Un abogado reclama al Estado 55,4 millones al ser absuelto tras ocho a?os de procesamiento

Un abogado procesado durante ocho a?os y luego absuelto reclama al Estado 55,4 millones. Los familiares de sendos difuntos piden seis millones por haber ordenado los jueces enterrarles sin avisar de la aparici¨®n de los cad¨¢veres. Son algunas de las reclamaciones al Ministerio de Justicia por anormal funcionamiento judicial, por m¨¢s de 132 millones, de pesetas, informadas favorablemente, en sus primeros meses de mandato, por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elegido en 1996. M¨¢s de la mitad del medio centenar de informes confirma el anormal funcionamiento judicial, en su mayor parte por retrasos o p¨¦rdidas de objetos o fianzas en los juzgados. Pero s¨®lo en un caso cree el CGPJ repercutible la indemnizaci¨®n sobre el juez.

Frente al deficiente funcionamiento de la Administraci¨®n de Justicia, la Constituci¨®n de 1978 estableci¨® una soluci¨®n escoba, para cuando a los ciudadanos perjudicados les fracasan otros recursos y resortes jur¨ªdicos. El art¨ªculo 121 establece que "los da?os causados por error judicial, as¨ª como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administraci¨®n de Justicia, dar¨¢n derecho a una indemnizaci¨®n a cargo del Estado, conforme a la ley".En 1985 se desarroll¨® por ley ese precepto y comenzaron a producirse las reclamaciones por anormal funcionamiento de la Administraci¨®n de Justicia. Seg¨²n los ¨²ltimos datos disponibles -el actual Ministerio de Justicia no ha podido facilitar durante esta semana los datos relativos a 1996, recabados por este peri¨®dico-, desde principios de 1991 a finales de 1995 costaron al Estado 174 millones de pesetas, distribu¨ªdos entre 148 reclamaciones estimadas, de un total de 1.038 en los cinco a?os.

Estafa inexistente

De la nueva hormada de reclamaciones estudiadas por el nuevo CGPJ -que, como el anterior, informa a favor m¨¢s de la mitad- destaca, por su importe, la del abogado que pide al Estado 55.444.430 pesetas. Se trata de Jos¨¦ Mar¨ªa Torne Farr¨¦, de 64 a?os, que ha ejercido la abogac¨ªa durante 37 a?os en Catalu?a. En 1986 fue procesado en Valencia por presuntos delitos de estafa e introducci¨®n y puesta en circulaci¨®n de t¨ªtulos al portador falsos. En 1994, tras una serie de peripecias procesales, Torne fue absuelto de tales delitos. En consecuencia, reclama 444.430 pesetas por gastos, 30 millones por da?os morales -habida cuenta su profesi¨®n, las penas pedidas y los ocho a?os y cuatro meses que estuvo procesado- y 25 millones "por baja en el rendimiento econ¨®mico de su bufete".El CGPJ informa que se ha producido funcionamiento anormal de la Justicia, entre otras razones porque el letrado "estuvo sometido a procesamiento durante m¨¢s de ocho a?os, sin que sea atribuible a su actuaci¨®n la dilaci¨®n del mismo, no siendo, por otra parte, la materia debatida de una complejidad que pudiera justificar tan dilatada tramitaci¨®n".

Otras dos reclamaciones guardan relaci¨®n con la falta de informaci¨®n sobre la muerte de dos personas. En un caso, Crist¨®bal Criado se queja de que no fue informado de la muerte de un hijo suyo, cuyo cad¨¢ver fue encontrado "con documentaci¨®n acreditativa de su completa filiaci¨®n y domicilio" en Cornell¨¢ (Barcelona).

Criado, pide un mill¨®n de pesetas por anormal funcionamiento de la Administraci¨®n de Justicia, porque el juzgado archiv¨® la investigaci¨®n y acord¨® el entierro del cad¨¢ver sin haber realizado "actuaci¨®n alguna" para localizar a la familia, que durante cinco meses estuvo buscando infructuosamente a su desaparecido, incluso a trav¨¦s de un programa de televisi¨®n. El CGPJ informa favorablemente la petici¨®n, ya que el juzgado contaba con "datos m¨¢s que suficientes para, al menos, tratar de localizar a los familiares del finado".

Cad¨¢ver identificado

Otro caso similar es el planteado por Santas Torrijos y Mar¨ªa Elia Su¨¢rez, madre y esposa de otro difunto. Ambas narran que el 27 de agosto de 1994 fue hallado en Las Palmas de Gran Canaria el cad¨¢ver de su familiar, identificado con DNI, NIF y otros efectos personales, a pesar de lo cual los familiares no fueron informados. Dos meses despu¨¦s un amigo comunic¨® que hab¨ªa fallecido. Preguntaron, en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 y se les contest¨® que "casos de esos hab¨ªa muchos". Ambas mujeres alegan los sufrimientos padecidos y solicitan cinco millones de pesetas por los da?os morales causados.El CGPJ estima que se produjo anormal funcionamiento judicial. Razona que cuando el 3 de noviembre de 1994 se entregaron los efectos personales del fallecido a las reclamantes, entre ellos exist¨ªa una cartera con el DNI y el NIF y otra documentaci¨®n personal que habr¨ªa permitido informarles. No hacerlo les priv¨® de la toma de decisiones "pertenecientes a un ¨¢mbito tan ¨ªntimo como el de los sentimientos y emociones (...) ligados al enterramiento de un familiar".