S¨®lo el juez puede autorizar escuchas en Espa?a

En el ordenamiento jur¨ªdico espa?ol, la inviolabilidad de las comunicaciones se encuentra expresamente recogida en el art¨ªculo 18.3 de la Constituci¨®n: "Se garantiza el secreto de las comunicaciones, y en especial de las postales, telegr¨¢ficas y telef¨®nicas, salvo resoluci¨®n judicial". En desarrollo de la tutela judicial de esta garant¨ªa constitucional, el art¨ªculo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone lo siguiente:

"2. ( ... ) El juez podr¨¢ acordar, en resoluci¨®n motivada, la intervenci¨®n de las comunicaciones telef¨®nicas del procesado, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobaci¨®n de la causa.

"3. De igual forma, el juez podr¨¢ acordar, en resoluci¨®n motivada, por un plazo de hasta tres meses, prorrogables por iguales periodos, la observaci¨®n de las comunicaciones ( ... ) telef¨®nicas de las personas sobre las que existan indicios de responsabilidad criminal, as¨ª como de las comunicaciones de las que se sirvan para realizar sus fines delictivos".

"4. En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguaci¨®n de delitos relacionados con la actuaci¨®n de bandas armadas o elementos terroristas o rebeldes, las medidas previstas en el n¨²mero 3 de este art¨ªculo podr¨¢ ordenarlas el Ministro del Interior o, en su defecto, el Director de la Seguridad del Estado, comunic¨¢ndolo inmediatamente por escrito motivado al juez competente, quien, tambi¨¦n de forma motivada, revocar¨¢ o confirmar¨¢ tal resoluci¨®n en un plazo m¨¢ximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la observaci¨®n".

El C¨®digo Penal (art. 536) tipifica el delito de quebrantamiento de estas garant¨ªas por actuaciones administrativas: "La autoridad, funcionario p¨²blico o agente de ¨¦stos que, mediando causa por delito, interceptare las telecomunicaciones o utilizare artificios t¨¦cnicos de escuchas, transmisi¨®n, grabaci¨®n o reproducci¨®n del sonido, de la imagen o de cualquier otra se?al de comunicaci¨®n, con violaci¨®n de garant¨ªas constitucionales o legales, incurrir¨¢ en la pena de inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico de dos a seis a?os".

"Si divulgare o revelare la informaci¨®n obtenida, se impondr¨¢n las penas de inhabilitaci¨®n especial, en su mitad superior, y, adem¨¢s, la de multa de seis a dieciocho meses".

Un caso extremo de aplicaci¨®n garantista del ordenamiento jur¨ªdico fue la absoluci¨®n de los implicados en el denominado caso Naseiro, en el que el Tribunal Supremo anul¨® en 1992 las pruebas de la presunta trama de financiaci¨®n ilegal del PP al considerar que estaban basadas en escuchas obtenidas sin las debidas garant¨ªas procesales pese a contar con la preceptiva autorizaci¨®n judicial.