Un informe t¨¦cnico apunta que el Santander cooper¨® en la ocultaci¨®n de cesiones de cr¨¦dito
La juez Teresa Palacios, titular del Juzgado n¨²mero 3 de la Audiencia Nacional, mantiene vivo el caso de las cesiones de cr¨¦dito abierto contra el Banco Santander en 1992. El sumario se enriquecer¨¢ esta semana al incorporar la pieza particular sobre el ex diputado del PP y ex consejero de Obras P¨²blicas del Gobierno valenciano Luis Fernando Cartagena, que renunci¨® al cargo y, con ello, a su situaci¨®n de aforado. Una prueba practicada en relaci¨®n con esa pieza sugiere la cooperaci¨®n necesaria del banco en el suministro de testaferros para ocultar a los tenedores de los activos.
La juez ha pedido nueva documentaci¨®n al banco a partir del ¨²ltimo informe de los peritos judiciales de la Agencia Tributaria, que ratificaron hace dos semanas que 220 tenedores de cesiones de cr¨¦dito mantienen deudas con Hacienda superiores a 15 millones de pesetas, de las que se deriva un supuesto delito fiscal. El banco ha negado disponer de tal informaci¨®n.La pieza que viaja a Madrid con las diligencias sobre Cartagena incluye un informe elaborado por la Universidad de Valencia, a partir de los registros inform¨¢ticos del banco, que desmonta presuntamente la versi¨®n oficial sobre los dep¨®sitos del ex consejero y se?ala que la entidad aport¨® un testaferro para ocultar el origen de los capitales invertidos por Cartagena en cesiones de cr¨¦dito.
Los peritos judiciales reiteraron a lo largo de 1996 su convicci¨®n de que el banco "conoc¨ªa quienes eran los titulares originarios de las operaciones". Los peritos se?alan que la informaci¨®n recabada en Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, pone de manifiesto "la preparaci¨®n de una documentaci¨®n que permitir¨ªa justificar ante la Hacienda P¨²blica otra titularidad distinta de la originaria" y mencionan dos juegos de documentaci¨®n paralelos, uno relativo a los titulares originarios y otro a segundos titulares o al portador.
Nueva informaci¨®n
Luis Fernando Cartagena, por su condici¨®n de aforado, s¨®lo fue llamado a declarar por Moreiras como testigo. La juez Teresa Palacios, que asumi¨® el juzgado de delitos monetarios en octubre de 1996, recab¨® nueva informaci¨®n sobre la pieza separada contra Cartagena y opt¨® por remitirla al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), ¨²nica instancia autorizada para abrir juicio oral a un miembro del gobierno aut¨®nomo, en diciembre pasado. El magistrado Jos¨¦ Flors, del TSJCV, abri¨® diligencias en enero pasado.En el caso concreto de Cartagena, el banco siempre ha sostenido que el aut¨¦ntico titular de sus dep¨®sitos opacos era Francisco Serrano, un empresario ilicitano. Seg¨²n la versi¨®n de la entidad, Serrano ten¨ªa una serie de pagar¨¦s de propia financiaci¨®n, algunos de los cuales se remontan a 1983, que dieron origen a las cesiones de cr¨¦dito constituidas en 1988 y posteriormente se convirtieron en otro producto denominado activo financiero mixto.
El banco atribuy¨® a Serrano una cantidad en torno a 160 millones de pesetas en pagar¨¦s que dieron origen a cesiones de cr¨¦dito. El registro inform¨¢tico se?ala, sin embargo, que las cesiones fueron compradas por Cartagena. Pese a todo, Serrano asumi¨® que los pagar¨¦s eran suyos y aport¨® declaraciones complementarias ante Hacienda para regularizar su situaci¨®n fiscal por los rendimientos de los mismos.
El an¨¢lisis de los registros inform¨¢ticos del banco despert¨® dudas entre los peritos de Hacienda. Las cantidades nunca cuadraron exactamente y los registros no recog¨ªan el destino de los fondos sobrantes. Los peritos se limitaron a mencionar que las declaraciones coincidentes del banco y de Serrano pod¨ªan ser ciertas, pero carec¨ªan de soporte documental que las avalara.
El magistrado valenciano que recibi¨® el expediente relativo a Cartagena en diciembre pasado pidi¨® un informe sobre los registros inform¨¢ticos del banco a la Universidad de Valencia. Se trata del primer an¨¢lisis elaborado por t¨¦cnicos ajenos a la Agencia Tributaria, que es parte en la causa.
El nuevo informe, que la juez Palacios recibir¨¢ esta semana, describe el destino de los pagar¨¦s que el banco atribuy¨® a Serrano. Los datos analizados incluyen el periodo comprendido entre enero de 1988 y agosto de 1989.
Los t¨¦cnicos de la Universidad, despu¨¦s de un trabajo ¨ªmprobo sobre los datos relativos a un ¨²nico implicado, han detectado que al menos el 50% de los pagar¨¦s cuyo supuesto titular era Serrano fueron efectivamente cobrados por terceras personas, ajenas al empresario ilicitano y a Cartagena, un an¨¢lisis que desmontar¨ªa de ra¨ªz la vinculaci¨®n entre operaciones financieras esgrimida por el banco y pone en cuesti¨®n la coherencia de la versi¨®n de la entidad. Serrano es representado en la causa por Alfonso Trallero, vinculado al Banco Santander como asesor fiscal cuando se destap¨® el caso de las cesiones de cr¨¦dito.
Cartagena renunci¨® al cargo de consejero del gobierno aut¨®nomo valenciano dos d¨ªas despu¨¦s de la entrega del informe de la Universidad en el TSJCV. La pieza separada vuelve as¨ª al sumario general y se pierde entre otros 220 expedientes de casos paralelos que estudia en la actualidad la juez Palacios.
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