El proyecto del Gobierno refleja la pugna entre Cascos y Serra por controlar los servicios secretos

El proyecto de Ley de Secretos Oficiales elaborado por el Gobierno refleja, de forma apenas disimulada, la pugna entre el vicepresidente primero y ministro de la Presidencia, Francisco ?lvarez Cascos, y el ministro de Defensa, Eduardo Serra, por el control de los servicios secretos. El texto, que sanciona con multas de hasta 100 millones de pesetas la divulgaci¨®n de documentos clasificados, encomienda su protecci¨®n a la denominada Autoridad Nacional de Seguridad. Sin embargo el Gobierno se concede a s¨ª mismo un a?o de plazo para designar a dicha autoridad, que ser¨¢ uno de los dos ministros.

La dureza del proyecto de ley a la hora de castigar a quienes infrinjan las normas de protecci¨®n de los secretos oficiales contrasta con el dilatado, periodo de tiempo que se ha concedido el Gobierno para designar a la autoridad responsable de velar por su cumplimiento.Nada menos que un a?o, a partir del momento en que se promulgue la nueva ley, puede pasar antes de que, est¨¦ designada la Autoridad Nacional de Seguridad, seg¨²n la disposici¨®n final primera del anteproyecto. Y eso, a pesar de que la designaci¨®n debe recaer necesariamente "en un miembro del Gobierno". Lo que en la pr¨¢ctica limita los candidatos a dos: el vicepresidente y el ministro de Defensa.

La indefinici¨®n del texto fruto, seg¨²n las fuentes consultadas, de la pugna que Cascos y Serra mantienen en torno al control de los servicios secretos y que se est¨¢ reflejando tambi¨¦n en la elaboraci¨®n del proyecto de ley del Cesid. El Gobierno anunci¨® su prop¨®sito de crear un coordinador de inteligencia, ubicado en La Moncloa, para evitar solapamientos entre los servicios de informaci¨®n de Defensa (Cesid) y los de Interior (Guardia Civil y Polic¨ªa), pero sus competencias no est¨¢n definidas.

Manteniendo la inc¨®gnita sobre cu¨¢l de los dos ministros ser¨¢ la Autoridad Nacional de Seguridad se ha evitado zanjar una cuesti¨®n todav¨ªa abierta.

Registro de acuerdos secretos

Seg¨²n el proyecto gubernamental, la Autoridad Nacional de Seguridad estar¨¢ encargada de "asegurar la protecci¨®n de las materias clasificadas y el cumplimiento de los compromisos contra¨ªdos por Espa?a", respecto a secretos oficiales, con organizaciones internacionales o con terceros pa¨ªses.El texto agrega que habr¨¢ tambi¨¦n una Autoridad Nacional Delegada, dependiente de la anterior, que tendr¨¢ a su cargo el registro central de materias clasificadas. En el mismo no se guardar¨¢n los documentos secretos, sino los acuerdos -del Consejo de Ministros o del ministro correspondiente- por los que se clasifica determinada materia. Acuerdos que tambi¨¦n tienen el car¨¢cter de secretos.

Dado que este registro ya existe, y se encuentra en Moncloa, en la secretar¨ªa general de la Presidencia del Gobierno, el texto apunta a que ser¨¢ ?lvarez Cascos quien asuma finalmente dicha responsabilidad.

El problema radica en que la Autoridad Nacional de Seguridad no es un invento de esta ley. El cargo lo ejerce desde hace a?os el director del Cesid, quien responde ante la OTAN y ante socios extranjeros de que Espa?a aplica a la informaci¨®n secreta que se le suministra las medidas de protecci¨®n adecuadas.

As¨ª se refleja en los convenios internacionales sobre protecci¨®n de informaci¨®n clasificada que ha suscrito Espa?a. Por ejemplo, el acuerdo con Israel, publicado en el BOE del 20 de mayo de 1995, que firm¨® el director del Cesid con su hom¨®logo israel¨ª.

La novedad del proyecto consiste en asociar el cargo de Autoridad Nacional de Seguridad, al de un ministro, a¨²n por determinar, en coherencia con las facultades que le atribuye para promover acciones penales y sancionadoras o para notificar a, los directores de medios de comunicaci¨®n el car¨¢cter secreto de un asunto, "cuando prevea su posible publicaci¨®n".

Habilitaciones de seguridad

Pero el director del Cesid, en su calidad de Autoridad Nacional de- Seguridad, no se limita a estas tareas. Tambi¨¦n se encarga de expedir las habilitaciones necesarias para acceder a los documentos clasificados. Dichas habilitaciones son de distinto grado, seg¨²n permitan a quien las tenga manejar informaci¨®n de alto secreto, secreto o confidencial.Nadie, desde un funcionario al empleado de una industria militar, puede acceder a un documento secreto sin que el Cesid d¨¦ la correspondiente luz verde, se supone que tras investigar la personalidad y relaciones sociales del afectado.

La asunci¨®n de estas funciones por parte del vicepresidente del Gobierno obligar¨ªa a crear un servicio secreto paralelo en Moncloa. O a transferir a Presidencia del Gobierno al menos una parte del Cesid. Como, por otro lado, figuraba en los borradores iniciales del programa electoral del Partido Popular.