God¨® declara que nunca orden¨® 'pinchazos' telef¨®nicos

El editor de La Vanguardia, Javier God¨®, neg¨® ayer ante el tribunal haber ordenado o conocido siquiera los pinchazos atribu¨ªdos a su equipo de seguridad. God¨® admiti¨® que encomend¨® a El Lobo seguir a directivos de su empresa, pero lo hizo, dijo, con la instrucci¨®n impl¨ªcita de que se ajustaran a la legalidad.God¨® rechaz¨® de plano que -encargase en 1990 vigilar a Manuel Mart¨ªn Ferrand, director de Anterna 3 en aquella ¨¦poca, personado en la causa como acusaci¨®n. Ruiz admiti¨® ayer que pidi¨® informes sobre el mismo a una persona no identificada de Madrid. Respecto al sistema de grabaci¨®n que compr¨® en EE UU para su equipo de seguridad, el editor lo calific¨® de "regalo sin finalidad concreta".

A preguntas del fiscal, God¨® explic¨® que en 1991 se entrevist¨® con el entonces vicepresidente, Narc¨ªs Serra, la ministra Rosa Conde y el director del Cesid, Emilio Alonso Manglano, para explicarles un acuerdo entre Banesto y La Vanguardia que no lleg¨® a cuajar. Fue en aquella ocasi¨®n cuando Manglano le recomend¨® al coronel Rodr¨ªguez, quien en 1992 se incorpor¨® al diario, donde trabajaba desde hac¨ªa dos a?os Miguel Ruiz.

El interrogatorio al editor se centr¨® en el nuevo contrato con el grupo del Lobo que se firm¨® tras la incorporaci¨®n del coronel, que empez¨® a cobrar a trav¨¦s de una empresa fantasma denominada Aquarius Internacional, que supuestamente deb¨ªa elaborar un banco de datos sobre personalidades italianas. God¨® dijo ayer que nunca encarg¨® dicho trabajo, pero que tampoco se le inform¨® del cambio de contrato, pues se trataba de una pura formalidad administrativa.

La secretaria de God¨®, Gemma Guill¨¦n, neg¨® igualmente estar al corriente de este cambio o de que el representante de Aquarius en Espa?a fuese en realidad Ruiz, bajo una segunda identidad falsa, pese a que era la encargada de visar los pagos. El fiscal considera que estos hechos constituyen un delito de falsificaci¨®n de documento mercantil por el que pide cinco a?os de c¨¢rcel, una pena muy superior a la que solicita por escuchas ilegales.