El Tribunal Superior de Justicia considera ilegal el Campo de las Naciones

Entre los defectos observados, los informes de los servicios t¨¦cnicos y la direcci¨®n general de Urbanismo de la consejer¨ªa se?alaban los siguientes: se incumplen los objetivos del plan general, carece de estudio econ¨®mico financiero, "no se justifica el impacto sobre el medio ambiente", "no estudia ni resuelve las necesidades de transporte p¨²blico", "calcula mal el aprovechamiento y, por tanto, los derechos generados, que aumentan considerablemente", determina reservas de equipamientos y dotaciones p¨²blicas inferiores a las establecidas como m¨ªnimas por la Ley del Suelo.

El Campo de las Naciones sigue sin tener m¨¢s conexi¨®n con el centro que los autobuses, el taxi o el veh¨ªculo privado, aunque ya est¨¢ previsto un ramal de metro desde Hortaleza.

La Comunidad de Madrid se dio una prisa extraordinaria para tramitar la aprobaci¨®n del plan para el Campo de las Naciones. El Ayuntamiento lo aprob¨® en sesi¨®n plenaria el 30 de enero de 1987; los informes t¨¦cnicos negativos llevan fecha del 24 y 26 de febrero.

El 3 de marzo se discuti¨® en la Comisi¨®n Regional de Urbanismo, que dio luz verde al proyecto pese a los demoledores informes que hab¨ªan emitido los servicios t¨¦cnicos, y el 5 de marzo el consejo de gobierno de Leguina dio el visto bueno definitivo.

Pero introdujo una serie de 11 determinaciones que modificaban sustancialmente lo que se hab¨ªa expuesto al p¨²blico (y correg¨ªan alguno de los errores se?alados por los t¨¦cnicos), de modo que "los ciudadanos se vieron privados de la informaci¨®n necesaria para que hubieran podido ejercitar las acciones que les correspondieran".

Apostillas

De las apostillas que introdujo la Comunidad, la sentencia considera que las dos primeras se refieren a planificaci¨®n temporal, que pueden estimarse no substanciales, mientras que las dem¨¢s suponen variaciones esenciales algunas de ellas".

El Ayuntamiento tard¨® casi un a?o en introducir las modificaciones que le hab¨ªa se?alado la Administraci¨®n regional, y aprob¨® esos cambios el 30 de junio de 1988. A partir de entonces empezaron las expropiaciones.

Los propietarios de los terrenos pidieron la reversi¨®n de las tierras expropiadas en febrero de 1990, tras haber solicitado la nulidad del plan aprobado.

Por ello, la sentencia del Tribunal Superior (de la que ha sido ponente el magistrado Miguel L¨®pez-Mu?iz Go?i) enarbola un fallo del Supremo en el que se consagra el "car¨¢cter esencial de la informaci¨®n p¨²blica y la situaci¨®n de indefensi¨®n que su omisi¨®n ocasiona a los ciudadanos, ya que el mencionado tr¨¢mite, adem¨¢s de salvaguardar los intereses privados ( ... ) tiene tambi¨¦n por objeto garantizar la mayor participaci¨®n posible".

Seg¨²n el catedr¨¢tico de Derecho Administrativo Santiago Mu?oz Machado, si el Supremo confirma esta sentencia, el Ayuntamiento deber¨¢ sacar a informaci¨®n p¨²blica de nuevo los proyectos. "Desgraciadamente, estas sentencias no suelen tener ning¨²n efecto pr¨¢ctico", comenta. "En urbanismo casi todo es legalizable; con una licencia o en un plan general, se convalida lo hecho, se mantiene y en todo caso se indemniza a los posibles perjudicados", explica. "Y la m¨¢xima que suele aplicar el Supremo, aunque no est¨¢ escrita en la legislaci¨®n, es la de que una obra hecha no se destruye", a?ade.