EL 'CASO GRAND TIBIDABO'.

Mario Conde tard¨® diez horas en depositar los 2.000 millones de fianza para recuperar la libertad. A Javier De la Rosa le bastaron tres horas para conseguir 1.000 millones, pese a tener todos sus bienes embargados. Las 117 noches de cautiverio del financiero acabaron ayer, despu¨¦s de que el Banco Popular Espa?ol presentara un aval "porque disponemos de las suficientes garant¨ªas", seg¨²n un portavoz de la entidad. El Popular entreg¨® al juez Joaqu¨ªn Aguirre un aval de 1.080 millones de pesetas: los 1.000 del finandiero y los otros,80 para cubrir las fianzas impuestas a dos de sus colaboradores en prisi¨®n: . Joan Cruells y Arturo Pi?ana. Ambos abandonaron la Modelo a las cinco de la tarde de ayer. Ram¨®n Fiter, tambi¨¦n inculpado en el caso Grand Tibidabo, no abandonar¨¢ el penal de Alcal¨¢ Meco hasta que deposite los 250 millones requeridos por el juez.Cambia la situaci¨®n personal de De la Rosa y sus colaboradores, pero no su condici¨®n ante la justicia. Todos ellos siguen estando acusados de estafa, apropiaci¨®n indebida y falsedad en documento mercantil. De la Rosa como autor directo de las p¨¦rdidas en torno a los 10.000 millones que sufri¨® Grand Tibidabo y los otros como coopera dores necesarios.

El juez dict¨® ayer las libertades despu¨¦s de que el fiscal lo solicitara, a ¨²ltima hora de la tarde del s¨¢bado. Sin embargo, el magistrado Aguirre ha impuesto fianzas menores a las solicitadas por el fiscal que, en el caso de De la Rosa, fij¨® el precio de la libertad en 1.300 millones de pesetas. El fiscal argumentaba que la fianza por la situaci¨®n personal deb¨ªa ser acorde con la impuesta de responsabilidad civil. ?sta fue de 13.300 millones de pesetas aunque, en la pr¨¢ctica, los bienes embargados no alcanzan ni a un sexto de esa cifra.

Juez y fispal est¨¢n de acuerdo en los motivos para cambiar la situaci¨®n: ya no hay peligro de destrucci¨®n de pruebas. El auto d¨¦ libertad lo dice as¨ª: "Una de las funciones primordiales de la prisi¨®n provisional es la de impedir que los inculpados alteren las pruebas del presunto delito, lo cual es particularmente importante en aquellos hechos en los que la prueba de que se dispone es fundamentalmente documental, pomo ocurre con los delitos econ¨®micos, ya que las operaciones de esta ¨ªndole se reflejan en un soporte documental, siendo escas¨ªsimas las pruebas testificales o de otro tipo".

El juez Aguirre -que ha prorrogado el secreto sumarial 10 d¨ªas m¨¢s- considera que ya tiene la. prueba documental y por ello cree que "resulta innecesario prorrogar la medida de la prisi¨®n provisional".