Rumasa ha generado m¨¢s de 200 sentencias desde la expropiacion

Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos asegura que quiere un "juicio justo" sobre la expropiaci¨®n de Rumasa y pregona a la menor ocasi¨®n que 14 a?os despu¨¦s todav¨ªa espera un pronunciamiento judicial sobre su caso. A la vista de sus quejas y con el paso del tiempo, parece que ning¨²n tribunal se haya ocupado de su pol¨¦mica gesti¨®n al frente de las empresas del grupo Rumasa. Nada m¨¢s lejos de la realidad. Desde la expropiaci¨®n del holding de la abeja: en 1983, se han dictado m¨¢s de 200 sentencias sobre el caso Rumasa. Pocas son favorables a las tesis del empresario de Jerez.

Los jueces se han pronunciado desde 1983 sobre m¨²ltiples asuntos relacionados con Rumasa y la expropiaci¨®n de sus empresas (20 bancos, 170 sociedades activas, 361 empresas instrumentales, 220 no operativas y 86 sumergidas). Desde la constitucionalidad de la expropiaci¨®n. a la reprivatizaci¨®n de empresas, pasando por las reclamaciones presentadas por la familia Ruiz-Mateos (163). Sobre el caso Rumasa se ha pronunciado en Espa?a el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en dos de sus Salas, el Consejo de Estado, el Congreso de los Diputados, el Banco de Espa?a, Hacienda y la Fiscal¨ªa de la Audiencia.Incluso ha habido pronunciamiento en el deseo m¨¢s perseguido de Ruiz-Mateos: sentar en el banquillo a quienes decidieron la expropiaci¨®n. El Tribunal de Cuentas decidi¨® en 1991 que no hab¨ªa lugar a incoar el procedimiento reclamado por la inexistencia de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos.

La mayor¨ªa de las sentencias son desfavorables al empresario porque en unos casos avalan la constitucionalidad de la expropiaci¨®n (sentencias del Constitucional del 2 de diciembre 1983, 19 de diciembre de 1986, 18 de abril de1,988 y 15 de enero de 1991) y en otros ratifican la correcci¨®n de la reprivatizaci¨®n.

En las sentencias probablemente m¨¢s significativas -como la del juez Gibson, de la Alta Corte Brit¨¢nica (11112 de 1986) o la de la juez June Green de EE UU (29 de enero de 1991)-, adem¨¢s de dar la raz¨®n al Estado espa?ol en los pleitos planteados (propiedad del grupo Multinvest en, Reino Unido y propiedad de la marca Dry Sack en EE UU), los jueces relatan m¨²ltiples irregularidades en la gesti¨®n del grupo antes de ser expropiado.

Pr¨¦stamos irregulares

La sentencia del juez brit¨¢nico recoge, por ejemplo, que la adquisici¨®n del grupo de empresas de Rumasa en el exterior se financi¨® con pr¨¦stamos irregulares de bancos del grupo por importe de 39 millones de d¨®lares USA, siete millones de francos suizos. y 10 millones de marcos alemanes. Los fondos, seg¨²n la investigaci¨®n, se movieron a trav¨¦s del Banco Nordfinanz de Z¨²rich y su destino final fue una sociedad paname?a, Inversora Iberoamericana, que escap¨® al control del Estado.Puede hacerse un resumen de las irregularidades cometidas, con las sentencias e investigacioes que las respaldan: la quiebra gesti¨®n irregular de los bancos est¨¢ avalada por un informe del Banco de Espa?a de 1983;la quiebra y gesti¨®n irregular de las empresas se detalla en un informe, del Congreso de los Diputados del mismo a?o; la comisi¨®n de presuntas falsedades y estafas est¨¢ documentada en el auto de procesamiento de Ruiz-Mateos de julio de 1983; la evasi¨®n de divisas en la sentencia de a Alta Corte Brit¨¢nica de 1986 y el intento de apropiaci¨®n indebida de bienes p¨²blicos en la sentencia de la juez estadounidense.

Frente a las evidencias, Ruiz-Mateos ha opuesto desde 1983 u aparato de propaganda y, sobre todo, una sentencia del Triunal Europeo de Derechos Humanos que ¨²nicamente dio la raz¨®n a Ruiz-Mateos en un punto: Rumasa ha excedido "el plazo razonable de un proceso". El Tribunal no entr¨® en m¨¢s consideraciones, pero Ruiz-Mateos ha utilizado la sentencia y la disparidad de criterios en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como prueba del "robo" de Rumasa.

El empresario va ser juzgado por dos presuntos delitos de falsedad en documento mercantil (los recogidos en el auto de su extradici¨®n de Alemania en 1985). o tendr¨¢ que responder por las regularidades que detall¨® la fiscal Carmen Tagle -asesinada por ETA- y cuya enumeraci¨®n, ilustra qu¨¦ se hizo en Rumasa: encubrimiento de p¨¦rdidas con revalorizaci¨®n de activos (300.000 millones); retenciones de IRPF no ingresadas (11.891 millones); cuotas de la Seguridad Social no ingresadas (1.040 millones); deudas con la Seguridad Social no contabilizadas (10.874 millones) y pr¨¦stamos ficticios.