Zabalza admite que la regularizaci¨®n no exime de delito fiscal si el caso est¨¢ ya en manos del juez

El secretario de Estado de Hacienda, Antoni Zabalza, admiti¨® ayer en Santander que la regularizaci¨®n fiscal puede no beneficiar a aquellos contribuyentes que adquirieron deuda especial cuando ya estaban siendo inspeccionados y su expediente se encontraba en la v¨ªa penal. Las manifestaciones de Zabalza vienen a contradecir todas las tesis mantenidas hasta ahora por Hacienda, que siempre ha sostenido que la compra de deuda especial salda las cuentas pendientes con el fisco. El jueves fue condenado a seis meses y un d¨ªa de prisi¨®n y una multa de 170 millones de pesetas un empresario de L¨¦rida que hab¨ªa regulanzado su situaci¨®n adquiriendo 600 millones de pesetas de deuda especial.

, Toda esta ol¨¦mica se ha originado con un auto de la Audiencia Nacional que revocaba uno anterior del juez de delitos monetarios Miguel Moreiras. En su auto, la Audiencia sostiene que la regularizaci¨®n no exime del delito fiscal cuando la inspecci¨®n est¨¢ ya en marcha, aunque s¨ª supone un atenuante.Este auto ha generado una gran pol¨¦mica entre hacendistas y juristas, que ha aumentado de grado con la sentencia condenatoria contra el empresario leridano Florencio Solans Sangr¨¤, consejero delegado de Piensos Gatnau. Solans fue absuelto de delito fiscal, pero condenado por delito administrativo por la juez titular del Juzgado Penal n¨²mero 1 de L¨¦rida, que le acusaba del impago de 170 millones de pesetas derivados de ocultar a Hacienda unos ingresos de 600 millones de pesetas en los ejercicios de 1984 y 1985. La juez se apoyaba en que la compra de deuda especial por el importe de las cantidades ocultadas exim¨ªan el delito fiscal.

El fiscal de la Audiencia Provincial de L¨¦rida recurri¨® contra esta sentencia siguiendo las tesis de la Audiencia Nacional. La Audiencia leridana fall¨® el pasado jueves en favor de las tesis del fiscal y conden¨® al empresario a seis meses y un d¨ªa de prisi¨®n y a una multa de 170 millones de pesetas, informa .

Voluntarismo de Hacienda

El secretario de Estado de Hacienda se?al¨® ayer en Santander que el ministerio est¨¢ "dispuesto" a considerar todas las situaciones "para despejar cualquier tipo de inseguridad jur¨ªdica" de aquellos que han regularizado su situaci¨®n y tienen pendiente un proceso por delito fiscal, informa Concha Mart¨ªn.

Sin embargo, Zabalza aclar¨® que una cosa es la v¨ªa administrativa y otra la penal. En el primer caso, para todos los que regularizaron su situaci¨®n antes del 31 de diciembre de 1991, ¨¦sta es v¨¢lida aun cuando exigiera un proceso de inspecci¨®n abierto y siempre que la correspondiente acta no estuviera firmada.

El secretario de Estado admiti¨® que en la v¨ªa penal es donde se plantean los problemas, ya que el reciente auto de la Audiencia Nacional "es complejo" y est¨¢ siendo objeto de un estudio detenido por parte de Hacienda. Lo que parece claro, agreg¨® Zabalza, es que el auto se?ala que "una vez iniciada la causa penal, no es posible regularizar la situaci¨®n tributaria".

D¨ªas antes, el director general de la Agencia Tributaria, Jaime Gaiteiro, manifest¨® -tambi¨¦n en Santander- lo contrario: que hasta que no estuviera cerrada la causa penal con una sentencia firme, eran v¨¢lidas las regularizaciones efectuadas mediante la suscripci¨®n de deuda p¨²blica especial. ?sta hab¨ªa sido, adem¨¢s, la tesis mantenida por Hacienda en respuesta a las consultas que se le formularon en plena campa?a de divulgaci¨®n de la regularizaci¨®n fiscal, en el segundo semestre de 1991.

El auto de la Audiencia Nacional y el fallo de la Audiencia Provincial de L¨¦rida han desatado una gran pol¨¦mica. Fuentes empresariales se?alan que no es aceptable que Hacienda llamara a una regularizaci¨®n que ahora puede no haber servido para casi nada a miles de contribuyentes que confiaron en su publicidad. Jos¨¦ Manuel D¨ªaz Arias, director del Foro de Abogados Tributaristas, calcula que esta situaci¨®n puede afectar a unos 70.000 contribuyentes. En su opini¨®n, la ¨²nica soluci¨®n a este problema jur¨ªdico es que el Gobierno apruebe la figura de la "excusa absolutoria" en el C¨®digo Penal, para que el juez exima de delito a quienes ya hayan regularizado su deuda tributaria.

El magistrado del Tribunal Constitucional Rafael Mendiz¨¢bal opina que para evitar estas condenas se tiene que reformar el C¨®digo Penal, porque con la ley en la mano la compra de deuda no exime del delito cuando se ha llegado ya a la v¨ªa penal. Entre los contribuyentes afectados est¨¢n los cerca de 40.000 tomadores de cesiones de cr¨¦dito del Banco Santander, de los que se regulariz¨® el 97%, as¨ª como quienes hayan declarado un precio m¨¢s bajo del real en las compraventas de sus inmuebles.