Belloch: "De la judicializaci¨®n a la ministerializaci¨®n radical"

Juan Alberto Belloch, ex ministro de Justicia e Interior, opina que el Gobierno del PP ha actuado con la "fe del converso" con la Ley de Secretos Oficiales, al pasar de la "judicializaci¨®n extrema a la ministerializaci¨®n radical". Belloch destaca que "el disparate que supone considerar secreta la propia decisi¨®n del Consejo de Ministros de lo que se clasifica secreto atraviesa el proyecto de lado a lado".Cree que "este disparate origina otros en cadena" como, por ejemplo: "?C¨®mo va a saber la Autoridad Nacional de Seguridad [el miembro del Ejecutivo encargado de velar por la protecci¨®n de las materias clasificadas] qu¨¦ va a publicar un medio de comunicaci¨®n?". El art¨ªculo 10 del proyecto concede a esa autoridad la facultad de notificar a los responsables de los medios de comunicaci¨®n la naturaleza secreta de un asunto cuando "prevean su posible publicaci¨®n". "?Porqu¨¦ va a saber que determinado medio tiene un documento secreto?", se?ala Belloch.

El ex ministro destaca el "dr¨¢stico retroceso que supone para los mecanismos de control democr¨¢tico" la posibilidad de que un ministro pueda decidir si una materia puede ser clasificada como secreta, seg¨²n se?ala el art¨ªculo 3 del proyecto de ley, y no el Consejo de Ministros.

El proyecto del Gobierno establece tres categor¨ªas de clasificaci¨®n: alto secreto, secreto y confidencial. Las dos ¨²ltimas, referentes a los intereses fundamentales de Espa?a en el exterior, en materia econ¨®mica y en la organizaci¨®n y funcionamiento de los servicios de inteligencia, las puede decidir un ministro. Esta capacidad de los ministros se extiende al establecimiento de sanciones administrativas a quienes vulneren la ley, seg¨²n el art¨ªculo 11.

Control democr¨¢tico

A juicio de Belloch, un ministro tiene una visi¨®n sectorial y, al no garantizarse el control del Consejo de Ministros sobre las materias que pueden ser secretas, se produce "un retroceso de la responsabilidad solidaria y del control democr¨¢tico".Destaca tambi¨¦n la desaparici¨®n de cualquier control sobre decisiones del Gobierno en esta materia. Admite que el Poder Judicial no debe ser quien lo arbitre, seg¨²n el art¨ªculo 7, pero el art¨ªculo 8 no establece ninguna f¨®rmula alternativa de control parlamentario.

Belloch cree inadecuado que el Gobierno pueda decidir que se consideren infracciones cuestiones que no est¨¢n tipificadas como delitos. "Cuando hay dudas entre salvaguardar la seguridad del Estado o la libertad de expresi¨®n, la ¨²nica alternativa es. una ley org¨¢nica". A su juicio, el Gobierno s¨®lo utiliza este proyecto como coacci¨®n y amenaza. "?Se va a atrever a multar con 100 millones a un medio de comunicaci¨®n, como se?ala el art¨ªculo 11?".