Galindo ingresa en la prisi¨®n militar de Alcal¨¢ por negarse a pagar una fianza de 25 millones

El general de la Guardia Civil Enrique Rodr¨ªguez Galindo reingres¨® ayer en la prisi¨®n militar de Alcal¨¢ de Henares (Madrid) despu¨¦s de que se negase a constituir la fianza de 25 millones de pesetas que le impuso el pasado viernes el juez de la Audiencia Nacional Javier G¨®mez de Lia?o. Galindo, procesado como supuesto inductor del secuestro, las torturas y el asesinato de los presuntos etarras Jos¨¦ Antonio Lasa y Jos¨¦ Ignacio Zabala, permanecer¨¢ en la c¨¢rcel, pues ha anunciado que no recurrir¨¢. Su abogado, Jorge Argote, culp¨® al "Gobierno del Partido Popular" de su encarcelamiento y precis¨® que presentar¨¢ una protesta -no un recurso, pues Galindo lo ha prohibido- por entender que el auto del magistrado es ilegal debido a que ni el fiscal ni las acusaciones pidieron la prisi¨®n y se decretaba su "libertad provisional con fianza de 25 millones".

Enrique Rodr¨ªguez Galindo ya hab¨ªa estado en la prisi¨®n militar de Alcal¨¢ de Henares durante 72 d¨ªas, entre el 22. de mayo y el 2 de agosto de 1996, y la Audiencia Nacional orden¨® su puesta en libertad por considerar que no hab¨ªa peligro de que se fugase. Sin embargo, desde aquella fecha se han producido varias novedades resaltadas por el fiscal para pedir la modificaci¨®n de la situaci¨®n del general de la Guardia Civil.La m¨¢s importante, las declaraciones de su subordinado Felipe Bayo, que ha decidido recientemente colaborar con la Justicia como, pero tambi¨¦n como testigo directo, y que ha implicado a Galindo en el mantenimiento del secuestro de los presuntos etarras Jos¨¦ Antonio Lasa y Jos¨¦ Ignacio Zabala y la no justificaci¨®n del destino que se les dio.

Adem¨¢s, el Gobierno desclasific¨® los papeles del Cesid, en los que figuraba la nota de despacho en la que se anunciaba el inicio de acciones en el sur de Francia por parte de guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo (San Sebasti¨¢n), del que Galindo era por entonces, 1983, responsable del servicio de Informaci¨®n.

Galindo ha pasado en el proceso de ser garante de unos guardias civiles a ser dominador de la acci¨®n. Es decir, no s¨®lo habr¨ªa sabido lo ocurrido y tenido obligaci¨®n de evitarlo, sino que adem¨¢s habr¨ªa dirigido los interrogatorios de los etarras en el palacio de La Cumbre. Seg¨²n el fiscal, los delitos de los que se le acusa suponen una pena de 18 a?os de c¨¢rcel, seg¨²n el nuevo C¨®digo Penal. Por ello solicit¨® la fianza de 25 millones y la comparecencia del acusado cada tres d¨ªas. Y el juez as¨ª lo acord¨®.

El general lleg¨® ayer a la Audiencia y entreg¨® a G¨®mez de Lia?o un escrito en el que expresa: "Es mi deseo manifestar a Su Se?or¨ªa llustr¨ªsima, en coherencia con lo que siento por la situaci¨®n procesal de privaci¨®n de libertad de mis hombres, situaci¨®n que deseo compartir, no hacer efectiva la fianza que me ha sido impuesta, ni permitir que mis abogados la depositen".

El escrito a?ade: "Deseo que esta manifestaci¨®n que realizo con todo el respeto que siento por la Justicia no se interprete como un gesto arrogante, sino como una manifestaci¨®n de la lealtad y solidaridad con mis subordinados; a la vez que le expreso la firme seguridad de que en todo momento estar¨¦ a disposici¨®n de la Justicia".

Al imponer la fianza de 25 millones, G¨®mez de Lia?o se?alaba que "por no ser, no es ni excesiva", y razonaba que con la medida "ni se rebasa la frontera de lo constitucional, ni se busca ejemplaridad, ni se imponen penas por anticipado, ni se pretende debilitar el derecho del procesado a guardar silencio. Y, por supuesto, tampoco se pretende estimular gestos her¨®icos o solidaridades virtuosas".

El juez dict¨® otra resoluci¨®n por la que ordenaba el ingreso en la prisi¨®n militar de Galindo al no haber constituido la fianza.

Galindo tuvo que esperar a que acudiera al juzgado el general Mu?oz, tambi¨¦n de la Guardia Civil, para que le condujera a prisi¨®n, pues los reglamentos establecen que debe hacerlo alguien del mismo o superior rango. En el mismo centro se encuentra recluido el cabo Felipe Bayo, cuyo testimonio ha sido clave para que Galindo haya vuelto a la c¨¢rcel.

El abogado Jorge Argote acus¨® al PP de "haber metido a Galindo en la c¨¢rcel" porque, seg¨²n dijo, la petici¨®n la ha hecho el fiscal de la Audiencia Nacional, que depende jer¨¢rquicamente del fiscal general y ¨¦ste, a su vez, del Ejecutivo.

?ngeles L¨®pez, que ejerce la acci¨®n popular, afirm¨® que Galindo quiere provocar un enfrentamiento con el juez y crear un clima a su favor en la opini¨®n p¨²blica.