La Audiencia de San Sebasti¨¢n ve indicios de delito contra el general Galindo en el 'Informe Navajas'

La Secci¨®n Primera de la Audiencia de San Sebasti¨¢n considera que en las diligencias redactadas por el fiscal jefe de la Audiencia, Luis Navajas, y en otras practicadas por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de la capital guipuzcoana hay "indicios de la participaci¨®n de Rodr¨ªguez Galindo en la comisi¨®n de posibles delitos de cohecho, en relaci¨®n con otros de contrabando y contra la salud p¨²bl¨ªca". De esta forma, en un auto dado a conocer ayer por Efe, la Audiencia justifica la reapertura de la investigaci¨®n del general de la Guardia Civil en relaci¨®n con la querella presentada por la asociaci¨®n Adore, que le acusaba de delitos de narcotr¨¢fico, contrabando, proxenetismo y cohecho.

Adore, una asociaci¨®n cludadana contra el tr¨¢fico de drogas dirigida por personas afines a Herri Batasuna, present¨® la querella contra Enrique Rodr¨ªguez Galindo en junio de 1995, pero el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de San Sebasti¨¢n, Fernando Andreu, la archiv¨® por falta de pruebas, al estar basadas la mayor parte de las acusaciones en informaciones de prensa.Ahora, la Audiencia ordena la reapertura de la investigaci¨®n contra Galindo argumentando que "resulta incontestable que no se ha investigado la posible implicaci¨®n de dicho querellado" en los hechos relatados por el fiscal jefe de la Audiencia de San Sebasti¨¢n.

Los magistrados de la Secci¨®n Primera Yolanda Dome?o, Jos¨¦ Luis Barrag¨¢n y Joaquin Silgueiro critican en su auto la actuaci¨®n del fiscal Luis Navajas y la del magistrado Fernando Andreu: el primero, porque "no remiti¨® las diligencias informativas al juzgado instructor", y el segundo, porque "no reclam¨® su remisi¨®n, a pesar de que tuvo conocimiento de su existencia".

El auto destaca que en las diligencias previas incoadas por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 "no se ha llevado a cabo una completa investigaci¨®n judicial, dado que las mismas han consistido b¨¢sicamente en autorizar las intervenciones telef¨®nicas solicitadas, as¨ª como las pr¨®rrogas y ceses de las mismas, sin que el juzgado por propia iniciativa haya adoptado resoluci¨®n alguna", a excepci¨®n de dos diligencias.

En su resoluci¨®n, la Secci¨®n Primera hace un repaso del contenido del informe Navajas y de las diligencias previas 491/91, incoadas por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1, para justificar su orden de reabrir la investigaci¨®n contra Galindo. Recuerda que el Informe Navajas fue redactado por el fiscal jefe de San Sebasti¨¢n el 8 de febrero de 1989 a ra¨ªz de la conversaci¨®n que mantuvo en diciembre de 1988 con el teniente coronel Francisco Quintero San Juan, perteneciente a la Jefatura del Servicio Fiscal de Madrid, y con el capit¨¢n Juan Miguel Casta?eda Becerra, miembro del Servicio Central de Informaci¨®n, ambos de la Guardia Civil.

Los dos mandos del instituto armado informaron a Navajas sobre "las distintas bandas de contrabandistas y narcotraficantes que operaban en Guip¨²zcoa y sobre la posible implicaci¨®n en estas operaciones de agentes de la 513 Comandancia de la Guardia Civil de Guip¨²zcoa", se?ala el auto.

La resoluci¨®n pone de relieve que el capit¨¢n Casta?eda implic¨® "en actividades de contrabando y narcotr¨¢fico a Enrique Rodr¨ªguez Galindo, quien se hallaba conectado con los presuntos contrabandistas Santamar¨ªa, Carballo y Ezcurdia, con quien manten¨ªa reuniones peri¨®dicas en un chal¨¦ propiedad de ¨¦ste, en La Rioja".

El informe Navajas inclu¨ªa tambi¨¦n la transcripci¨®n de las entrevistas mantenidas por el fiscal jefe de San Sebasti¨¢n con dos contrabandistas y dos reclusos, as¨ª como un informe de la Jefatura del Servicio Fiscal de la Direcci¨®n General de la Guardia Civil en el que se implicaba en contrabando a 16 agentes, entre ellos al capit¨¢n Fidel del Hoyo Cepeda y a los sargentos Enrique Dorado Villalobos, imputado en el caso Lasa y Zabala, y a su hermano Fabi¨¢n. Las diligencias informativas del fiscal incorporan tambi¨¦n un oficio remitido a la Direcci¨®n General de la Guardia Civil por el propio Galindo, quien advert¨ªa de la posible implicaci¨®n de nueve miembros de su Comandancia en alijos de contrabando, entre ellos el capital Fidel del Hoyo, aunque no inclu¨ªa a Dorado Villalobos.

El informe Navajas tambi¨¦n ten¨ªa incorporado un escrito del Servicio Fiscal de la Direcci¨®n General de la Guardia Civil que detallaba la existencia de cuatro redes de contrabandistas en Guip¨²zcoa. Entre sus miembros citaba a dos empresarios que posteriormente fueron asesinados por ETA: Jos¨¦ Antonio Santamar¨ªa, muerto el 19 de enero de 1993, y Jos¨¦ Manuel Olarte, alias Plomos, el 27 de julio de 1994.