Hacia un nuevo pacto social

Considera el articulista que vivimos una situaci¨®n en la que la mejora del nivel de vida de la poblaci¨®n no puede descansar fundamentalmente en el crecimiento del nivel general de los salarios reales sino, entre otros conceptos,en un crecimiento sustancial de la tasa general de ocupaci¨®n de la poblaci¨®n activa.

Los fines ¨²ltimos de la acci¨®n pol¨ªtica s¨®lo pueden establecerse en t¨¦rminos ideol¨®gicos y, por tanto, con referencia a imperativos ¨¦ticos, sin los cuales el debate democr¨¢tico pierde buena parte de su sentido. Este debate es, pues, en primer lugar un debate acerca de valores, lo que no quiere decir que se trate exclusivamente de eso, ya que con demasiada frecuencia se confunden los debates acerca de escalas. de valores y preferencias ideol¨®gicas con la elecci¨®n de los instrumentos para alcanzar objetivos prefijados y con la evaluaci¨®n de la adecuaci¨®n entre medios y fines en la actuaci¨®n pol¨ªtica, cuando en realidad eso es algo que remite a la raz¨®n pr¨¢ctica. Y no hay nada peor que la ideologizaci¨®n de un debate sobre cuestiones pr¨¢cticas.Una primera esfera de la plasmaci¨®n de las opciones ideol¨®gicas en instrumentos de pol¨ªtica pr¨¢ctica se refiere al marco de referencia que utiliza cada uno de los grupos sociales y los agentes institucionales de la pol¨ªtica para legitimar sus demandas en materia de distribuci¨®n de la renta. En m¨ª libro Recursos Humanos y Pol¨ªtica Industrial he estudiado los nexos entre el crecimiento del poder adquisitivo de los salarios y los avances en la eficiencia del sistema productivo, condicionados hist¨®ricamente en Espa?a por la incorporaci¨®n de mejoras tecnol¨®gicas desde el exterior, dado el importante atraso secular acumulado en esta materia hasgta mediados de este siglo y el progresivo grado de apertura de nuestra econom¨ªa a partir de entonces.

A medida que se ha ido colmando el desnivel tecnol¨®gico, las reservas de mejora de productividad disponibles han ido disminuyendo, y con ellas la posibilidad de financiar altas tasas de crecimiento anual de los salarios reales. Si anteriormente la modernizaci¨®n tecnol¨®gica mejoraba al mismo tiempo la productividad del trabajo y la del capital, paulatinamente el crecimiento de una de ellas se hace a expensas de la del otro, y el l¨ªmite al crecimiento de la productividad del trabajo -y de los salarios reales- viene dado por la necesidad de retribuir al factor m¨¢s escaso, con vistas a aumentar las disponibilidades de capital.

Hemos llegado al punto en que la mejora del nivel de vida de la poblaci¨®n no puede descansar fundamentalmente en el crecimiento del nivel general de los salarios reales, sino en un creci miento sustancial de la tasa general de ocupaci¨®n de la poblaci¨®n activa y en las oportunidades de ascenso laboral facilitadas por el avance en la capacitaci¨®n y la experiencia de las personas a lo largo de su carrera profesional. Por eso mismo, dados los instrumentos desarrollados durante la pasada d¨¦cada para negociar directamente salarios, reales evitando caer en los espejismos monetarios, no hay obst¨¢culo para fijar una senda de crecimiento razonable del poder adquisitivo salarial, despejando las incertidumbres sobre los salarios nominales y sus efectos perversos sobre la inflaci¨®n mediante una pol¨ªtica de rentas consensuada, priorizando especialmente los gastos empresariales en formaci¨®n profesional de los trabajadores.

