una mejora en la oferta de financiaci¨®n a la rebaja de los 150.000 millones para carreteras. El no de las islas ante esta disyuntiva ha colocado al presidente auton¨®mico, el socialista Jer¨®nimo Saavedra, enfrente del ministro Carlos Solchaga, que trata de imponer su ley con la espada de Maastricht a una comunidad deficitaria en infraestructuras b¨¢sicas. Los empresarios de la construcci¨®n han calculado que Canarias necesitar¨ªa invertir el doble que hasta ahora en los pr¨®ximos 10 a?os para nivelarse con la media nacional.

El presidente canario cuenta con el respaldo del Parlamento, ayuntamientos, empresarios y sindicatos, es decir, el mayor apoyo pol¨ªtico y social que se ha dado jam¨¢s en las islas a lo largo de 10 a?os de autonom¨ªa, para librar esta batalla con Madrid. Saavedra, por el PSOE, y el vicepresidente Manuel Hermoso, por las AIC, se juegan la raz¨®n de ser de su pacto de gobiemo; de ah¨ª la importancia de este pulso. Las AIC acordaron la pasada semana llevar ante los tribunales las diferencias de Canarias con Madrid si las negociaciones fracasaran definitivamente. En la misma l¨ªnea, Saavedra, que remiti¨® un informe sobre este contencioso a Francisco Fern¨¢ndez Marug¨¢n, responsable de Asuntos Econ¨®micos del PSOE, anuncia que Canarias est¨¢ en su derecho de presentar, tal como plantean las AIC, un recurso de inconstitucionalidad contra el sistema de financiaci¨®n auton¨®mica y de impugnar los presupuestos generales del Estado ante el Constitucional.

La discusi¨®n, a¨²n sin resultados, entre Saavedra, que es miembro de la ejecutiva federal del PSOE, y Solchaga, tiene de particular que los canarios aseguran estar defendiendo sus "derechos constitucionales". Parad¨®jicamente, en 1989, fue el ministro de Econom¨ªa y Hacienda quien amenaz¨®, con la Constituci¨®n en la mano, a Canarias, para que aplicara el descreste arancelario al que estaba obligada tras ingresar en la Comunidad Europea (CE). Aquel acto de rebeld¨ªa insular, conocido con el nombre de guerra de los arbitrios, se resolvi¨® al aceptar Madrid indemnizar a los cabildos.

Lo que ahora reivindican las islas les corresponde por ley, seg¨²n sostiene el Gobierno, pues tanto la Constittici¨®n como el Estatuto de Autonom¨ªa establecen la responsabilidad del Estado de financiar la insular?dad, pese a que la Administraci¨®n central ha evitado asumir hasta ahora como ha podido el coste real de esta carga presupuestaria. Asimismo, en la reforma fiscal para Canarias aprobada en las Cortes en junio pasado, el Estado nuevamente se comprometi¨® a contemplar en sus presupuestos generales una partida para inversi¨®n en infraestructuras insulares, cosa que no ha cumplido en el actual ejercicio. Las autoridades canarias prev¨¦n que, de persistir la intransigencia del ministro de Econom¨ªa y Hacienda, pondr¨¢n el caso sobre la mesa del presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez.