?Todav¨ªa delincuentes?

La disoluci¨®n de las Cortes ha paralizado la tramitaci¨®n en curso del proyecto del C¨®digo Penal, que deber¨¢, en todo caso, ser abordado por el nuevo Parlamento que surja de las urnas, siendo una de las cuestiones pendientes la interrupci¨®n voluntaria del embarazo.El debate en este caso va mucho m¨¢s all¨¢ del reproche a la conducta, ya que lo que plantea cualquier ley penal es la criminalizaci¨®n de tal actuaci¨®n.

En estos momentos, ?piensa a¨²n la sociedad espa?ola que la mujer que aborta es una delincuente? ?Puede sostenerse un castigo que comporta c¨¢rcel para ella y para los m¨¦dicos que la ayudan?

La resoluci¨®n del Parlamento de Europa de marzo de 1990 indica que "debe garantizarse a las mujeres de toda la Comunidad Europea el derecho de decidir sobre la propia vida y, en este caso, el derecho de optar por la maternidad o por la interrupci¨®n voluntaria del embarazo".

Masler Wagner, responsable de la salud materno-infantil de la Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS), hab¨ªa dicho en enero del mismo a?o: "Cada intento que se ha hecho en pa¨ªses de prohibirlo, lo ¨²nico que ha supuesto ha sido conducir a las mujeres a realizar abortos ilegales que resultan una amenaza para su vida".

Se aducen criterios de constitucionalidad para la permanencia del aborto en el C¨®digo Penal por la necesaria tutela al producto de la concepci¨®n como bien jur¨ªdico indiscutible.

?Pero qu¨¦ sucede cuando entra en conflicto con la tutela a los derechos de la mujer?

De modo sorprendente, desde 1988, y a trav¨¦s de la Ley Reguladora de Nuevas Tecnolog¨ªas Reproductivas, se obliga a los equipos m¨¦dico-cient¨ªficos a destruir los preembriones que no hubieran sido congelados m¨¢s all¨¢ del decimocuarto d¨ªa desde la fecundaci¨®n, prohibiendo expresamente mantenerlos con vida.

La coexistencia de ambas normas y el reconocimiento por parte del Tribunal Supremo y del Constitucional de la no punibilidad del aborto realizado por una espa?ola en el extranjero a?aden paradoja a una realidad a cuyas espaldas no se puede permanecer.

La f¨®rmula de despenalizaci¨®n parcial hoy vigente en Espa?a ha resultado de muy escasa operatividad, ha habido juicios a lo largo y ancho de nuestra geograf¨ªa con mujeres y m¨¦dicos en los banquillos viendo la intimidad de aqu¨¦llas y la profesionafidad de ¨¦stos sometida a grandes ataques.

Por ello, s¨®lo una regulaci¨®n respetuosa con el derecho de la mujer a decidir podr¨¢ dar fin a la actual inseguridad jur¨ªdica y cumplir la resoluci¨®n del Parlamento Europeo, que es una recomendaci¨®n transmitida por su presidente a todos los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

es abogada, especialista en temas de mujer y familia.