Objetivos e instrumentos

No conviene en este asunto confundir objetivos con instrumentos: la negociaci¨®n y el consenso son instrumentos; maneras de hacer pol¨ªtica, pero no la pol¨ªtica misma, lo que en ocasiones tiende a olvidarse. Por esta raz¨®n, la autonom¨ªa entre la fijaci¨®n de los grandes objetivos pol¨ªticos, mediante el proceso democr¨¢tico de adopci¨®n de decisiones, y la negociaci¨®n de intereses de los grupos sociales, representados en el sistema de relaciones industriales, es uno de los avances recientes de nuestra democracia. A la mejor comprensi¨®n de esta autonom¨ªa ha contribuido el hecho de que exista actualmente una plena anuencia social acerca de que la estabilidad de precios y el, saneamiento de las cuentas p¨²blicas son par¨¢metros imprescindibles para un desarrollo adecuado de la econom¨ªa y del nivel de bienestar de nuestra sociedad. Eso, y la ' evidencia de que existen pol¨ªticas cuya competencia ya no es exclusiva del Gobierno sino que se ejerce de forma compartida con nuestros socios comunitarios -como las pol¨ªticas comerciales, las de ayudas p¨²blicas y de defensa de la competencia, o la pol¨ªtica de tipo de cambio-, ha limitado el campo de discusi¨®n sobre los instrumentos a utilizar para conseguir los objetivos pol¨ªticos deseables. Una defectuosa comprensi¨®n de esta nueva realidad por una parte de nuestra sociedad es lo que ha impedido hasta ahora alcanzar nuevos acuerdos sociales: el margen de maniobra y los instrumentos de la pol¨ªtica econ¨®mica del Gobierno se han, reducido grandemente desde nuestro ingreso en la CE, y se estrechar¨¢n a¨²n m¨¢s a medida que avancemos hacia la Uni¨®n Europea. Es la contrapartida o la condici¨®n para que Espa?a se beneficie de la enorme ventaja de pertenecer a la entidad que puede liderar el mundo -en lo econ¨®mico, en lo pol¨ªtico y en el nivel de bienestar social-, a finales de este decenio. Resulta sintom¨¢tico, por eso mismo, que no hayamos tenido acuerdos sociales tripartitos desde 1986, fecha de nuestro ingreso en la CE. En mi opini¨®n, mientras esta idea de limitaci¨®n de los instrumentos disponibles no cale en la opini¨®n y en los agentes sociales no se podr¨¢n alcanzar nuevos acuerdos estables. Por eso mismo, el Programa de Convergencia es el marco inexcusable para plantear cualquier di¨¢logo social. S¨®lo a partir de una asunci¨®n plena del mismo y de sus implicaciones por parte de unos y otros puede abrirse la v¨ªa para un nuevo pacto social, que deber¨ªa contemplar al menos tres grandes cuestiones: En primer lugar, esta relaci¨®n entre el crecimiento de los costes laborales y la evoluci¨®n de la inflaci¨®n, especialmente en el sector industrial, como s¨ªmbolo del sector descubierto de nuestra econom¨ªa y por ello mismo de la competitividad de nuestro sistema productivo., Adem¨¢s, en la medida en que deseemos librar la batalla de la competitividad en un terreno. m¨¢s amplio que el de los costes, la inversi¨®n en formaci¨®n profesional en las empresas plantea un problema adicional de financiaci¨®n, que debe ser tratado por la pol¨ªtica de rentas, ya que estas inversiones tienen una caracterizaci¨®n mixta, con un componefite de retribuci¨®n en es pecie. A nadie se le escapa que el mejor procedimiento para mantener bajo control este conjunto de variables es el pacto social y, a conseguirlo debieran dirigirse todos los esfuerzos. Pero el asunto es demasiado relevante como para fiarlo todo exclusivamente a la posibilidad de lograr un pacto. En el caso no deseable -aunque tampoco inveros¨ªmil- de que no pueda alcanzarse el con senso, no quedar¨ªa otro remedio que adoptar una pol¨ªtica de rentas dirigida, como pol¨ªtica su b¨®ptima, para evitar quedar a merced exclusivamente de la pol¨ªtica monetaria.

Flexibilidad

En segundo lugar se encuentra el problema central de la flexibilidad en el mercado de traba o. Es j bien conocida la estrategia de flexibilidad que adoptamos durante el decenio de los ochenta y de sus buenos resultados para la evoluci¨®n del empleo durante la segunda mitad del mismo. Tal estrategia consisti¨® en mantener la rigidez en el n¨²cleo central del sistema de contrataci¨®n y abrir un amplio margen de flexibilidad contractual para las nuevas contrataciones. Se trat¨® de una estrategia provisional, ya que a largo plazo el sistema laboral as¨ª dise?ado hace descansar en exceso la disponibilidad de un margen flexible para la empresas sobre el mantenimiento de una elevada tasa de rotaci¨®n de las plantillas, lo que desincentiva la inversi¨®n en formaci¨®n para la mejora de los recursos humanos de las empresas. Adem¨¢s, con ese sistema la antig¨¹edad media de las plantillas disminuye durante el auge y se eleva durante las etapas de recesi¨®n, lo que produce un comportamiento de las derivas salariales excesivamente proc¨ªclico, elevando los costes laborales medios por persona precisamente en las etapas -como ¨¦sta que atravesamos- de coyuntura baja. Como estrategia temporal, creo que la pol¨ªtica de flexibilidad ha sido un ¨¦xito. Hoy, sin embargo, resulta evidente que el proceso de cambio estructural constituye un requerimiento permanente para las empresas, por lo que ser¨ªa conveniente cambiar de estrategia para evitar que los procesos de ajuste empresarial se contemplen como operaciones extremas , cuando ya se han producido da?os de competitividad irreparables. En mi opini¨®n lo que convendr¨ªa hacer es limitar la intervenci¨®n de la administraci¨®n laboral en los procesos de regulaci¨®n de empleo a las facultades de seguimiento, suspensi¨®n temporal y tutela previstas en la directiva comunitaria sobre despidos colectivos, y reducir al mismo tiempo sustancialmente las facultades de contrataci¨®n temporal por parte de las empresas, para corregir la segmentaci¨®n del mercado, que en mi opini¨®n resulta excesiva, lo que ya no es, bueno ni para las empresas ni para los trabajadores. Pero insisto en el hecho de que s¨®lo resulta leg¨ªtimo contemplar al mismo tiempo las dos vertientes del problema, no una sola de ellas, como se hace habitualmente por unos u otros. Y en tercer lugar, resulta crucial proceder a una descentralizaci¨®n tanto de los procesos de di¨¢logo social como de la gesti¨®n de las pol¨ªticas p¨²blicas, descendiendo por un lado al terreno sectorial en el seguimiento del impacto de los programas horizontales de pol¨ªtica industrial -como se est¨¢ haciendo para la elaboraci¨®n del Libro Blanco sobre la industria- y potenciando la cooperaci¨®n entre empresas en el ¨¢mbito local para producir econom¨ªas externas, imprescindibles para la especializaci¨®n competitiva de las peque?as y medianas empresas. La reforma del Inem, el desarrollo de la nueva formaci¨®n profesional dual dise?ado por la LOGSE y la aplicaci¨®n de los programas de infraestructura tecnol¨®gica, de calidad y de cooperaci¨®n industrial, pueden generar sinergias entre estas pol¨ªticas, reforzando los sistemas productivos locales que ya est¨¢n dando muestras de gran dinamismo y que explican, entre otras cosas, algunas de las partidas de nuestro comercio exterior en las que la industria espa?ola act¨²a con mayor agresividad exportadora.

?lvaro Espina es secretario de Estado de Industria.