El Gobierno y la fiscal¨ªa quieren acabar con la impunidad de las organizaciones proetarras

La actuaci¨®n descaradamente partidaria de la violencia terrorista y de los concretos delitos de ETA, recrudecida en las ¨²ltimas semanas, ha estimulado en el Gobierno y en el Ministerio Fiscal el estudio de respuestas jur¨ªdicas que, dentro del Estado de derecho, impidan la impunidad de sus autores. Aunque el Gobierno cree que existen instrumentos legales suficientes, la elaboraci¨®n del fut¨²o C¨®digo Penal va a aprovecharse para endurecer el delito de apolog¨ªa, muy limitado por la libertad de expresi¨®n, hasta el punto de que, seg¨²n datos de Justicia, en 130 a?os s¨®lo ha prosperado en el Supremo una condena por ese delito y otra fue anulada por el Tribunal Constitucional.

Fuentes de la Fiscal¨ªa General del Estado tienen muy en cuenta el car¨¢cter restrictivo con que el Tribunal Constitucional ha interpretado este delito, cuya persecuci¨®n aislada resulta "delicada, por su confluencia con la libertad de expresi¨®n". Tales fuentes consideran jur¨ªdicamente m¨¢s eficaz iniciar acciones por los delitos de coacciones y amenazas, "por los que ya est¨¢n en marcha varias querellas", dijeron, "aunque no se descarta un estudio m¨¢s a fondo, incluso mediante las Juntas de Fiscales u otros ¨®rganos de asesoramiento de la fiscal¨ªa, para unificar criterios sobre la materia".En el Ministerio de Justicia e Interior, del que es titular Juan Alberto Belloch -quien ha convivido durante muchos a?os en Bilbao, como magistrado, con la agresi¨®n verbal y pol¨ªtica de los violentos-, tambi¨¦n se tienen muy claros los l¨ªmites de tipos delictivos que confluyen con la libertad de expresi¨®n. Seg¨²n Isabel Valldecabres, profesora de Derecho Penal y asesora del gabinete de Belloch, "elogiar la acci¨®n consistente en poner un coche bomba, por mucho que irrite, no es apolog¨ªa, si no incita a que se cometa el crimen".

Valldecabres ofrece datos sobre la jurisprudencia de los ¨²ltimos 130 a?os, "incluida la etapa franquista", recuerda, "durante los que s¨®lo llegaron siete casos de apolog¨ªa del terrorismo a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, de los que cinco se resolvieron con absoluci¨®n y dos con condena, una de las cuales fue anulada por el Tribunal Constitucional, que ampar¨® la publicaci¨®n de un comunicado autolaudatorio de ETA en el diario Egin".Paneg¨ªrico de ETA

Primero la Audiencia Nacional y despu¨¦s el Tribunal Supremo condenaron a dos a?os, de c¨¢rcel al director de Egin, el periodista Jos¨¦ F¨¦lix Azurmendi, por la publicaci¨®n de dos comunicados de ETA Militar que constitu¨ªan "alabanza y paneg¨ªrico, pues esto ¨²ltimo es materia delictiva y, por consiguiente, rebasa y desborda los l¨ªmites de aquellos derechos constitucionales que amparan el libre ejercicio de su profesi¨®n".

El Tribunal Constitucional, en una sentencia de diciembre de 1986 de la que fue ponente su entonces vicepresidenta Gloria Begu¨¦, anul¨® ambas condenas y fundament¨® el amparo que concedi¨® al periodista en el derecho fundamental a la informaci¨®n,"esencia de un Estado democr¨¢tico", incluso cuando se trata de comunicados autolaudatorios de ETA. El magistrado Fernando Garc¨ªa-Mon, a¨²n hoy en el alto tribunal,formul¨® un voto particular discrepante, por estimar que imputar la autor¨ªa del delito de apolog¨ªa del terrorismo "a quien realiza su publicaci¨®n, sin la cual no existir¨ªa el delito, no es m¨¢s que aplicar las leyes penales vigentes, cuya funci¨®n corresponde al poder judicial".

Tras la escalada reciente de insultos, calumnias o injurias que el mundo de la violencia vierte preferentemente contra las fuerzas de Seguridad del Estado y los dirigentes pol¨ªticos, los jueces han primado el derecho a la libertad de expresi¨®n frente al derecho al honor, suscitando en ocasiones airadas reacciones de los cuerpos policiales, incluida la Ertzaintza. Pata los gobernadores civiles que regularmente remiten a las fiscal¨ªas copias de las declaraciones m¨¢s altisonantes y para algunos miembros de la judicatura, la cuesti¨®n ha adquirido una preocupante actualidad en la medida en que, a lo largo de los ¨²ltimos meses, en l¨ªnea con la consigna de "coordinar todas las luchas", HB ha ido incrementando su beligerancia verbal.

La opini¨®n de que el delito de apolog¨ªa del terrorismo "est¨¢ muy diluido" en el actual ordenamiento jur¨ªdico y resulta hoy sumamente resbaladizo", es puesta de manifiesto en c¨ªrculos judiciales del Pa¨ªs Vasco, algunos de los cuales propugnan una redefinici¨®n m¨¢s precisa de este delito. El criterio del Gobierno es mantener s¨®lo la apolog¨ªa del terrorismo cuando es una forma de provocaci¨®n al delito, pero no cuando significa un medio para ejercer el derecho a la informaci¨®n o la libertad de expresi¨®n.

Los jueces y fiscales del Pa¨ªsVasco estudian atentamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo, seg¨²n la cual lo que s¨ª es delito es el apoyo expl¨ªcito a los delitos de la banda armada, as¨ª como mostrar satisfacci¨®n y conformidad con atentados concretos de ETA y, desde luego, las amenazas a personas y colectivos.

En cambio, ante los comunicados y escritos amenazantes de una organizaci¨®n alegal como KAS, existen dificultades para determinar la autor¨ªa. Tambi¨¦n se recuerda c¨®mo en otros casos la iniciativa fiscal por las amenazas a los empresarios encargados de la autov¨ªa Guip¨²zcoa-Navarra y a los periodistas que cubrieron los actos no prosperaron por la negativa de ¨¦stos a acreditar formalmente la denuncia.