Garz¨®n rechazar¨¢ el conflicto planteado por Pertierra, pero duda sobre la forma de hacerlo

El juez Baltasar Garz¨®n decidir¨¢ esta semana sobre el conflicto de jurisdicci¨®n que le plante¨® el ministro de Defensa, Gustavo Su¨¢rez Pertierra, con el fin de no entregarle los documentos que el magistrado hab¨ªa reclamado al Cesid sobre la guerra sucia contra ETA. Ante el escrito presentado por Defensa, Garz¨®n duda todav¨ªa si no admitirlo de plano, por contener defectos de fondo y forma que lo hacen improcedente de principio, o admitirlo a tr¨¢mite pero rechazar el conflicto por considerar que ¨¦l es el competente para investigar el caso Monbar y los delitos cometidos por los GAL y est¨¢ facultado para ex?gir que le aciliten los documentos del Cesid. El magistrado, en cualquier caso, se mostrar¨¢ contrario a la postura de Defensa.

Fuentes jur¨ªdicas han asegurado que el magistrado se inclina m¨¢s por la postura, sostenida por el fiscal, Pedro Rubira, de que todo el asunto se resuelva en la jurisdicci¨®n penal y no vaya a la sala de conflictos. El razonamiento se basa en que el caso Monbar -sobre los asesinatos de cuatro etarras por los GAL, y en cuya investigaci¨®n se han solicitado al Cesid y a Defensa los documentos- s¨®lo puede ser investigado por jueces y tribunales y Defensa no tiene ning¨²n expediente abierto por el que reclamar las actuaciones.El fiscal considera que el conflicto no es tal, sino que, a su entender, obedece a la respuesta de una persona enfadada. El juez, seg¨²n explicaba Rubira, al reclamar los papeles del Cesid no se atribu¨ªa ninguna competencia que correspondiera a la Administraci¨®n o al Consejo de Ministros, ya que en ning¨²n momento reclamaba para ¨¦l la clasificaci¨®n o desclasificaci¨®n de documentos secretos, sino que Garz¨®n reclamaba la colaboraci¨®n con la justicia del ministro de Defensa para que removiese los obst¨¢culos en este caso la clasificaci¨®n de secreto, de los documentos que solicitaba.

Secreto y delito

A esta postura se a?ad¨ªa que el ministro de Defensa no est¨¢ legitimado para plantear el conflicto, ya que las atribuciones del Consejo de Ministros deben ser defendidas por su titular, el presidente del Gobierno, seg¨²n argumentaban el fiscal y la acci¨®n popular. Todo ello se enmarca en la resoluci¨®n del Tribunal Supremo sobre la investigaci¨®n de los fondos reservados, en la que se se?alaba que no deben quedar espacios impunes y que no se puede alegar la ley de Secretos Oficiales para negar documentos en la investigaci¨®n de un delito.En caso de que Garz¨®n se decidiera, como parece probable, por la inadmisi¨®n del escrito, cabr¨ªa recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuya resoluci¨®n ser¨ªa firme. El recurso s¨®lo podr¨ªa ser interpuesto por alguna de las partes personadas en el proceso, aunque no es previsible, puesto que el abogado del ex director del Cesid, general Emilio Alonso Manglano, no se pronunci¨® sobre el conflicto, y el del coronel Juan Alberto Perote mantiene una postura ambigua.

La otra opci¨®n que baraja el juez de la Audiencia Nacional, aunque cuenta con menos posibilidades, es la de admitir a tr¨¢mite el conflicto y remitirlo a la. sala integrada por magistrados del Tribunal Supremo y del Consejo de Estado, pero rechazando el fondo de la cuesti¨®n, es decir, manteniendo que el propio Garz¨®n est¨¢ legitimado para solicitar la informaci¨®n y obtenerla.

Fuentes del Ministerio de Justicia e Interior y de Defensa consideran que si el juez instructor del caso GAL en el Tribunal Supremo, Eduardo M¨®ner, reclamase los papeles del Cesid -la acci¨®n popular ya le ha pedido que los requiera al Cesid y est¨¢ pendiente de informe del fiscal- Defensa podr¨ªa ampararse en el hecho de que ya est¨¢ planteado conflicto de jurisdicci¨®n por el mismo asunto.

Fuentes jur¨ªdicas, sin embargo, consideran que una negativa a un hipot¨¦tico requerimiento de M¨®ner por parte del ministro de Defensa supondr¨ªa un pelda?o m¨¢s en la tesis de que el miembro del Gobierno ha incurrido en delito de falta de colaboraci¨®n con la Justicia, ya que se interpretar¨ªa qu¨¦ el conflicto de jurisdicci¨®n planteado a Garz¨®n no es otra cosa que una maniobra dilatoria para no entregar los documentos.

En los citados medios, se considera que Garz¨®n no entrar¨¢ por el momento en la existencia de indicios de falta de colaboraci¨®n con la Justicia por parte de Su¨¢rez Pertierra.

Los documentos reclamados por Garz¨®n son la denominada acta fundacional de los GAL y la nota de despacho del 28 de septiembre de 1983 en la que Perote anunciaba el inicio de la guerra sucia contra ETA en Francia.